Ante la decisión de desalojo del local donde está ubicada nuestra sede y la rescisión unilateral de los convenios existentes con la Consejería de Educación por parte de éstaNuestra organización lleva funcionando 31 años en defensa de la Escuela Pública y la mejora constante de la educación. Forma parte del mayor movimiento social existente: las asociaciones de padres y madres del alumnado. Actualmente representa a 800 APAS aproximadamente, siendo la mayor organización de APAS en la Comunidad de Madrid con una representatividad cercana al 80% del total, teniendo implantación en todo su territorio. Representa a la mayoría de las APAS de la Escuela Pública, así como de las existentes en la escuela privada concertada laica y confesional no católica y con una pequeña presencia en la escuela privada concertada católica. Es cofundadora e integrante de CEAPA y forma parte de múltiples instancias relacionadas con el mundo educativo y social.
La función de la FAPA es representar a las APAS a las que aglutina y colaborar en la mejora de la educación madrileña presentando propuestas a las administraciones educativas y realizando la crítica constructiva de las políticas educativas que considera desacertadas. Debido a esto, la FAPA expresa su postura ante las distintas cuestiones educativas por los medios a su alcance y mantiene en este momento una postura muy crítica con la política llevada a cabo por el Gobierno Regional actual y su Consejería de Educación en materia educativa.
La postura de la FAPA es la consecuencia lógica ante las constantes actuaciones que están desarrollando ambas instancias en la Comunidad de Madrid para desmantelar la Escuela Pública y dinamitar su modelo educativo, inmersas en un proceso continuo de rebaja de calidad de los servicios públicos y, en especial, de los socialmente más importantes: educación y sanidad.
A modo de listado incompleto:
1.Se han cedido cerca un millón de metros cuadrados de suelo educativo público a entidades privadas para la construcción de centros educativos privados. Teniendo en cuenta que las valoraciones del precio medio del suelo urbanizable en nuestra Comunidad estiman su valor económico en 1.500 € por metro cuadrado, lo anterior equivaldría a decir que se han regalado unos 1.500 millones de euros que eran propiedad de todos los madrileños. (Si alguien prefiere que lo expresemos en las antiguas pesetas, correspondería a unos 250.000 millones de pesetas)
2.La Consejería de Educación cada vez destina más dinero público para potenciar negocios privados.
3.Se venden centros educativos públicos, incluso con alumnado y profesorado, a entidades privadas, como el CEIP Miguel Ángel Blanco en el municipio de El Álamo, en este caso para la financiación de su Ayuntamiento de forma supuestamente legal según la Comunidad de Madrid y el propio Ayuntamiento. (La FAPA ha iniciado procedimientos legales ante tal actuación.
4.Se cierran Escuelas Infantiles Públicas sin motivos suficientes que lo justifiquen para eliminar la gestión pública de las mismas: EEII Valle de Oro en el distrito de Carabanchel, Madrid.
5.Se cesa, tras las movilizaciones de mayo y junio, a las Directoras de las Escuelas Infantiles Públicas para nombrar de forma directa a personas afines a sus intereses.
6.Se publica normativa con carácter de retroceso y pérdida de calidad sobre la existente: Decretos de Infantil de Requisitos Mínimos y de Currículo. (La FAPA ha presentado recursos a ambos Decretos y la comunicación a terceros interesados acaba de ser publicada en el B.O.C.M.).
7.Se discrimina conscientemente a la Comunidad Educativa, como por ejemplo a la del Colegio de Infantil y Primaria San Roque, también en el distrito de Carabanchel, por el simple hecho de pertenecer a la etnia gitana o tener procedencia extranjera.
8.Se masifican premeditadamente los centros educativos para poder justificar luego actuaciones que sin determinadas situaciones insostenibles no serían aceptadas por sus Comunidades Escolares, como ha sucedido con el CEIP Cristóbal Colón.
9.Se hace que las rentas más bajas paguen parte de los gastos que ahora se ahorrarán las rentas más altas, como en virtud del nuevo Decreto de Financiación de Educación Infantil 0-3, utilizándose además esta normativa para hacer desaparecer por la puerta de atrás el Centro Regional de Educación de Personas Adultas.
