La ignorancia y ceguera ante lo que sucede en el mundo, la imprudencia, mala fe, indiferencia ante los ciudadanos y prepotencia de que hace gala la Comunidad de Madrid, nos amenaza de nuevoAunque parezca increíble en la situación actual, en que la ciudadanía esta sufriendo las consecuencias de una aplicación estricta en las últimas décadas de las reglas del mercado y la competencia a todos los sectores de la actividad humana, basada en la supuesta bondad del mercado y su capacidad de autorregulación, frente a la gestión y titularidad públicas, persisten todavía los dogmas de la superioridad de la gestión privada y de que el mercado todo lo soluciona del mejor modo posible, a pesar de la demostración palpable del fracaso de esta filosofía neoliberal.
Fuente: attac madrid
En este contexto hay que enmarcar el anuncio de la Presidenta de la Comunidad de Madrid de privatizar el Canal de Isabel II, como un paso más en la aplicación de las políticas ultraliberales que está impulsando y que ha llevado a su gobierno a privatizar sectores socialmente tan sensibles como son la sanidad y la educación, además, de una forma cada vez más frecuente, de tramos del metro y determinadas autovías.
Si en la privatización de la sanidad y educación se argumenta que es necesario buscar nuevos modelos de gestión tendentes a extender y mejorar los servicios asociados, en el caso del Canal de Isabel II la justificación es que se necesitan cerca de 4.000 millones de euros en la próxima década para afrontar los compromisos exigidos en el Plan Nacional de Calidad del Agua (2.700 millones), las necesidades de incrementar la regulación con la construcción de dos nuevos embalses y posibilitar la disponibilidad de 100 hm3 al año de agua reciclada (1.000 millones).
Sin embargo, ninguna de las cuestiones anteriores ha sido previamente estudiada y contrastada con los diversos agentes sociales interesados en el necesario proceso de participación pública, ni tan siquiera con el propio Consejo de Administración del Canal. En realidad, no se trata realmente de un problema financiero sino que la propuesta de privatización del Canal de Isabel II es la concreción de una opción ideológica del gobierno de Esperanza Aguirre que, por otra parte, se ha ido manifestando de forma sistemática en sus políticas de gobierno.
El derecho humano al agua
En 2002 el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas reconoció que el acceso al agua potable y al saneamiento es un derecho humano; por tanto, los servicios asociados deben gestionarse teniendo en cuenta esta circunstancia sin que se considere al agua como una mercancía ni que la expectativa de beneficios sea el objetivos de los organismos responsables de estos servicios.
En este contexto de derechos humanos, los operadores públicos son los más apropiados para gestionar los servicios de agua ya que no operan con expectativas de lucro sino con criterios de satisfacción de las necesidades de la ciudadanía. De hecho, después de que en las últimas décadas del siglo pasado, la privatización del agua fue impulsada por los organismos de financiación internacional y por las empresas multinacionales del sector, en la actualidad hay una fuerte tendencia a recuperar, por parte del sector público, la gestión de las empresas que en su momento fueron privatizadas.
Son numerosas las ciudades en las que se ha seguido este camino: Paris, Ile de France, Grenoble, Toulouse y Cherburgo, en Francia, Postdam, en Alemania, Atlantay Hamilton, en Norteamérica, por no mencionar los casos, mucho más conflictivos, de Buenos Aires, Cochabamba, La Paz o Montevideo. Incluso en el Reino Unido, encuestas de 2004 detectan que, después de diecisiete años desde la privatización del agua, el 56% de la población se pronuncia por la gestión pública de las empresas privatizadas, y en Holanda el Parlamento ha aprobado una legislación que obliga que el suministro de agua sea realizado exclusivamente por organismos públicos.
