Entrevista con la Conserjera de Educación: el pacto y fobias varias.

“Hay que cambiar un modelo educativo que ha fracasado, no perpetuarlo”. (Uhmm, lo mismo decimos, pero del suyo y de las faes)

Magisterio Español: ¿Se cree esta voluntad de pacto?
Lucía Figar: Yo tengo que confiar en el ministro y en su palabra, y desde luego en su voluntad; lo que ocurre es que habría que matizar qué es lo que cada uno entiende como Pacto de Estado. Para mí el verdadero pacto debe entrar en las cuestiones de fondo y en la necesaria reforma del modelo educativo. En España ha habido muchas leyes educativas, pero un solo modelo que nos ha llevado a la cola de toda la OCDE en fracaso escolar, en abandono temprano y en otra serie de indicadores. Insisto, yo creo en un pacto educativo que aborde las cuestiones de fondo e implique corregir las políticas que nos han conducido al panorama educativo actual.

Fuente: Magisterio Español.

¿Qué tendría que contener este Pacto de Estado para considerarlo un pacto de verdad?
Primero, creo que debe recuperar –y que eso esté plasmado en las leyes educativas– los principios del mérito, del esfuerzo, de la excelencia, de la autoridad del profesor. Tiene que haber un compromiso más claro en defensa de la libertad de elección de las familias y debe de haber un modelo más vertebrado, más cohesionado, desde el punto de vista curricular. Creo que esos son los cambios que habría que conseguir, y si existe consenso entre las dos principales fuerzas políticas, todo irá más rápido. Lo que está claro es que hay que cambiar un modelo fracasado, no perpetuarlo.

Gabilondo ha hablado de un cambio de modelo.
L.F: Cuando un gobierno socialista, que ha aprobado una ley hace escasamente cuatro años, muestra su disposición a hacer cambios, es una buena señal. Aunque creo que también hay alguna necesidad impuesta por la realidad. Por ejemplo, arreglar el caos nacional que hay ahora mismo en el Bachillerato. Lo que ocurrió este año, cuando el Tribunal Supremo tumbó una normativa del Gobierno –como lo hizo con el Decreto de Bachillerato – fue un auténtico jarro de agua fría, especialmente porque la razón que utilizó para tumbarlo es que era contrario a la LOE.

¿Habría que cambiar la LOE para cambiar el modelo?
L.F: Creo que si hoy saliese predicando que hace falta otra nueva ley orgánica de Educación... En fin, buena parte del profesorado caería en la melancolía. La gente está cansada de los cambios. La LOE perpetúa la Logse, profundizando en una filosofía educativa equivocada y fracasada, y por tanto hay aspectos que inevitablemente tendrían que ser modificados. Pero hay otros en los que todos tendremos que hacer un esfuerzo para llegar a un consenso, y aplicarlo de la manera menos traumática posible.

Algunos sindicatos han acusado a su Gobierno de desmantelar la red pública.
L.F: El argumento de la privatización es un tema muy recurrido, sirve para todo y para todos: para Bolonia, para la ley catalana de Educación, para Madrid, etc. Yo creo que hay que llamar a las cosas por su nombre. Es decir, cuando desde determinadas organizaciones o instancias –como algunos sindicatos– se alude a la privatización, lo que se está diciendo en realidad es que aquí no hay que abrir más centros concertados. Yo siempre les digo que nuestra primera responsabilidad es poner en marcha nuevos centros educativos públicos con infraestructuras de calidad. Pero nosotros defendemos, además, otro principio, que es el de la libertad de elección de centro, y eso implica también favorecer la apertura de nuevos colegios concertados allí donde haya una demanda insatisfecha de las familias. Creo que los números hablan por sí solos: durante el período 2004-09 hemos abierto 272 centros educativos públicos nuevos, y en el ámbito de la Concertada hemos puesto en marcha 35 colegios. Por tanto, estamos ampliando la oferta de centros públicos de una manera muy equilibrada y, por supuesto, garantizando siempre que no haya familias que pidan plaza en la escuela pública y no tengan esa posibilidad.

