2º Modelo dual y segregador
3º Autoridad y centralización del poder
4º Equiparación entre educación privada y concertada con educación pública.
Finalmente, el Ministro Wert ha presentado su “magna obra”: la LOMCE. A pesar de los asuntos clave de tal documento, de nuevo, el debate propuesto a la opinión pública se ha centrado en las cuestiones “tradicionales”: castellano versus catalán y la religión en las aulas. Y sin embargo, la LOMCE, al igual que otras leyes de esta legislatura, no se puede entender únicamente como un proyecto de un gobierno de derechas en clave reaccionaria; antes bien, esta ley pretende la aplicación de un nuevo modelo de formación ajustado a un contexto de crisis y que tiene una continuidad más o menos directa con el modelo educativo que nace en la transición y que se va apuntalando progresivamente hasta hoy sin una discusión seria y profunda sobre sus consecuencias.
Dicho de otro modo, quiere utilizar la escuela como un aparato de exclusión social y segregación urbana. Estas son algunas conclusiones que sacamos de su lectura:
(sigue en el desplegable) o en el post original
1º Principio de competitividad permanente y una educación para el paro.
De lo que se trata es evitar por todos los medios el actual escenario (jóvenes con niveles muy altos de formación a los que el mercado no tiene absolutamente nada que ofrecerles) por la vía de expulsar a esos jóvenes de la formación y así explicar por qué el mercado no tiene nada que ofrecerles. Un empobrecimiento colectivo en forma de expolio para hacer pasar por “normal”, lo que no es más que un mecanismo de acumulación y reorganización social. Pura violencia.
¿Cómo se va a aplicar este proyecto?
2º A través de un modelo dual y segregador dirigido a formar élites de excelencia y masas de jóvenes precarios o, directamente, en régimen de exclusión.
Se establece la elección temprana de itinerarios en 3º de ESO “orientando” al alumnado en función de sus resultados a formación profesional o hacia Bachillerato siendo realmente complicado en función de los itinerarios y exámenes “puente” previstos salirse del camino que marca la segregación por “talento”.
El alumnado repetidor o con más dificultades se verá encauzado hacia estudios de formación profesional sin titulación (actual Programa de Cualificación Profesional Inicial ) para evitar su influencia negativa sobre el alumnado con buenos resultados. En esta línea, los centros educativos de “excelencia” puestos en marcha en la Comunidad de Madrid o los programas de bilingüismo son utilizados como clara línea de segregación por arriba.
Asimismo, se establecen nuevos exámenes de reválida al final de cada ciclo educativo gestionados por la comunidad autónoma, pero diseñados por el Ministerio: serán 3 exámenes externos (realizados por personal externo al centro educativo) en 6º de primaria, 4º de ESO (Artículo 31) y 2º de bachillerato (Artículos 36 y 37). Para la ESO y el Bachiller estos exámenes servirán para poder obtener la titulación oficial, independientemente de que se hayan aprobado los cursos. Tener el título de bachillerato posibilita acceder a la universidad o a ciclos formativos de grado superior. Por último, las universidades tienen la posibilidad de establecer nuevos exámenes de acceso a las carreras universitarias que lo consideren oportuno.
Desaparece la evaluación continua tal y como era entendida hasta ahora ya que pese a a haber superado los cursos el alumnado estará obligado a examinarse de todo el ciclo para obtener la titulación a través de un sistema centralizado de control. A estos mecanismo de control en forma de reválida se añaden otras pruebas de “diagnóstico” que se establecen en otros años del ciclo escolar permitiendo tener una monitorización casi permanente de la evolución del alumnado y sus centros.
Mediante este sistema de “seguimiento” se implanta un ranking oficial de centros en función de los resultados obtenidos en las sucesivas pruebas. Ese ranking determina el ratio por aula, el prestigio (y recursos) y rompe el principio de universalidad estableciendo la competencia directa entre los centros. ¿Qué se consigue con esto? Jerarquía territorial según niveles de renta y recursos, segregación espacial y social entre barrios ricos y barrios desheredados.
Pero… ¿Cómo controlar los centros?
3º Autoridad y centralización del poder.