No es verdad, pues, que la gestión privada sea una alternativa novedosa que garantiza por sí misma una gestión eficiente del agua, como aseguran los responsables políticos del Partido Popular de Madrid: ya se conoce cómo funciona esta modalidad y se ha demostrado que, en un número abrumador de casos, favorece la corrupción, la falta de transparencia en la gestión y la escasa, cuado no nula, participación de la ciudadanía en su control. Sistemáticamente se ha comprobado su poca disponibilidad para cumplir los compromisos de inversión adquiridos y la tendencia incontrolable a incrementar las tarifas para conseguir los márgenes de beneficio esperados.
Privatizar el 49% no garantiza el control público del Canal
La presidenta de la Comunidad de Madrid anunció la determinación de su gobierno de, mediante unas argucias legales que no ha concretado, privatizar el 49% de una futura empresa encargada de la gestión del ciclo integral del agua en la Comunidad, es decir, que incluirá las obras de regulación, conducciones de aducción, red de distribución, alcantarillado y depuración.
Los políticos del PP, con Esperanza Aguirre, a la cabeza afirman descaradamente que con esta decisión nos dan a los madrileños la oportunidad de ser propietarios de su agua -¡que ya es suya!- manteniendo el control por parte de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, experiencias similares, en las que se ha privatizado el 49% de la empresa, como ocurrió en Postdam y pasa en Roma, por ejemplo, demuestran que este esquema de propiedad no garantiza su control público.
Consecuentemente, la propuesta de la Comunidad de Madrid no garantiza que el control del Canal seguirá siendo público; en todo caso, será difícil que el 49% de la nueva empresa lo adquieran únicamente personas empadronadas en Madrid – en contra de lo que proclaman los políticos del PP-, por lo que acabará siendo universal y con la participación mayoritaria de empresas multinacionales que no aportarán activos sustanciales a la gestión del Canal; eso si, estarán expectantes a los beneficios que puedan recoger.
Además, la gestión de un servicio público tan esencial como el agua, no puede quedar sujeta a los vaivenes del mercado que, crisis financieras como la actual, podrían ocasionar en el sector privado propietario del CYII, ya que es fundamental asegurar, por encima de cualquier visión oportunista de financiación privada, el suministro estable y continuado del agua.
¿Son necesarias las actuaciones que, según la Presidenta Aguirre, justifican la privatización del Canal?
El Canal de Isabel II no ha realizado, hasta la fecha, estudios sistemáticos de planificación hidrológica tendentes compaginar las demandas de agua compatibles con los recursos disponibles; su actividad ha estado destinada, en muchos casos por imperativos políticos, a aportar recursos hídricos para hacer posible las dinámicas urbanísticas desaforadas que ha amparado la Comunidad, y que son un reflejo de políticas ambiental, social y, como se está demostrando actualmente, económicamente insostenibles.
De hecho, desde hace tan solo unos meses el Canal dispone de una Subdirección de Planificación, por lo que no ha tenido tiempo material para realizar los estudios que podrían justificar técnica, económica, social y ambientalmente la viabilidad de nuevas infraestructuras. Realmente la disponibilidad de dos nuevas presas es más un deseo del gobierno regional que una necesidad contrastada para asegurar la garantía de abastecimiento.
Antes de considerar siquiera la necesidad de nuevas infraestructuras es necesario que se estudie la regulación de los recursos hídricos disponibles para el sistema de abastecimiento de Madrid, teniendo en cuenta todas las posibles soluciones –tanto estructurales como las de gestión-, y se opte por las más adecuadas desde el punto de vista social, económico y ambiental. No es responsable elegir a priori solución alguna sin que se confronte con la participación de los agentes sociales interesados a todos los niveles incluyendo, por supuesto, los usuarios.
En este contexto, hay que tener en cuenta que, propiciado por el anterior Ministerio de Medio Ambiente, a principios de 2008 la Comunidad de Madrid incrementó su disponibilidad de recursos hídricos en 100 hm3 anuales provenientes del río Alberche –que es el equivalente a la capacidad de una de las presas anunciadas por Aguirre-, que ha redundado positivamente en la garantía de abastecimiento de forma inmediata ya que se ha conseguido a partir de infraestructuras existentes.
