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sábado, 24 de mayo de 2014

Bachelet y la apuesta por la educación pública en Chile

Extracto del discurso de 21 de mayo

"Junto al trabajo diario y urgente que representan las 56 primeras medidas en los 100 días de gobierno, dentro de nuestro programa, hay tres transformaciones que son fundamentales en el enfrentamiento de la desigualdad: me refiero a la Reforma Educacional, a una Nueva Constitución y a la Reforma tributaria.

1.- Una educación de calidad para todos los niños y niñas, sin distinción.

Como ustedes saben, la reforma principal que llevaremos a cabo como Gobierno será un cambio estructural a la educación en Chile en todos sus niveles.



-Una reforma que consagrará la educación de calidad como un derecho y no como un bien de consumo.

-Una reforma que devolverá a la educación pública el valor y la centralidad que nunca debió haber perdido.

-Una reforma integral, que abarca la educación preescolar, la educación general básica y media, y la educación superior.

Una transformación de largo plazo que sabemos trascenderá largamente este período de Gobierno, pero que estoy segura que en 10 ó 20 años más todos estaremos orgullosos como país de haberla realizado.

Para nadie es un misterio que hoy en día en el país existe un acuerdo sobre la necesidad de realizar cambios profundos en materia educacional.

Tenemos razones éticas para llevar adelante esta reforma que se basa en el profundo convencimiento de que recibir una educación de calidad es el mecanismo más eficaz para reducir la desigualdad. La educación es un derecho social que no puede depender de los recursos económicos de los estudiantes o sus familias.

Y también el futuro de nuestra economía avala esta decisión. Sólo si invertimos fuertemente en un sistema educativo de calidad, que potencie los talentos de sus alumnos, tendremos entonces en el mediano plazo una economía dinámica e innovadora.

Por eso, hemos comprometido una reforma educacional que haga que Chile tenga un sistema educativo moderno, de calidad y donde se obtengan los conocimientos, competencias y valores democráticos que el país demanda de sus niños, niñas y jóvenes.

Por ello, permítanme detenerme un momento en cada uno de esos niveles de esta reforma.

Quiero comenzar con la educación parvularia. Aquí el principal objetivo será aumentar la cobertura y asegurar calidad.

Incorporaremos 90 mil niños y niñas -entre 0 y 2 años- en las 4.500 salas cuna que vamos a construir en estos 4 años. A esto se agregaran, 34 mil niños y niñas de 2 a 4 años, lo que demanda la habilitación de 1.200 nuevas salas en jardines infantiles.

Con ello cerraremos brechas y nos acercaremos sustantivamente a los estándares de la OCDE en materia de cobertura de salas cuna: pasaremos del actual 17% al 30% en un plazo de cuatro años. Es decir, durante mi gobierno aumentaremos un 88% la cantidad de niños y niñas asistiendo al nivel inicial.

Para que esta mayor cobertura sea de calidad, necesitamos también más y mejores profesionales y técnicos por grupo de niños y niñas. Por ello, en un segundo momento fortaleceremos la formación y capacitación de los profesionales y técnicos de la educación parvularia.

En el ámbito de la Educación General, el objetivo que nos hemos propuesto es lograr que todos los niños y niñas de Chile reciban -sin distinción de ningún tipo- una educación de calidad.

En esa línea buscamos, en un primer momento, terminar con el lucro con fondos públicos, así como con la discriminación en la selección y progresivamente con el copago en nuestro sistema educacional.

Toda la evidencia internacional muestra que el mejor promotor de una educación de calidad no es el incentivo del lucro, sino los proyectos educativos y la vocación por enseñar.

Queremos reconocer el enorme aporte al país que puede tener una educación particular que recibe aporte estatal y cuya motivación central es educar.

Por ello, todos los establecimientos particulares subvencionados pasarán gradualmente a constituirse como personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro, si así lo determinan. Esta reforma contempla responsablemente mecanismos claros y apoyo estatal para estos establecimientos.

Por su parte, poner fin al copago implica eliminar gradualmente el financiamiento que hoy pagan las familias. En paralelo, y para mejorar la calidad, el Estado irá aumentando lo que invierte en cada estudiante.

Así estaremos haciendo realidad concreta el derecho a obtener calidad con gratuidad.
¡Si la educación es un derecho de todos, entonces debemos financiarla con recursos públicos, y no con el sacrificio de las familias, especialmente de las más vulnerables!

En cuanto a la discriminación que se realiza través de la selección en el ingreso, la experiencia nacional e internacional muestra que esa práctica es fuente de segregación social, y hace un enorme daño a los y las estudiantes y a toda la sociedad.