Se obvia o incumple la legislación vigente:
1.Sobrepasando las ratios en los centros educativos a pesar de tener condena firme en contra de las actuaciones de la Consejería de Educación, incluso en el CEIP Palomeras Bajas, centro que ganó el recurso con nuestro apoyo.
2.Enviando circulares para que los Consejos Escolares de los centros concertados no tengan representantes municipales, vulnerando lo establecido por Ley, con el único fin de evitar el control social de los fondos públicos que estos centros reciben.
3.Dando cartas a las familias cuyos hijos o hijas tienen necesidades educativas especiales para que renuncien a los apoyos que les corresponden por la legislación vigente si estos quieren tenerlos escolarizados en un centro privado concertado.
4.Alterando el Currículo de Primaria y el de Secundaría de forma inadecuada sobre los mínimos exigidos por la legislación estatal, por lo que el Ministerio de Educación los ha recurrido.
5.Saltándose el Reglamento de la Asamblea de Madrid para no tramitar adecuadamente la Iniciativa Legislativa Popular que demandaba un debate para tener una Ley Autonómica de Convivencia y despreciando más de 72.000 firmas de ciudadanos madrileños.
6.Fomentando la desobediencia civil ante una Ley Estatal de obligado cumplimiento con relación a la materia de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos.
Existe una falta de diálogo total por parte de la Consejería de Educación con las organizaciones sociales y sindicales. La Consejera de Educación no se ha reunido aún con nuestra organización y con muchas otras del sector educativo, lo que nosotros consideramos una falta de respeto a las Asociaciones de Padres y Madres a las que representamos y a los padres y madres que colaboran diariamente en sus centros educativos para mejorar el sistema educativo madrileño.
Con las actuaciones del Gobierno Regional se genera una sociedad con ciudadanos de primera y de segunda, dejando claro que no todos tienen para ellos los mismos derechos en función de su nivel social o económico, su origen geográfico o su zona de residencia, como por ejemplo ha sucedido con el CEIP Palacio Valdés, cuya Comunidad Educativa tuvo que ver como las instalaciones que estaban previstas para su traslado por obras se les quitaron para alojar al alumnado del centro privado Sagrado Corazón, centro al que, además, se le dieron importantes ayudas económicas mientras que al alumnado del centro público simplemente se les ofrecieron bocadillos para que hicieran la comida en los viajes del autocar.
Se cambian los derechos de los ciudadanos por cheques y dádivas de la administración educativa.
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Se incumple el Acuerdo para la Mejora del Sistema Educativo Madrileño 2005-08 y los compromisos que este contempla:
1.Las Comisiones de Seguimiento sólo se han reunido para su constitución y para comunicarles que el Acuerdo finaliza con, según la Consejería de Educación, todos sus aspectos cumplidos, pero sin aportar datos que lo demuestre.
2.No se ha avanzado en la gratuidad de los libros de texto y del material curricular.
3.No se responde a 40.000 firmas que solicitan la implantación de la figura del auxiliar de infantil en todos los centros de Educación Infantil y Primaria.
4.No se avanza en la apertura de comedores en los Institutos de Educación Secundaria y tampoco en las becas de comedor para este alumnado.
5.No se ha abordado la dotación de infraestructuras necesarias, como por ejemplo la construcción de gimnasios en los centros de Infantil y Primaria.
6.No se ha dotado de personal de administración a los centros de Primaria, y sigue siendo insuficiente el que tienen muchos centros de Secundaria.
7.No se apuesta por la Formación Profesional, una de las mayores lagunas de nuestro sistema educativo, sobre todo si observamos los resultados de gran parte de los países europeos.
8.No se cumplen los acuerdos que se contemplan con el profesorado.
9.Se está procediendo al cierre de los centros de formación del profesorado (CAP).
10.Se están desmantelando los equipos de orientación de zona, aunque de momento se diga que está aplazada temporalmente esta decisión.
11.Se han eliminado los programas de formación para padres y madres que desarrollaba nuestra Federación y la FECAPA mediante convenio con la Consejería de Educación sin que hasta el momento se nos haya dado explicación alguna y siendo parte del Acuerdo educativo.