Frente a soluciones estructurales como la construcción de nuevos embalses, que requieren de varios años –más de un lustro-, para su tramitación, ejecución y puesta en marcha, existen otro tipo de alternativas de aplicación a corto plazo que pueden aprovecharse para incrementar los recursos hídricos, como son las de gestión de la demanda y aumento en la eficiencia y eficacia de los sistemas de abastecimiento. Esto se viene haciendo, por ejemplo, en países y regiones con gran experiencia en la gestión eficiente del agua, como son California o Australia.
Por lo que respecta a las inversiones necesarias para cumplir el Plan Nacional de Calidad del Agua y las obras de reutilización, no se conocen los estudios que justifican los presupuestos que, según la presidenta de la Comunidad de Madrid, son necesarios para cumplir con el Plan. A este respecto, conviene tener en cuenta que para la aplicación del citado Plan Nacional de Calidad de las Aguas, existe financiación estatal directa y a través de las Entidades Estatales del Agua, que se concretarán al constituirse las Comisiones Bilaterales correspondientes. No hay constancia de que, hasta la fecha, el Canal haya cumplimentado los trámites para acceder a estos fondos. En definitiva, la cifra de 4.000 millones está abultada artificialmente, con el único objetivo de justificar la privatización.
Por una gestión transparente del Canal de Isabel II
Realmente es inaceptable e irresponsable que las actuaciones que para Esperanza Aguirre justifican la privatización de una organización pública –y de interés para los ciudadanos madrileños-, como es el Canal de Isabel II, no estén avaladas por estudios serios, ni su necesidad e idoneidad haya sido sometida a la consideración de los técnicos del Canal y a los demás agentes interesados, como marca la legislación vigente.
Esta circunstancia es el reflejo de la total falta de transparencia que caracteriza a la actual dirección del Canal, en la que priman los intereses político-partidarios sobre los técnicos. Esto se evidencia en el trato arbitrario e interesado que se ejerce sobre el personal de la empresa y en la injustificada utilización de fondos en actividades que son totalmente ajenas al abastecimiento y saneamiento, como los teatros del Canal, con más de 100 millones de euros de presupuesto –que se sepa-, los contestados y no deseados campos de golf, los parques, etc, y que son, en todo caso, competencia del Ayuntamiento de la capital.
Además, es insostenible desde un punto de vista de la buena gestión y transparencia empresarial, que para la formalización del Convenio entre el Canal y el Ayuntamiento de Madrid para ceder el saneamiento y depuración de Madrid capital, se hayan abonado en mano y por adelantado al Consistorio nada menos que 900 millones de euros –casi un cuarto de las necesidades financieras que ahora plantean los políticos del PP para los próximos diez años-- Esta modalidad de pago por adelantado es una novedad absoluta en los Convenios formalizados entre el Canal y otros ayuntamientos de la Región por lo que existen indicios solventes de que este regalo a Gallardón se hizo para salvar la crisis financiera del ayuntamiento debido a las obras de la calle 30.
En 2005 la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid realizó una fiscalización del ciclo de agua en la Comunidad de Madrid; en el Informe que emitió a finales de ese año se pone en evidencia las grandes dificultades que tuvieron los funcionarios de este organismo para acceder a la información relevante del Canal de Isabel II y se llama la atención de la limitada participación pública en la gestión del Canal.
La falta de transparencia y las dificultades de acceso a la información y participación en la gestión del Canal de Isabel II está inducida, según el Informe de la Cámara de Cuentas, por la diversificación de su actividad, tanto por las concesiones y otras actuaciones que gestiona en otras ciudades como Cáceres y Alcalá de Henares, como por su actividad internacional en América Latina, en la que actúa como una empresa privada en licitaciones para privatizar sistemas públicos de abastecimiento y saneamiento.
El CYII se ha convertido en una organización cuya misión y prioridades nos son las relacionadas únicamente con el ciclo de agua en la Comunidad de Madrid, lo que hace que los riesgos y decisiones estratégicas que se toman puedan afectar negativamente al objetivo inicial y único de su creación: garantizar un servicio público de agua a los madrileños.