“La comunidad educativa no puede ser democrática“. Para el ministro, y así lo recoge el nuevo borrador, la participación democrática es parte del problema y no de la solución. El principio de autoridad que tanto reclamaba Esperanza Aguirre como base para el éxito se encarna en la figura del director y en la pérdida de poder efectivo de los Consejos Escolares.
Un aspecto fundamental del cambio de la ley es el nuevo modelo de elección de los directores/as de los centros y las nuevas competencias que tendrán. Hasta ahora el Consejo Escolar de cada centro decidía sobre esta cuestión entre otras. Según el borrador que estamos analizando las “Administraciones educativas” regionales se reservan más del 50% del poder de decisión quitándoselo a la comunidad educativa de referencia. Esto supone de facto tener la capacidad de elegir al director/a y de esta forma, la propia administración de los centros está mucho más controlada y centralizada. El poder de las direcciones de los centros crece y, por tanto, se acrecienta una lógica disciplinaria que fortalece las jerarquías y el control.
Como podemos leer en el propio texto: “La selección (de los directores) será realizada por una Comisión constituida por un lado por representantes de las Administraciones educativas, y por otro, en una proporción mayor del treinta y menor del cincuenta por ciento, por representantes del centro correspondiente.”
Asimismo se favorece la movilidad del propio profesorado y la posibilidad de que las direcciones elijan su propio personal, con lo que no solo se favorece la competencia interna entre el profesorado (en vez de mejorar la formación en términos universales) sino que la ordenación territorial del profesorado también se jerarquiza.
A esto se le ha llamado “facilitar la autonomía de los centros” pero es una falacia importante si tenemos en cuenta que dicha autonomía es subsidiaria del control centralizado a través de la revalida y del control que tienen las direcciones de los centros.
Eliminando la participación de las comunidades educativas se favorece la dinámica de segregación y reordenación con la correspondiente asignación de prestigio, recursos y lo que supone para los propios alumnos y alumnas como alumnado que van a centros “que valen” y alumnado que van a centros “que no valen” (algo que ya sucede con las clases de refuerzo, etc).
4º Equiparación entre educación privada y concertada con educación pública.
El borrador establece que, como principio político, la enseñanza privada o concertada deja de ser subsidiaria de la pública ¿Qué quiere decir esto?
La administración puede cubrir las nuevas necesidades de oferta de enseñanzas a través de centros públicos o privados indistintamente. Con la redacción de la ley actual es obligatorio que las nuevas necesidades se cubran a través de la construcción o ampliación de centros públicos. Según el borrador directamente se obliga a la administración pública a concertar los centros privados a demanda de éstos independientemente de que haya oferta suficiente de plazas en centros públicos. El único criterio es que estos centros tengan alumnado suficiente independientemente se si está segregado por sexo o se favorece, cuando no impone, la práctica de una religión. Esto se traduce en una clara competencia por el alumnado y para dinamizarla se utilizarán los ranking extraídos de los resultados de los exámenes y la capacidad que tengan los centros para ofrecer servicios complementarios: bilingüismo, comedor,… El clásico MÁS por MENOS (derechos, calidad, salarios,…).
5.- El 13D sube la Marea Verde. Repensemos el modelo educativo
El próximo 13 de Diciembre se ha convocado una movilización estatal de toda la comunidad educativa. Creemos que una rearticulación de la Marea Verde en el contexto de la LOMCE, vinculadas a las políticas de recortes en la justicia, la sanidad, etc. es absolutamente esencial.
También lo es romper de forma definitiva con las narrativas y las políticas que vinculan la escuela al mercado y la propia idea del mercado como garante de la reproducción social y el empleo como mecanismo de acceso a los derechos. Digamos ya alto y claro que no hay ni va a haber empleo suficiente para garantizar en exclusiva los derechos colectivos. Lo que tenemos más que de sobra es riqueza. Riqueza socialmente producida que debe repartirse. Cualquier otra salida es una trampa y abono para niveles de exclusión cada vez mayores sostenidos por proyectos como éste del ministro Wert o los que anteriormente puso en marcha el gobierno de Zapatero.
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