Javier Lizasoain, director del IES Maestro Matías Bravo (Valdemoro) y Raúl González, director del IES Ana María Matute (Velilla de San Antonio) han sido sancionados con la suspensión de sus funciones, de empleo y sueldo, respectivamente, durante 10 días y durante 5 días.
En el primer caso por “abuso de autoridad” por haber permitido, al principio de curso 2011/2012 una acción reivindicativa por parte de varios profesores en los que protestaban contra los recortes educativos y por haber escrito en julio de 2011 un documento en el que, según Lizasoain, informaba a padres y alumnos de las medidas adoptadas por Educación y por haberlo colgado en las vallas del centro. En el segundo caso por convocar un claustro en horario lectivo que impidió durante tres días las clases de los alumnos, lo que retrasó el inicio del curso escolar 2011/2012.
La Comunidad considera que ambos “incumplieron sus deberes como funcionarios e impidieron el correcto funcionamiento de estos centros educativos” y que “utilizaron sus cargos públicos para fines no relacionados directamente con la prestación del servicio público de la educación”, según reza el informe de la inspección educativa. La inspección utiliza como argumentos lo que parecen impresiones subjetivas, como que en el escrito colgado en las vallas del instituto se hacen “falsas valoraciones” sobre las instrucciones de inicio de curso dictadas por la Comunidad. Las valoraciones son valoraciones, no hechos, la Consejería, o la inspección, puede establecer que está en desacuerdo con las valoraciones pero no que son falsas. Algo similar sucede con la afirmación de “alusiones despectivas" contra la política educativa del Gobierno regional. ¿Y no se podría considerar que son “alusiones descriptivas”?
Volviendo a las principales acusaciones. ¿Abuso de autoridad? ¿Utilizar sus cargos públicos para fines no relacionados directamente con la prestación del servicio público de la educación? ¿Y condenan a estos dos directores?
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