12.Están desapareciendo convenios y programas de diversas organizaciones y otros corren serio peligro de desaparición, cuestión que ya hemos denunciado en varias ocasiones, siendo la última en el mes de mayo pasado. (Ahora han sido los nuestros)
13.Existen retrasos en la publicación de las subvenciones públicas para las organizaciones sociales y en el pago de las partidas ya justificadas. (En este momento la Consejería de Educación adeuda a la FAPA una cantidad aproximada de 150.000 euros por gastos ya justificados debidamente en tiempo y forma).
14.Debido a que nuestra postura es, como ya hemos dicho y se ha podido comprobar, muy crítica con las actuaciones del Gobierno Regional y de la Consejería de Educación en materia educativa y social, ambas instancias han decidido que nuestra organización es un obstáculo serio para desarrollar sus políticas sin que se escuchen voces discrepantes con ellas.
En función de ello:
a.El martes día 26 de agosto, en pleno periodo vacacional, se recibió un escrito de la Dirección de Área Territorial de Madrid-capital por el que se nos comunicaba que debíamos abandonar el local alquilado por la Comunidad de Madrid donde está fijada nuestra sede antes del día 3 de septiembre.
b.El viernes día 29 de agosto la FAPA envió una carta de respuesta, dirigida a la Consejera de Educación, expresando nuestro total desacuerdo con la decisión tomada, argumentando razonadamente los motivos de esta postura y solicitando una actuación directa de la propia Consejera en el asunto.
c.El mismo día 29 de agosto, apenas una hora y media después de enviar nuestro escrito anteriormente referido, se recibió otro escrito, en este caso de la Dirección General de Infantil y Primaria, en el se comunicaba que la Consejería de Educación rescindía todos los convenios existentes entre ésta y la FAPA, acusando a nuestra Federación de haber cometido irregularidades en el cumplimiento y justificación de los convenios y se adjuntaba un Informe del Servicio Jurídico.
d.El lunes día 1 de septiembre la FAPA envió una segunda carta dirigida a la Consejera de Educación, de respuesta a este segundo escrito recibido, igualmente expresando nuestro desacuerdo total con su contenido y argumentando los motivos de dicho desacuerdo. Nuevamente se solicitaba actuación directa de la Consejera.
e.Ese mismo día 1 de septiembre, la FAPA mandó sendas cartas a la Intervención General de la Comunidad de Madrid, dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda, y a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, en este último caso dependiente de la Asamblea de Madrid, solicitando la actuación de ambas instancias para que se realice una revisión económica de los convenios, así como de las actuaciones relativas a ello de la propia Consejería de Educación.
f.En estos días, las APAS del municipio de Leganés, constituidas como Delegación de nuestra Federación en esa localidad, también han recibido notificación de la Dirección Territorial de Madrid-sur para que dejen de usar las instalaciones del CAP de Leganés en las que se reunían. Cabe resaltar que, en este caso, el edificio es público.
Las respuestas ante todo esto han sido:
La Consejera de Educación habla públicamente cambiando los argumentos iniciales al dejar de hablar de irregularidades y justificando ahora las decisiones de la Consejería de Educación en un Plan de Austeridad que se ha puesto en marcha por la necesidad de recortar los gastos. Seguramente han recapacitado sobre las consecuencias de hablar de supuestas irregularidades continuadas desde hace quince años, lo que les llevaría a dar explicaciones por haberlas permitido, tanto los integrantes de las Comisiones de seguimiento como la Intervención de la Consejería, así como los diferentes Consejeros que han firmado las respectivas addendas anuales, al menos desde que en 1.999 asumió las competencias en educación la Comunidad de Madrid y es responsable de la revisión de las actuaciones, de su validación y de la aprobación de los pagos.