En ocasiones se ha culpado a la enseñanza concertada de los males de la Pública.
L.F: No creo que eso sea así. Hay algunos que, por su estrategia sindical, han fomentado el enfrentamiento entre ambas redes y eso es tremendamente negativo. Por nuestra parte, estamos haciendo todo lo posible para que las infraestructuras de los colegios públicos sean de máxima calidad, para reconocer y prestigiar el trabajo del profesorado y de los equipos directivos y, por supuesto, para dotar a los centros de los recursos necesarios para garantizar la calidad de la enseñanza.

¿Apoyar en lugar de defender?
L.F: Defender es el verbo que utilizan aquellos que insisten en plantear esto como una guerra entre las dos redes. Desde el punto de vista presupuestario se pueden mirar y comparar comunidades similares a Madrid en términos de población y de renta per cápita. Por ejemplo, en Cataluña el número de barracones supera los 1.000. Cuando nosotros llegamos al Gobierno teníamos más de 200 aulas prefabricadas. En este curso escolar ya contamos sólo con 17 y nuestro objetivo es dejarlas a cero al final de legislatura. Eso implica un esfuerzo inversor importantísimo que no ha hecho nadie más que Madrid. También hemos puesto en marcha programas ambiciosos, de gran inversión, como el de bilingüismo.

El gran anuncio del año ha sido la Ley de Autoridad del Profesor, pero, ¿qué ha motivado que surja ahora y no cuando se elaboró el Decreto de Convivencia?
L.F: El Decreto de Convivencia era algo que había que hacer, entre otras cosas, por un desarrollo normativo de la LOE. Nosotros pensamos que es necesario en los centros educativos, y fundamentalmente en los institutos, mejorar el ambiente de trabajo y estudio, fomentando un mayor respeto a la figura del profesor. Y para lograr ese objetivo hemos llevado a cabo diversas iniciativas. La primera de ellas fue el Decreto de Convivencia. La segunda es que, como la mayor responsabilidad y trabajo recae sobre los equipos directivos, hemos aumentado su retribución para reconocer y estimular su labor. Y en tercer lugar, vamos a aprobar la Ley de Autoridad del Profesor, que concederá a los docentes el carácter de autoridad pública y un respaldo institucional y jurídico –del que hoy carecen–(¡) acorde a la inmensa responsabilidad de su tarea. Pero el Decreto, la política retributiva y la Ley de Autoridad son medidas complementarias para mejorar el respeto, el orden y la convivencia en la escuela.

¿Tener que llegar a esto no certifica que están fracasando como educadores?
L.F: Al revés, creo que la sociedad ha lanzado sobre las espaldas de los docentes responsabilidades que no les corresponden en exclusiva. La responsabilidad de la Educación es, primero de las familias y luego, de la escuela. Los profesores deben centrarse en transmitir conocimientos, pero gastan su valioso tiempo en intentar que los alumnos se comporten adecuadamente. Así no se puede seguir. Otra que no se ha leído el informe TALIS, y van dos

¿Y cómo se tienen que portar los profesores?
L.F: En Inglaterra se les ha pedido que sean ‘decentes’ dentro y fuera del aula. Eso me parece muy bien, pero mire, en España y en la Comunidad de Madrid, no nos engañemos, el problema no es ése. Nuestro problema es el ambiente imposible que hay en muchas aulas y, con este panorama, ¿cómo nos vamos a plantear luchar contra el fracaso escolar?

Esperanza Aguirre anunció que se iba a recuperar la tarima en el aula.
L.F: Ese asunto surgió porque al acudir en septiembre a la inauguración de un nuevo instituto (¡nombres, nombres!), unos profesores se acercaron a la presidenta y le pidieron instalar tarimas, y ella dijo que sí, y que allí donde se reclame, se pondrán. Pero no es una medida generalizada.

¿Y qué opina de ponerse en pie al entrar el profesor en el aula?
L.F: A mí me parece fenomenal(ideal de la muerte), pero no es un asunto que se deba regular por ley.