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lunes, 25 de mayo de 2009

Programa electoral IU para las europeas del 7 de junio

Infancia, educación y universidades

Extracto de las propuestas del programa electoral centradas en la infancia y en la educación.

Puedes bajárte el programa entero aquí

INFANCIA

En nuestra sociedad la Infancia tiene serias dificultades para alcanzar un desarrollo armónico a pesar de que la mayor parte de los niños europeos tienen cubiertas sus necesidades vitales.

En Izquierda Unida tenemos en convencimiento de que los niños y niñas, así como los adolescentes, son ciudadanos de plenos derecho, es decir, son individuos con derechos y obligaciones, personas en formación que en el principio de la vida dependen de sus padres o tutores con el apoyo de la sociedad pero que poco a poco de desarrollaran hasta alcanzar autonomía en la mayoría de edad.

Todos los niños y niñas de la Unión Europea deben tener garantizada su salud desde su nacimiento.

La educación debe ser obligatoria, pública, laica y gratuita. Debe tenderse a eliminar las redes privadas de enseñanza por el mismo principio de igualdad que hemos dicho anteriormente. Los servicios sociales deben velar para conseguir el bienestar de todos los niños y niñas, no solo los que tienen alguna carestía o déficit social, sino que tienen que ser el garante del crecimiento armónico de toda la población infantil. La actuación de IU se centrará en el desarrollo de la personalidad de los niños y las niñas para cubrir las necesidades de juego, esparcimiento, creatividad, y el encuentro con los iguales (los otros niños y niñas) ya que la escuela y la familia no abarcan todas estas necesidades.

Hay que potenciar asociaciones infantiles, ludotecas, animación de parques, bibliotecas, instalaciones deportivas, talleres, centros culturales, etc. que potencien los intereses de los pequeños y promuevan aficiones.

Para que el barrio o la ciudad posibilite unas relaciones autónomas de los vecinos pequeños tiene que repensarse el urbanismo. Se debe de conseguir la seguridad vial, crear recorridos protegidos, peatonales a ciertas horas, plazoletas o rincones que propicien la charla, el lugar de encuentro.

De esta manera en Europa se podrá tener pequeños ciudadanos con actividad intelectual y de exploración, capaces de tener opinión propia y de crear de ser democráticos y solidarios.

5. UNA EDUCACIÓN PÚBLICA DE CALIDAD PARA LA IGUALDAD

• La educación es un derecho humano fundamental y un pilar básico de las sociedades, además de un instrumento privilegiado para el desarrollo, la cooperación y la integración de los pueblos y de su ciudadanía a la hora de avanzar en un proyecto común. Por esta razón entendemos que la educación debe ser uno de los principales criterios de convergencia en la construcción de una Europa de los pueblos más igualitaria, más democrática, más solidaria y más integradora de la diversidad.

• Defendemos una educación pública europea de calidad: gratuita, igualitaria, coeducativa, laica, plural y democrática, por ser la única que garantiza la igualdad de derechos y oportunidades para todos y todas; promueve la participación democrática de los distintos sectores implicados en el proceso educativo; respeta la libertad de conciencia y de creencias; atiende a la diversidad del alumnado y se compromete con el interés común y el servicio público, al margen de intereses particulares ligados al adoctrinamiento ideológico o al negocio económico.

• La escuela debe ser, en todos los Estados, un lugar de encuentro entre las culturas que coexisten en una sociedad cada vez más multicultural, como una premisa necesaria del auténtico desarrollo de una educación para la paz, en igualdad de géneros y respetuosa con la diversidad afectivo-sexual.

Para ello, desde IU hacemos las siguientes propuestas:

  • Carta de Derechos Europeos sobre Educación, que asegure el ejercicio del derecho a la educación en condiciones de igualdad en todos los países de la UE, y que incluya una declaración expresa contra todo tipo de adoctrinamiento religioso en el ámbito escolar, así como la prohibición de los símbolos religiosos en los espacios públicos educativos.
  • Establecimiento de una cuantía mínima de gasto público en educación (en torno al 6% del PIB) en todos los sistemas educativos europeos, y constitución de un fondo de cohesión educativo que corrija los desequilibrios y desigualdades territoriales.
  • Consejo Escolar Europeo, como órgano de participación democrática de la comunidad educativa de la UE, que analice, proponga medidas y coordine el sistema educativo europeo.
  • Establecimiento para toda la UE del período obligatorio de escolarización, con una duración de al menos doce años para la enseñanza básica común, y una permanencia en el sistema educativo hasta los 18 años.
  • Homologación de la educación infantil que garantice su carácter educativo (no meramente asistencial) y la creación de plazas públicas suficientes de 0 a 3 años, para atender la demanda existente en los distintos Estados de la UE.
  • Asegurar el estudio de dos lenguas europeas en la educación obligatoria, además de la materna.
  • Gratuidad del material didáctico, incluidos libros del alumno, para garantizar la gratuidad real de la educación obligatoria.
  • Plan de choque europeo contra el fracaso y el abandono escolar prematuro, dirigido prioritariamente a compensar desigualdades de origen social o cultural en los distintos Estados de la Unión.
  • Desarrollo de la dimensión europea de la educación mediante la incorporación a los currículos de las enseñanzas básicas de contenidos comunes sobre geografía, historia y cultura de los distintos países de la UE.
  • Avanzar hacia un currículo básico europeo en los ámbitos humanístico y científico-técnico que contribuya a desarrollar las capacidades necesarias para la formación integral de la ciudadanía.
  • Fomento de los programas de intercambio en Educación Secundaria (tipo Erasmus), tanto en la modalidad de Formación Profesional como de Bachillerato.
  • Homologación de la formación inicial para la función docente, de modo que facilite el intercambio y la movilidad, y requiera una titulación equivalente de al menos 4 años de formación universitaria para cualquiera de las etapas educativas.
  • Integración y homologación europea de la Formación Profesional, Ocupacional y Permanente cuya articulación esté coordinada por el Consejo Europeo de la FP. Extensión y más recursos para la formación permanente de las y los trabajadores.
  • Destino del 0,7% de los presupuestos de educación a proyectos educativos de cooperación al desarrollo en países empobrecidos.


