Sobre la campaña contra el cierre de los centros de Educación Especial

En los últimos meses PP y C's paralizaban en la Asamblea la ILP aprobada sobre Educación Inclusiva (sin que, por cierto, en esta se planteara una modificación de las modalidades).

En junio de 2018, el duro informe elaborado por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU en cuya presentación se afirmaba:

 "Dos modalidades separadas de educación no pueden coexistir en un sistema de educación inclusiva basado en el derecho a la no discriminación y la igualdad de oportunidades. El sistema debe consistir en una modalidad para todos los estudiantes y debe basarse en la calidad de la educación, proporcionando a cada alumno el apoyo que él o ella requiera"

Y en los últimos meses ha comenzado una campaña contra el "cierre de los centros de Educación Especial" basándose en el mantra de la "libertad-de-elección-de-centro-de-las-familias".

Han existido diferentes respuestas a esta polémica desde diversas entidades (por ejemplo la ILP mencionada, Plena Inclusión e incluso el MEC) pero existe un tema que no se ha tocado y que está detrás de la campaña:

El gran peso que la educación privada tiene en la provisión de la "educación especial", fundamental y exclusivamente en Madrid Capital.

Para ello, podemos ver como ejemplo la Resolución de 17 de enero de 2012, de la Dirección General de Becas y Ayudas a la Educación, por la que se establece la cuantía económica de la financiación de determinados centros privados sostenidos con fondos públicos de educación especial, para el curso 2011/12. (enlace y enlace) donde se listan los centros privados de educación especial que obtuvieron ayudas. Veamos el número de centros privados de educación especial por DAT:

• Madrid Capital: 30 

• Madrid Norte: 2 

• Madrid Sur: 1

• Madrid Este: 3 

• Madrid Oeste: 4 

Es destacable el desigual reparto , algo que muestra los grandes desequilibrios y diversidades que cruzan la Comunidad de Madrid, y la sobre-rrepresentación de algunos territorios (Madrid Capital) sobre otros (el resto).

Una realidad que no debería distorsionar la obligación legal de España como Estado –y de la Comunidad de Madrid como administración– contra la exclusión estructural y la segregación de las personas con discapacidad del sistema educativo general por motivos de discapacidad.