De esta manera se terminará con las discriminaciones que viven muchas familias en este proceso y se asegurará la libertad de los padres y madres de elegir, en igualdad de condiciones, los establecimientos donde deseen que estudien sus hijos e hijas.

Quiero ser muy clara en este punto: en el caso de los llamados “establecimientos emblemáticos” no podrán seguir seleccionando alumnos mediante pruebas o test académicos, pero podrán realizar sus procesos de admisión en base a aquellos estudiantes del 20% de mejor rendimiento de cualquier establecimiento escolar.

Estos han sido los primeros proyectos. El itinerario de los cambios en materia de educación general continuará durante el segundo semestre de 2014.

Por una parte, necesitamos construir una nueva institucionalidad para gestionar este derecho con calidad y mirada ciudadana. Por eso, enviaremos un proyecto que termina con la municipalización y crea una nueva organización de la educación pública.

La educación que hoy administran los municipios se depositará en el Estado, a través de instituciones descentralizadas territorialmente que incorporan a la comunidad.

Por otra parte, estamos conscientes de que en esta búsqueda de calidad, los profesores son protagonistas principales. Por eso es necesario que exista una Política Nacional Docente que valorice la carrera y su desarrollo profesional.
Ingresaremos a este Honorable Congreso Nacional un proyecto que crea una nueva carrera profesional docente y trabajaremos con el Colegio de Profesores para desarrollar un nuevo pacto para construir, en conjunto, una profesión valorizada y con más capacidades.

Pero seamos claros. Una reforma de largo alcance debe complementarse con una “agenda corta” con medidas potentes que impacten en lo inmediato en la calidad de la educación que se entrega en la sala de clases.

Esto significa, entre otras cosas, que iniciaremos un fuerte programa de inversión en infraestructura y equipamiento de los colegios, capacitaremos profesores y apoyaremos a directivos, quienes son pilares fundamentales en cualquier proceso de cambio.

Pero además quiero señalarles que el Gobierno, a través de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, reforzará el Programa de Alimentación Escolar de modo de asegurar que efectivamente se entregue alimentación al cien por ciento de los alumnos y alumnas provenientes de familias de los tres primeros quintiles.

Y también, quiero anunciar un cambio en la Tarjeta Nacional Estudiantil que sé que los estudiantes esperan. Esta tarjeta actualmente puede ser usada por los estudiantes beneficiados de lunes a domingo, las 24 horas del día, durante el año académico, es decir de marzo a diciembre por los alumnos de básica y media, y de marzo a enero por los de educación superior.

Desde ahora, en cambio, se extenderá el uso de esta tarjeta a los 12 meses del año: los estudiantes podrán usar todo el año esta tarjeta de transporte.

Con estas últimas medidas esperamos entregar un apoyo en el corto plazo a los estudiantes de Chile.

El tercer nivel de esta Gran Reforma se refiere a la Educación Superior. Su objetivo central es asegurar que las universidades, institutos y centros de formación técnica cumplan efectivamente con sus funciones públicas de formación, extensión e investigación.

Partimos estos cambios reconociendo la importancia de la educación técnico-profesional en nuestro país. Es por eso que el lunes anunciamos la ubicación de los primeros cinco centros de formación técnica estatales, que serán creados al amparo de universidades públicas en regiones que tienen un importante déficit de oferta de CFTs. Con esto estamos dando una señal clara de la relevancia que tiene esta educación en Chile.

Antes de que se cumplan los primeros 100 días de Gobierno daremos inicio a un Programa de Preparación para el Acceso y la Permanencia en la Educación Superior para estudiantes de sectores vulnerables que estén cursando tercero medio. A este programa se integrarán el primer año 7.000 estudiantes de 65 liceos de cinco regiones, y a más tardar en marzo de 2016 este programa tendrá cobertura nacional.

Estos estudiantes recibirán apoyo académico y vocacional, y al salir del colegio tendrán un sistema de acceso preferente a las universidades y apoyo mientras cursan sus carreras.

El segundo semestre de 2014, despacharemos el proyecto que crea la Superintendencia de Educación Superior, una de cuyas funciones será asegurar el cumplimiento de la ley que prohíbe el lucro.

Hemos enviado recientemente el proyecto de ley que crea la figura del Administrador Provisional y de Cierre para las instituciones de Educación Superior. Esto permitirá prevenir y limitar los efectos, a veces irreparables, de situaciones como las vividas por alumnos de algunas universidades, institutos o CFTs que han tenido que cerrar y con ello han dejado a tantos jóvenes en la indefensión.

Asimismo, antes del 19 de junio enviaremos al Congreso el proyecto de ley que crea dos universidades estatales en las regiones de Aysén y O’Higgins, que tendrán la misión clara de involucrarse con el desarrollo local.

