Esta es la newsletter de Madrid. La escribimos un grupo de redactores de EL PAÍS que cada día ponemos a prueba por la vía empírica la máxima De Madrid, al Cielo. La enviamos de lunes a jueves a las seis de la tarde, y los viernes, dedicada a propuestas de cultura para el finde, a mediodía. Si no estás suscrito y te ha llegado por otro lado, puedes apuntarte aquí.
Hace tres semanas, mientras preparaba un reportaje de esos que terminan por no salir adelante —cuando todavía nadie había depositado su voto en las urnas y el PP no había ganado las elecciones en la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital con mayoría absoluta (qué semanas, las del “¿y si Rita Maestre da la sorpresa?” o de “¿y si Podemos entra en la asamblea?”)— hablé con muchas familias madrileñas sobre los colegios públicos a los que van sus hijos. Una de esas conversaciones fue así:
—Mira, estamos agotados.
—¿Por qué?
—Porque en Madrid tenemos que pelear por todo.
Quien estaba harta de pelear era la madre de dos niñas, que vive con sus hijas y su marido en un barrio a las afueras de Móstoles. Por cierto, en la localidad hasta ahora gobernaba el PSOE, pero este 28-M ha ganado el Partido Popular. La cría pequeña, de cuatro años, había empezado en septiembre segundo de Educación Infantil en un colegio público de la zona, el Juan de Ocaña. “Si llego a escolarizarla este año igual se queda fuera”, me contó la madre. Lo decía porque para el curso 2023-2024, el centro tendrá una aula menos en la etapa de cuatro años. Hasta ahora, había dos.
El cierre de la clase lo anunciaron 14 días antes de que se abriera el proceso de admisión de nuevos alumnos. Entonces, las familias protestaron porque les quitaban 20 plazas y porque uno de los colegios concertados del municipio, de casi 210.000 habitantes, anunciaba a bombo y platillo en su página web que ampliaban el número de aulas para los estudiantes más pequeños.
Esto no es nuevo. Mi compañera Victoria Torres contó en este artículo que este curso el Gobierno regional va a reducir 5.350 plazas de infantil a bachillerato en los centros públicos de la comunidad. Y donde más plazas desaparecen es en las primeras etapas educativas: 3.887 niños de 3 a 12 años no podrán optar a un hueco en la pública. El problema, me contaban los padres, nace de una estrategia que lleva años repitiéndose: en los centros públicos se reduce la oferta antes de conocer la verdadera demanda. Esto provoca que muchas familias, al ir a mirar cuántas aulas ofrece el colegio o instituto que prefieren, se encuentran con que hay menos huecos de los esperados y terminan no solicitando plaza por miedo a quedarse fuera. La pescadilla que se muerde la cola.
A unos 600 metros del colegio de la mujer de Móstoles hay otros dos centros públicos de infantil y primaria. En uno, después de recibir 37 solicitudes en el aula de tres años (la ratio en esa etapa son 20 por clase), pidieron que se ampliara el espacio; y en el otro, también anunciaron que se cerraba un aula para los niños de esa edad. Las familias preguntaron por qué hacían eso. Les respondieron que era un barrio viejo y que no había tantos críos. Así que les tocó pelear: movilizarse, recoger firmas, hacer concentraciones e insistir día sí y día también. Al final, y porque no cejaron en su empeño, consiguieron mantener las clases. Pero en estos y otros colegios de la región, creen que la única forma de conseguir algo en Madrid es la confrontación.
Y tienen bastante razón, al menos es lo que he visto durante el año y nueve meses que llevo viviendo aquí: el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso quiere deshacerse de 1.027 árboles en Madrid Río para ampliar la línea 7 de metro, miles de vecinos se manifiestan y la Comunidad paraliza la tala; los médicos de familia y pediatras reclaman durante años mejoras en atención primaria, se van a la huelga durante cuatro meses (con el desgaste psicológico y la pérdida económica que eso conlleva) y, finalmente, la Administración ofrece algún cambio; los padres y madres de un colegio público de Fuenlabrada a medio edificar, después de probar todas las vías se encierranen el centro para pedir que terminen de construirlo; 10 comerciantes del mercado de Torrijos, en pleno barrio de Salamanca, resisten contra viento y marea, para evitar que sus tiendas, donde llevan toda la vida, las compre un fondo de inversión, mientras la empresa los castiga, por ejemplo, reduciendo el aire acondicionado o descuidando las instalaciones. Suma y sigue.
Algunos, incluso, después de mucho pelear, ven cómo los dirigentes políticos se apuntan un tanto a su costa. Como los vecinos del distrito de Chamberí, que la semana pasada se encontraron en sus buzones panfletos donde el PP de Ayuso se vanagloriaba de la apertura del parque de Santander, presentándolo como iniciativa del partido. No lo era. El nuevo espacio verde es el resultado de una lucha ciudadana incansable, que consiguió que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictara varias sentencias contra un campo de golf que Esperanza Aguirre había planeado allí en 2006. Normal que todos estén agotados, más aún cuando ven que los próximos cuatro años también van a ser años peleones.
No hay comentarios:
Publicar un comentario