6. UNIVERSIDAD

La construcción social europea tiene que basarse en una convergencia real que garantice de forma efectiva los derechos sociales de toda la población. Esta convergencia debe realizarse también en la educación superior, pero no puede limitarse a una mera homologación formal de los niveles de titulación superior y a una unidad de medida de los estudios superiores, sino que requiere una efectiva dotación de recursos que la haga posible.

Hay que revertir los procesos de privatización y subordinación de la Universidad al mercado amparados en el Proceso de Bolonia y el principio de competitividad propugnado en el mismo, rechazando también la apropiación privativa de la investigación financiada con fondos públicos.

La educación es un derecho universal, y por tanto exigimos que se garantice la llamada dimensión social del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), de modo que todo estudiante pueda completar todos sus estudios superiores sin obstáculos relacionados con su origen socioeconómico.

Abogamos, en consecuencia, por la gratuidad de la educación superior en todos sus ciclos, y nos oponemos a la subida de los precios de los estudios universitarios de cualquier nivel. Exigimos un sistema de becas-salario que posibilite la plena dedicación a los estudios sin dependencias familiares.

La educación superior debe orientarse a potenciar el desarrollo personal y profesional de las personas, y su contribución a una sociedad sostenible, democrática y basada en el conocimiento. Defendemos por tanto la renovación pedagógica necesaria para promover un aprendizaje más activo del estudiantado que permita estimular su capacidad de crítica, investigación e innovación como base para un desarrollo sostenible asentado en la creatividad del trabajo. Para ello, las Universidades europeas han de estar en condiciones de desempeñar su papel esencial en la formación cultural, científica y profesional sin subordinarse a la lógica del mercado y promoviendo una cooperación no competitiva con Universidades de todo el mundo, mediante la financiación pública necesaria.

Apoyamos los movimientos de estudiantes y trabajadores por dichos objetivos y en defensa de una Universidad pública, democrática y al servicio de las necesidades sociales.

Los cambios necesarios de las Universidades sólo serán posibles con una amplia participación consciente y activa del estudiantado, profesorado y personal de administración y servicios; por ello reclamamos un amplio debate sobre su contenido, supeditando al mismo los ritmos de las reformas. Eso implica la paralización de la reforma de los planes de estudio y la suspensión del 2010 como fecha límite para la extinción forzosa de los anteriores planes. Sólo así será posible un debate sereno y en profundidad sobre el futuro de la Universidad.

Necesitamos pues repensar los auténticos problemas de la Universidad para que otro proceso de convergencia sea posible: una reforma de la educación superior al servicio de las necesidades sociales y no supeditada al mercado. Por todo ello:
  • Defendemos una transformación profunda de la Universidad, entendida como servicio público abierto a toda la ciudadanía, que no busque la “competitividad”, sino la calidad y la cooperación al servicio de un mundo más justo y equitativo.
  • Exigimos financiación pública suficiente no sólo para acometer realmente las transformaciones pedagógicas y curriculares necesarias, sino sobre todo para garantizar un sistema de becas-salario y ayudas al estudio que asegure que todo estudiante pueda completar todos los estudios universitarios sin obstáculos derivados de su origen socioeconómico. Para ello se requiere incrementar los fondos destinados a las universidades públicas hasta alcanzar el 2% del PIB.
  • Rechazamos toda pretensión de mercantilizar la educación superior, ya sea haciendo descansar su financiación en las “aportaciones” de empresas privadas, o mediante la apropiación privada de los recursos públicos, a través de mecanismos como las “spin-off” (transferencia de investigación financiada con fondos públicos a empresas privadas).
  • Compartimos la reivindicación de distintos estamentos universitarios que piden la paralización de las reformas de los planes de estudio hasta que una verdadera discusión pública, con participación de los diversos componentes de la Universidad y agentes sociales, haya esclarecido su sentido general y su contenido preciso.
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