El pasado fin de semana se celebró la VIII Asamblea Regional de IU donde se eligió al diputado regional Gregorio Gordo como nuevo coordinador general de IU-Comunidad de Madrid, con el apoyo del 93 por ciento de los 114 miembros del nuevo Consejo Político Regional (107 votos a favor y 7 abstenciones)Os animamos a leer el documento político organizativo con un interesante análisis sobre las causas de la mayoría social de derechas que ha propiciado la mayoría absoluta del pp (pág 15), así como de la situación del pp (pág 17), psoe (pág 19), sindicatos (pág. 22) e iu.
Algo menos interesante es la resolución política aprobada, pero aquí está también.
Por último recogemos en el desplegable el análisis que hace el documento político organizativos sobre la situación de la educación madrileña.
Por su parte, la política educativa en la Comunidad de Madrid se ha caracterizado por la ofensiva privatizadora y el deterioro intencionado de la educación pública que ha conducido a una situación en la que las carencias, las dificultades y la crispación forman parte del panorama general del sector.
La política presupuestaria practicada en los últimos cinco años pone de manifiesto la progresiva pérdida de peso del gasto educativo en relación al conjunto del presupuesto a la vez que confirma la decidida apuesta por la privatización del servicio público educativo. La Consejería de Educación utiliza la educación madrileña como un campo de experimentación de fórmulas ultraconservadoras, en el que toda su energía se dirige a ampliar con nuevos centros la red concertada. Mientras, año tras año, el Gobierno de la Comunidad recorta los presupuestos para infraestructuras públicas, año tras año, crecen las partidas destinadas a conciertos.
Como la demanda escolar existe y no se construyen los centros públicos que se necesitan -especialmente, en las nuevas zonas de desarrollo urbanístico- se desarrolla una política sin precedentes ni parangón en el resto del Estado: la cesión de 80 parcelas de suelo público, durante los últimos cinco años, para la construcción de centros privados de lo que se encargan los ayuntamientos gobernados por su partido y que equivalen a más de un millón de m2 para instalar colegios concertados. Política de cesión privatizadora que se produce paralelamente con cierres de centros públicos que se está llevando a cabo con cualquier excusa y con situaciones aún más escandalosas como ha sido la venta del colegio público en el municipio del Álamo que ha pasado por decisión de su Ayuntamiento –gobernado por el PP- y con la connivencia de propia Consejería a ser privado.
Ese impulso político que se está dando a las empresas privadas está llevando a un profundo desequilibrio en la educación madrileña que está produciendo dos consecuencias importantes: una dualización que se lleva a cabo a través de una escolarización segregadora; y un fuerte retroceso en el derecho a la gratuidad de la enseñanza que se está produciendo en nuestra Comunidad: más de la mitad de la población escolar madrileña que tiene derecho a una enseñanza básica gratuita no la disfruta porque está obligada a pagar cuotas mensuales que -las pueden disfrazar de lo que quieran-, no pueden recibir otro nombre.
Por otro lado, en la Educación Infantil ha visto un campo extraordinario de negocio. La falta de plazas en esta etapa educativa, es uno de los problemas más serios con que se encuentran las familias madrileñas. El desequilibrio entre la oferta y la demanda junto a la desregulación a la que últimamente se ha visto sometida en todos los aspectos ha generado un caos en nuestra Comunidad porque, al calor de esta necesidad, en la Comunidad de Madrid se ha desarrollando un variopinto mercado educativo auspiciado por la política del “cheque escolar” que enmascara bajo la apariencia de “libertad de elección” una opción de privatización. Y aprovechando ese caos, el Gobierno aprobó el pasado año unos decretos que, en vez de mejorar su calidad, la deterioran significativamente.
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