Subastar la infancia: hipotecar el futuro
La Plataforma Regional por la Escuela Pública, formada entre otros, por CC.OO. Enseñanza, FETE UGT Madrid y la FAPA Francisco Giner de los Ríos, solicitó el 26 de julio que las administraciones recuperen la gestión de todas las escuelas infantiles públicas después de denunciar que últimamente, está recayendo en manos de empresas sin experiencia educativa.
En un comunicado conjunto, las organizaciones han recordado que hace varias décadas que la iniciativa privada comenzó a gestionar algunas Escuelas Infantiles públicas, "en principio y hasta hace pocos años en régimen de cooperativas sin ánimo de lucro y con visión de servicio público"
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Fuente: Europa Press. 26.07.2010
Sin embargo, señalan que ese modelo "siempre" ha sido cuestionado por las organizaciones que apuestan sólo por la gestión pública de los centros educativos públicos, pero ha convivido durante este tiempo con la misma, "aunque con cierta desconfianza en el futuro, pues la gestión indirecta es gestión privada y ésta, en mayor o menor medida, termina buscando el beneficio propio".
Para la Plataforma, en este "difícil "equilibrio" supuso un punto de inflexión tanto la entrada en vigor en la Comunidad de Madrid de los Decretos 17/2008 que desarrolla las enseñanzas de Educación Infantil y del 18/2008 que regula los requisitos mínimos que deben cumplir los centros educativos de primer ciclo de Educación Infantil así como del 134/2008 que regulaba la financiación de Primer Ciclo de Educación Infantil.
"Ahora se ha llegado a un pésimo escenario que una parte de esta sociedad madrileña anunciaba hace años y que otra, quizás ilusionada con el trabajo que se realizaba cada día, no quería o no sabía ver", ha apuntado la Plataforma, que asegura que actualmente, en las renovaciones de Escuelas Infantiles de gestión privada, se tiene en cuenta, casi en exclusiva, la rebaja económica.
"Cuanto más barato, mejor", apuntan, al tiempo que denuncian que se obvia el Proyecto Educativo que se presenta por los solicitantes y que con ello, se vulneran, "posiblemente", los términos y porcentajes establecidos para la valoración y selección de las empresas adjudicatarias.
PUNTUACIÓN PARA EL EMPRESARIO
Según la normativa, se establecen 40 puntos a la oferta más barata, 20 puntos al proyecto de gestión educativa, 10 puntos al funcionamiento del centro y propuestas de actividades complementarias, 10 puntos a la cualificación y preparación del personal que desarrollará el proyecto y 20 puntos al proyecto de gestión organizativa y económica, distribuidos entre antigüedad y trayectoria de la empresa y abaratamiento de gastos de personal y material.
En su opinión, este sistema de selección "es, cuanto menos, pernicioso y peligroso para los sectores involucrados en el mismo" como el alumnado, trabajadores y familias, "pues sólo gana el empresario" dado que se prima, en casi todos sus apartados, "la rebaja del costo de personal y material, con la correspondiente disminución de las condiciones de calidad del servicio y la transformación de su función educativa por meramente asistencial".
Para los sindicatos, padres y vecinos, el resultado no puede ser "más demoledor: se adjudican las Escuelas Infantiles a empresas que, desconociendo el sector de la educación, pues pertenecen a otros muy diferentes, han asegurado costes muy bajos a la Consejería de Educación; eso sí, eliminando muchos profesionales en las Escuelas Infantiles".
Asimismo, señalan que también, con estas condiciones, se paga "mucho menos" a los que se quedan, "invirtiendo poco o nada en los centros educativos, y tratando a los niños como si fueran mercancía de un almacén que espera la hora del reparto (sus padres y madres) para ser recogidos o entregados".
Ante esta situación, solicitan que se garanticen los derechos de los ciudadanos "más indefensos", los niños, y que las diferentes administraciones públicas de la Comunidad de Madrid recuperen la gestión de todas las Escuelas Infantiles Públicas existentes en la región y, por tanto, que pasen de nuevo a tener todas ellas una gestión pública directa.
Asimismo, han pedido que se deroguen los Decretos 17/2008, 18/2008 y 105/2009 de la Comunidad de Madrid, publicándose una nueva normativa, que atienda debidamente las demandas de la sociedad madrileña, que solicita una Educación Infantil que sea de titularidad, gestión y financiación pública.
En la misma dirección, exigen que se recuperen de forma inmediata los estándares de calidad "que nunca debió perder la Educación Infantil de primer ciclo de la Comunidad de Madrid, volviendo a los niveles de recursos humanos y materiales que existían en los centros no hace mucho tiempo, para mejorarlos después en todo lo posible".
También se pide que se garantice la participación de las organizaciones representativas de la Comunidad Educativa, en especial de los padres y madres del alumnado y de los docentes, pues son, "por un lado, garantes de los derechos de los menores, y por otro, actores principales e imprescindibles del proceso educativo".
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