En este contexto, y como se propuso en el Informe de la Cámara de Cuentas, es necesario que se proceda a fiscalizar la gestión del Canal de Isabel II por parte de los organismos competentes de la Comunidad de Madrid.
Quién pagará las inversiones
De acuerdo con la vigente Ley de Aguas española y la Directiva Marco del Agua europea, hay que aplicar el principio de recuperación de costes a los servicios relacionados con el agua, por lo que las inversiones de las infraestructuras que resulten necesarias serán sufragadas, en última instancia por los usuarios.
En este contexto, los usuarios del Canal pagarán las inversiones que sean necesarias para garantizar el abastecimiento de agua y cumplir con las políticas nacionales y europeas relativas a los servicios que suministra. Entonces, ¿por qué es necesario acudir al sector privado?
En todo caso, si se demostrase, mediante la realización de estudios serios y después de la participación pública que exige la legislación vigente, que se requiere financiación externa para acometer las actuaciones necesarias, hay que tener en cuenta que el Canal es una empresa solvente, con un importantísimo patrimonio, que no tendría dificultad alguna para conseguir financiación directa a través de los diversos cauces existentes, como así lo ha hecho en el pasado y especialmente en la etapa inicial del Canal en la década de los años ochenta del siglo pasado, cuando pasó a depender de la Comunidad de Madrid.
No hay una justificación racional, que no sea espuria e ideológicamente fundamentalista, que pueda sustentar la decisión del gobierno regional para privatizar el Canal de Isabel II.
Por un organismo regulador del abastecimiento y saneamiento
Es necesario parar cualquier intento de privatización del Canal de Isabel II, toda vez que no está en absoluto justificado más allá de planteamientos ideológicos fundamentalistas que los últimos acontecimientos en la escena internacional se están encargando de desprestigiar, y de expectativas de hacer caja por parte de los responsables políticos de la Comunidad de la Comunidad de Madrid.
Pero no basta con parar esta iniciativa irresponsable, sino hay que sentar las bases para garantizar que la gestión de los organismos que suministran servicios de abastecimiento y saneamiento se realice de forma transparente, participativa, eficiente y de acuerdo con la consideración de derecho humano que tiene el agua. Por esto debe constituirse un organismo regulador público que asegure lo anterior tanto en el caso de operadores privados como públicos.
¿Es posible parar la privatización del Canal de Isabel II?
Dada la debilidad de las razones esgrimidas para justificar su privatización y el rechazo mostrado por amplios sectores de la sociedad madrileña desde que fue anunciada esta decisión por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, se tiene la convicción de que es posible su paralización.
A pesar del escaso tiempo transcurrido desde el anuncio de la privatización ya se están produciendo respuestas contundentes de oposición a esta medida arbitraria desde la sociedad civil (sindicatos, asociaciones de vecinos, movimientos sociales, etc), los partidos políticos (PSOE e IU) y los ayuntamientos. Los ciudadanos, perciben un conflicto entre privatización y equidad y las corporaciones locales consideran ilegal el paso a una sociedad mercantil de sus competencias en materia abastecimiento y saneamiento, que en su día cedieron al Canal mediante un convenio. Muchos Ayuntamientos, incluido el de Madrid, amenazan con rescindir los Convenios con el Canal en el caso de que se consume su privatización.
La experiencia en casos de procesos de privatización similares, es que ésta puede pararse siempre que se conforme un consenso social contra la privatización y se desarrollen movilizaciones suficientes para hacer reflexionar a los poderes públicos sobre la inconveniencia de adoptar esa medida. Un elemento fundamental es exigir que, dada la importancia y la trascendencia del tema, el proceso de toma de decisiones sea transparente, con debate público y que en él participen los ciudadanos a través una consulta directa. Para ello es fundamental constituir, a la mayor brevedad posible, una Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II, cuyo objetivo sea coordinar los esfuerzos de todas las organizaciones y sectores sociales que estén a favor de que esta entidad continúe siendo pública.
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