Según el diario Público, la denuncia, incluye una sentencia del Tribunal Supremo que confirma “un delito de prevaricación en las personas de ciertas Autoridades Públicas por la contratación de personal sin reunir los requisitos que ellos mismo habían establecido, suponiendo una arbitrariedad de la elección. No se cumplió asimismo la normativa administrativa existente y se depreciaron los principios constitucionales básicos”.
Para UGT, Aguirre y Fígar, han podido cometer un delito de prevaricación al beneficiar a profesores nativos en detrimento de interinos que sí habían pasado por una oposición.
El contratar a dedo a docentes nativos es una reivindicación de la expresidenta madrileña que llegó a hacer una consulta al ministro de Educación, José Ignacio Wert. Éste respondió con claridad asegurando que el marco legal vigente lo impedía. Pese a ello, la Comunidad de Madrid ofertó 24 plazas a profesores de habla inglesa para impartir Educación Física, Música y Tecnología en centros bilingües. Se indicaba en la oferta que no era necesario hablar español, recoge la denuncia.
Fuente: El Plural.com
Yo extendería la denuncia a directores e inspectores. En los centros son ellos los encargados de velar por la legalidad. No es admisible que admitan, por sumisión actos administrativos de los que son perfectamente conscientes de su ilegalidfad e injusticia.
ResponderEliminar¿Cómo es posible que un inspector admita ejercer la docencia en la enseñanza pública a un profesor, que no admitiría en un proivado o concertado por falta de titulación e idoneidad?