El nuevo decreto de requisitos mínimos de la Comunidad de Madrid para los centros que imparten el primer ciclo de infantil supone un incomprensible retroceso para la infancia, su educación y su futuro.
En primer lugar supone un retroceso contra lo legislado por el propio PP en el año 2000, manteniendo la ratio de los niños menores de un año en la barbaridad de ocho niños por educador, aumentando en uno la ya elevada ratio para los niños de uno a dos años (que pasa de 12 a 13 niños por educador) y aumentando la ratio un 25% para los niños de dos a tres años (pasando de 16 a 20 por educador).
La Consejería de Educación afirma que esto no implica ninguna masificación cuando empeora unas condiciones que ya eran malas de por sí, es decir masifica más lo ya masificado.
En educación no hay atajos. La primer infancia puede establecer los cimientos para el éxito de todos y ayudar a compensar desigualdades socioeconómica o, por el contrario ser el inicio del fracaso y de la cristalización de dichas desigualdades.
En ningún país avanzado del mundo los niños sufren esta situación de abandono social. Ni en Europa, ni en EEUU donde la Secretaría de Estado de Educación de Estados Unidos ha establecido significativos efectos positivos de las ratios por aula bajas cuánto más pequeños y desfavorecidos social y económicamente son los alumnos y donde sus esculeas infantiles municipales tienen menos niños por clase y más adultos por clase.
Las ratios madrileñas son más del doble que las establecidas por los Objetivos Europeos establecidos por la Red de Atención a la Infancia de la Comisión Europea que establece para los menores de un año una ratio de 4 por adulto, para los de uno a dos 6 y para los de dos a tres 8.
Así que cuando luego presume de que son atendidos en centros infantiles el 27% de los niños menores de tres años está olvidando decir que esto se hace a costa de la calidad.
Esta comparación se hace más clara si comparamos con los datos de países concretos, como Finlandia, donde la ratio establece 1 adulto por cada 4 niños por debajo de los 3 años y 1 adulto por cada 7 niños de entre tres y seis años. Y donde el 90% de la atención a los menores de seis años es proporcionada por los ayuntamientos. ¿Nos extrañará que los niños finlandeses encabecen el famoso informe PISA?
En el caso de la Comunidad de Madrid existen varios problemas:
Primero. No creen en lo público como una garantía de calidad y ponen por encima del derecho de los niños a una educación de calidad la visión de la educación infantil como un negocio.
Segundo. No creen en la educación como un proceso para potenciar el desarrollo y la compensación de desigualdades sociales.
Tercero. No creen en la infancia como etapa educativa, la más frágil e importante de la vida. Una etapa que exige una relación personal absolutamente individualizada para asegurar que todos y cada uno de los niños desarrolle su potencial.
La Consejería de Educación ha renunciado a dar una educación infantil de calidad para todos. ¡Estaría bien que el resto de madrileños no lo consintiéramos!
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