Enviar, desde la Dirección de Área Territorial de Madrid-capital, como contestación a nuestra primera carta fechada el 29 de agosto, un nuevo escrito en el que, en lugar de responder a nuestros argumentos y solicitudes de actuación de la Consejera, se nos recuerda el plazo dado para el desalojo y se nos traslada la instrucción de la entrega inmediata de las llaves del local. (Escrito cuya respuesta se presentará en las próximas horas)
Los argumentos reales de todo esto los ha dejado claros con sus declaraciones el portavoz del grupo del PP en la Asamblea de Madrid, el cual afirma que la FAPA es 'dependiente del programa electoral de izquierdas y que se dedica a hacer propaganda de sus posiciones políticas, que en Madrid son absolutamente minoritarias entre la población'. Estas declaraciones, además de encerrar afirmaciones absolutamente falsas y maledicientes, demuestran el transfondo real de las decisiones tomadas por la Consejería de Educación: la FAPA es una organización no sumisa a las pretensiones del Gobierno Regional y, por tanto, hay que intentar hacerla callar y desaparecer, es decir, son decisiones exclusivamente políticas de represalia contra nuestra Federación.
Quizás también sea bueno recordar que la FAPA tiene, a través de las APAS a las que aglutina, más socios que el Partido Popular militantes en la Comunidad de Madrid, por lo que haría bien el portavoz de su grupo parlamentario en la Asamblea midiendo sus palabras cuando habla de posiciones minoritarias. La representatividad hay muchas formas de medirla. Pero, como lo anteriormente pudiera siempre estar sujeto a distintas valoraciones, debería medirlas aunque sólo fuera por respeto a la democracia y a sus reglas de juego, entre las que cabe escuchar y respetar las opiniones divergentes, mucho más cuando se gobierna. Esta debe ser una exigencia de todas las personas que creemos en la democracia y nos comportamos como demócratas.
Ante todo lo anterior, la FAPA ha dado a conocer en rueda de prensa toda la información que queda recogida en el presente comunicado oficial y su Junta Directiva, reunida ayer en sesión extraordinaria, ha tomado los siguientes acuerdos:
La presentación, de forma previa al inicio de la rueda de prensa, de un recurso de alzada contra el desalojo del local.
La presentación de un segundo recurso de alzada, en este caso contra la rescisión unilateral de los convenios, que se entregará por los cauces adecuados en las próximas horas, tan pronto esté finalizada su redacción.
La entrega de un escrito en el Registro General de la Comunidad de Madrid dirigido a la Consejería de Educación en el que se solicita el cumplimiento por parte de ésta del acuerdo existente, celebrado en 1.995, por el que se nos debe ceder un local para fijar nuestra sede de forma definitiva al sernos comunicado el fin de la posibilidad de uso del que nos fue cedido de forma temporal y, todo ello, de común acuerdo entre las partes, según figura en el mencionado documento.
Esperar un plazo mínimo pero necesario para obtener respuesta de la Consejería de Educación.
De no producirse la respuesta o ser insatisfactoria, solicitar amparo a la Mesa de la Asamblea de Madrid, al Defensor del Pueblo y al Ministerio de Educación.
Convocar a todas las APAS federadas a una Asamblea Informativa el próximo martes 23 de septiembre para informarles directamente de la situación en ese momento y plantearles una serie de actuaciones conjuntas.
Revisar todos los escritos, actuaciones y declaraciones que se reciban o produzcan para iniciar actuaciones legales civiles o penales contra quienes causen daños y perjuicios o difamen a nuestra organización o a cualquiera de sus integrantes. La FAPA insta, a quien quiera lanzar insinuaciones mezquinas sobre ella, a que acuda a las instancias oportunas, incluidos los tribunales de justicia, y presente pruebas de sus declaraciones o, de lo contrario, que no las realice para no tener que enfrentarse a las actuaciones que merezca recibir.
La FAPA, representada por su Junta Directiva, no está dispuesta a que ninguna institución o persona ponga en peligro su prestigio, sobradamente merecido, y realizará todas las actuaciones necesarias para preservarlo. Asimismo, defenderá sus derechos legales que emanan de la Constitución Española como reconocimiento a nuestra utilidad pública, en virtud de los que tenemos el derecho reconocido, como otros agentes sociales con valores democráticos, a disponer de locales públicos para nuestra sede social y para la realización de nuestra actividad encaminada a la mejora de la educación en el ámbito de la Comunidad de Madrid.
Madrid, 3 de septiembre de 2008
Junta Directiva de la FAPA Francisco Giner de los Ríos
Nota: Todos los documentos referidos, así como todos los que vayan surgiendo con posterioridad, se pueden encontrar en la página de entrada de nuestra web
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