El TSJM admite a trámite recurso de @feteugtmadrid contra tribunales oposición inspección

Inspección educativa: El TSJM ha admitido a trámite el recurso de UGT contra la resolución que regula el nombramiento de tribunales de oposiciones
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha admitido a trámite con fecha 2 de febrero de 2015 el recurso de FETE-UGT Madrid contra la resolución de la Comunidad de Madrid sobre el acceso al cuerpo de inspectores de Educación.
Para UGT la inspección educativa debe estar dedicada a velar por el cumplimiento de la norma, favorecer la mejora de la enseñanza y preservar los derechos de todos los que intervienen en el proceso educativo y para ello es imprescindible velar por su independencia y, por tanto, porque las condiciones de acceso se ajusten a los principios democráticos de igualdad, mérito y capacidad, y los miembros de los tribunales que los juzguen sean elegidos por sorteo (y no “a dedo”) de entre los inspectores en ejercicio en los servicios de Inspección educativa.

Rechazamos el nuevo procedimiento de nombramiento “a dedo” de los miembros del Tribunal de las oposiciones de 45 plazas de inspectores, que comienzan el próximo viernes, 13 de febrero. La convocatoria del concurso oposición fue publicada con fecha de 1 de diciembre de 2014 en el BOCM y el nombramiento de los tribunales regulado en un Decretoi que, además del presidente que le corresponde como Administración convocante, permite el nombramiento directo de todos los miembros de los tribunales, en lugar de la selección objetiva mediante sorteo, que es el procedimiento empleado en el resto de las CCAA y de forma general en los tribunales de los cuerpos docentes.

Reclamamos una inspección técnica y profesional, cuyo nombramiento no esté mediatizado por la coyuntura política en que se realice la selección de los inspectores y, por tanto, cuestionamos desde el primer momento este procedimiento y lo pusimos en manos de nuestro servicio jurídico con el objetivo de proceder a su impugnación.

Esperamos que finalmente la Justicia nos dé la razón, como ocurrió en la Comunidad valenciana, e impida este tipo de actuaciones despóticas y nada democráticas en una Administración pública.

Madrid, 10 de febrero de 2015