El preocupante futuro de la sanidad madrileña

Carlos Barra, médico y experto en gestión sanitaria analiza en este artículo publicado en El País del 13/4/2008 la alarmante situación de la sanidad madrileña como consecuencia de la obsesión del Gobierno regional por incrementar el papel del sector privado (al igual que en el caso de la eduación). Muy recomendable su lectura

La situación de la sanidad madrileña, como bien conocen los ciudadanos pese a la propaganda del Gobierno de Esperanza Aguirre, es preocupante. La edificación en tromba de ocho nuevos hospitales ha estado teñida de una acertada política de marketing, con altas dosis de populismo, pero no esconde que son centros con financiación privada, que han supuesto un enorme encarecimiento en la construcción y gestión de centros sanitarios. Esto condiciona gravemente el futuro del sistema.

Es ahora, cinco años después, cuando vemos los primeros resultados de esta política improvisada y errática. Los hospitales, prometidos para mayo de 2007, están hoy prácticamente sin actividad, pese a haber acogido varias inauguraciones, y el de Majadahonda no abrirá sus puertas hasta el próximo verano. Estos centros no poseen en su plantilla microbiólogos, analistas clínicos, bioquímicos, inmunólogos o genetistas. Asimismo, los laboratorios de estos centros tienen una cartera de servicios tan elemental que toda analítica mínimamente compleja exige el envío de las muestras al hospital de Alcorcón y a centros privados, lo que lastra la calidad de la asistencia.

Asimismo, la apertura precipitada, desordenada y muy parcial de los hospitales y la ausencia de un nuevo mapa sanitario (prometido hace dos años), está generando un caos en los flujos asistenciales.

En el plano económico, el incumplimiento de los plazos de apertura ha supuesto que en 2007 las empresas adjudicatarias hayan recibido unos 100 millones de euros por hospitales que permanecían cerrados. Una gestión tan deficiente del dinero público exige la asunción de responsabilidades por parte de los responsables políticos.

El hospital de Valdemoro (adjudicado por concesión administrativa para prestar asistencia sanitaria a una población de 90.000 habitantes), presenta ya varios problemas a los cuatro meses de su apertura: un déficit de 600.000 euros, escasez de personal con retribuciones más bajas que en el sector público e impago a los proveedores. Mal comienzo de una fórmula que Aguirre pretende extender a los cuatro nuevos hospitales que ha prometido.

La obsesión del Gobierno regional por incrementar el papel del sector privado en la sanidad pública ha ido más allá, como demuestra el incremento de los conciertos con hospitales privados, que han pasado de 174 millones en 2006 a 274 en 2008, lo que significará una severa restricción en las asignaciones a los restantes centros públicos, hospitales y centros de salud. Un ejemplo: el presupuesto de atención primaria crece sólo un 2,5% respecto al año anterior, cifra insuficiente para abordar las mejoras necesarias.

La sostenibilidad de la sanidad pública debe ser un objetivo prioritario para cualquier Ejecutivo responsable. El Gobierno regional fracasa en ambos conceptos y somete al sistema a un futuro incierto. Como profesionales de la sanidad pública, tenemos la obligación de denunciar la situación actual y pedir un cambio en la política de la Comunidad de Madrid basado en cuatro premisas:

- La política sanitaria debe ejecutarse en un marco de diálogo con las fuerzas políticas, sociales y profesionales del sector. Sólo en este marco será posible afrontar los cambios estructurales necesarios.

- Debe garantizarse una financiación suficiente para, con la gestión adecuada, mantener la equidad y calidad del sistema.

- Hay que volver a la planificación como garantía de asignación racional de recursos, tras un estudio riguroso de necesidades y priorización de las mismas. Una participación real comunitaria facilitará la toma de decisiones.

- Abandonar un modelo -financiación privada para construcción, mantenimiento y prestación de servicios- que se ha demostrado ineficiente allí donde lleva años instaurado, como el Reino Unido.

Un sistema sanitario de calidad, como garante del derecho constitucional a la protección de la salud, nos exige responsabilidad a todos, pero sobre todo al Gobierno de Aguirre, al que pedimos que rectifique su política y no lleve a la bancarrota al sistema sanitario público.