Integrar o segregar

Algunos centros alegan su carácter de interés público mientras mantienen prácticas segregadoras

Una de las señas inequívocas de la escuela pública es la convivencia abierta a la más amplia pluralidad y diversidad: de ideas, de metodologías, de alumnos y alumnas de cualquier clase y condición. Nunca éstos, y menos en un sistema democrático, pueden ser discriminados en razón de su sexo, etnia u origen social. Tampoco en razón de sus aptitudes y capacidades. Estas premisas deberían ser respetadas también por todos aquellos centros subvencionados con dinero público; pero algunos no lo tienen nada claro y en sus discursos alegan su carácter de interés público –y por ello exigen más prebendas y equiparaciones– mientras mantienen prácticas manifiestamente
segregadoras.

Fuente: Editorial Cuadernos de Pedagogía 392

La separación de niños y niñas en la escuela es uno de los ejemplos, no por minoritario, más llamativo: porque pone en entredicho un principio de igualdad que tan buenos frutos ha dado mediante la coeducación, donde además del rendimiento
intervienen otros factores relacionados con la educación emocional y el proceso de socialización. Por eso el Gobierno saliente de la Xunta de Galicia quitó la subvención
a los cinco centros concertados segregados, y la Consejería de Educación de Cantabria negó el pasado mes de abril la renovación del concierto a un colegio vinculado al Opus Dei que sólo admite chicos. Otras comunidades han anunciado que seguirán el mismo camino, y las hay que apuestan por el mantenimiento de las subvenciones a estos colegios o lo toleran.

Pero existen otras manifestaciones de segregación y exclusión escolar: hay centros
privados concertados que al mismo tiempo que predican la libertad de elección de
centro por parte de la familia se reservan la potestad de elegir al tipo de alumnado: no escolarizan a la población inmigrante o lo hacen en una proporción menor que los centros públicos; o a la primera de cambio expulsan a los alumnos etiquetados de problemáticos. También hay centros –públicos o privados– que segregan de una manera más
encubierta o sutil a lo largo del proceso de escolarización: porque establecen itinerarios o agrupaciones según el rendimiento y el nivel educativo, o porque no ponen
suficiente empeño para atender adecuadamente a todos los niños y niñas sin distinción, con tal de garantizar su éxito escolar, siempre en función de sus posibilidades.

Existe una forma de segregación que separa al alumnado en función de su sexo, su origen social, sus capacidades, su lengua y su religión: queda aún un buen trecho para normalizar las distintas situaciones calificadas de especiales y atender las más amplias diversidades en el contexto de una escuela inclusiva e integradora.

Pero hay otra forma de exclusión escolar no menos preocupante, en una calculada
operación de desmantelamiento de la escuela pública: la de suprimir o reducir recursos en aulas de enlace, en grupos de compensatoria o en otros servicios necesarios
para satisfacer las necesidades educativas del alumnado. Esto es lo que ocurre
en algunas comunidades autónomas. Pongamos que hablamos de Madrid.