Esto no es solo una señal del compromiso que tenemos como Gobierno con la educación universitaria estatal, que es el pilar fundamental del sistema universitario chileno.

También es un reconocimiento a la labor clave que han tenido, tienen y deben tener las universidades públicas en el desarrollo productivo y cultural del país, en especial en las regiones de Chile.

Durante 2014 seguiremos avanzando en la reforma en relación a la educación superior.

El aporte estatal al financiamiento de la docencia universitaria será definido mediante un nuevo sistema de cálculo de aranceles que establezca los costos efectivos de entregar docencia de calidad.

En complemento, el Estado acordará de manera preferente con las universidades estatales la realización de programas de investigación de interés público mediante convenios específicos. De esta manera queremos estimular investigación de primer nivel y que a la vez sea relevante a las necesidades del país y las regiones.

A nivel de financiamiento institucional, el Estado entregará aportes directos a las universidades públicas y dará un trato preferente a las universidades estatales.

Para nadie es un misterio que si queremos mejorar la calidad de la educación superior debemos mejorar el sistema de acreditación. Pondremos especial énfasis en modificar el proceso de evaluación de la calidad de las instituciones de educación superior, introduciendo estándares rigurosos que garanticen su buen funcionamiento.

Chile debe tomarse en serio su educación superior. Crearemos un sistema de superintendencia, financiamiento y aseguramiento de la calidad de la educación terciaria que nunca más permita que se juegue con las esperanzas y sueños de las familias.

Adicionalmente debemos avanzar en mejorar el sistema de financiamiento de los estudiantes. Todos sabemos que hay muchos jóvenes que quedan fuera de la educación superior porque no pueden pagarla o bien egresan de sus carreras con deudas enormes.

Para evitar esto, instauraremos el derecho de gratuidad para los estudiantes que accedan a la educación superior. Ello permitirá que todos puedan estudiar en la universidad, sin hipotecar ni su futuro ni el de sus familias.

Como hemos dicho, este será un proceso que tomará 6 años para cubrir a la totalidad de los estudiantes. Durante mis cuatro años de gobierno vamos a avanzar hasta abarcar al 70 por ciento más vulnerable.

También esta reforma se preocupa de lo inmediato. Junto a la ya mencionada ampliación en el uso de la Tarjeta Nacional Estudiantil, quiero señalar que conformaré un equipo de expertos que estudie la viabilidad de distintas alternativas que permitan aliviar la situación de aquellos que tuvieron que endeudarse para estudiar.

Amigas y amigos, como pueden ver, la Reforma en su conjunto es una tarea enorme, desafiante y sin lugar a dudas convocante para todos los sectores.

No estamos promoviendo nada que no haya sido exitoso en aquellos países desarrollados que lograron superar problemas similares a los nuestros.

Los invito a creer que una educación de calidad es posible para todos los niños, niñas y jóvenes.
Podemos tener un sistema educativo que entregue conocimientos, valores y a la vez sea el motor de un país más creativo, productivo y moderno.

Quiero hacer aquí un llamado a todos los parlamentarios y parlamentarias a trabajar pensando en Chile y sus estudiantes, con el foco puesto en la urgente necesidad de mejorar la educación, dotarla de calidad y preparar de esta manera a Chile para este nuevo siglo.

Un desafío de esta envergadura, con una reforma educacional que abarca desde la educación parvularia a la universitaria, requiere de nuevos recursos fiscales.

Por eso hemos enviado a este parlamento un proyecto de ley de Reforma Tributaria que nos permitirá recaudar en régimen 8.200 millones de dólares que serán invertidos en su mayoría en la reforma educacional, además de otros programas sociales.

Invertir en educación es invertir en las personas, que son el activo más importante que tiene el país. Es enfrentar decididamente la desigualdad para alcanzar un desarrollo inclusivo, es decir, un desarrollo que entre a todos los hogares.
Invertir en educación también es avanzar en productividad, que es la base de un crecimiento económico sostenido.

Este enorme desafío de la reforma educacional, junto a otras materias, requerirán de más recursos para que estas transformaciones puedan ser implementadas con responsabilidad fiscal. Porque para garantizar nuevos gastos permanentes debemos contar con ingresos permanentes que nos permitan financiarlos en forma sustentable. Esto es ser serios y responsables con el país.

La reforma tributaria nos permitirá aumentar la recaudación también para ordenar nuestras cuentas fiscales. Y nos ayudará a avanzar en equidad y en solidaridad. Pues, los que más tienen deben contribuir proporcionalmente más al bien común y a la movilidad social de los sectores más vulnerables y de la clase media. Esta es la única forma de pavimentar el tramo que nos falta para llegar a la meta de un desarrollo inclusivo."

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