El próximo lunes se presenta en la sala Antonio Palacios del Círculo este estudio promovido por la Junta de Portavoces y realizado por Universidad Autónoma de Madrid en base a los datos recogidos en Escuelas Infantiles y Casas de Niños.
Este es sólo uno de los datos del estudio Infancia en España 2010-2011, primer informe de UNICEF España sobre la infancia en nuestro país. 
El AMPA del CEIP Isabel la Católica ha denunciado la decisión de la Dirección del Área Territorial Madrid-Capital de la Consejería de Educación de eliminar una de las dos aulas de 4º de este centro una vez iniciado el curso y de trasladar a la profesora de la misma a la clase de 6º A en sustitución de la maestra que este último grupo tiene y con la que estaba plenamente satisfecho.
La Comunidad de Madrid, que ya en años anteriores apostó por deducciones para los gastos de enseñanza obligatoria no gratuita (inicialmente dirigidas para que las rentas bajas pagaran los gasto de uniforme) acaba de extender la aplicación de las ayudas. a) Percibir cantidades por actividades escolares complementarias o extraescolares o por servicios escolares que no hayan sido autorizadas por la Administración educativa o por el Consejo Escolar del centro, de acuerdo con lo que haya sido establecido en cada caso.
e) Infringir el principio de voluntariedad y no discriminación de las actividades complementarias, extraescolares y servicios complementarios.
a) Las causas enumeradas en el apartado anterior cuando del expediente administrativo instruido al efecto y, en su caso, de sentencia de la jurisdicción competente, resulte que el incumplimiento se produjo por ánimo de lucro, con intencionalidad evidente, con perturbación manifiesta en la prestación del servicio de la enseñanza o de forma reiterada o reincidente.
b) Impartir las enseñanzas objeto del concierto contraviniendo el principio de gratuidad.
a) Apercibimiento por parte de la Administración educativa.
b) Si el titular no subsanase el incumplimiento leve, la administración impondrá una multa de entre la mitad y el total del importe de la partida «otros gastos» del módulo económico de concierto educativo vigente en el periodo en que se determine la imposición de la multa. La Administración educativa sancionadora determinará el importe de la multa, dentro de los límites establecidos y podrá proceder al cobro de la misma por vía de compensación contra las cantidades que deba abonar al titular del centro en aplicación del concierto educativo.
la imposición de multa, que estará comprendida entre el total y el doble del importe de la partida «otros gastos» del módulo económico de concierto educativo vigente en el periodo en el que se determine la imposición de la multa. La Administración educativa sancionadora determinará el importe de la multa, dentro de los límites establecidos y podrá proceder al cobro de la misma por vía de compensación contra las cantidades que deba abonar al titular del centro en aplicación del concierto educativo.
La Consejería de Educación mueve ficha en año electoral poco después de que los centros privados-privados acusarán de competencia desleal a centros privados-concertados de reciente creación tachándoles de "escuelas negocio" (centros concertados que incrementan sus cuotas voluntarias, en ocasiones sin dejar claro que lo son, y que se benefician de la política de cesión de suelo público para construir sus colegios).
La consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Lucía Figar, afirmó el pasado jueves durante el pleno de la Asamblea que el Gobierno regional construirá un nuevo instituto público en Paracuellos del Jarama "en el año en el que sea verdaderamente necesario" y no en función "del espíritu de leyes socialistas o de pirámides de población".
Guiarse por criterios simplistas y lugares comunes no es la mejor vía para tomar decisiones correctas. Uno de esos tópicos es que el sector privado es más eficiente que el público porque puede proveer servicios de la misma (o más) calidad a menor coste. En realidad, cuando se privatiza la producción de una prestación pública hay que pagar, además del coste del servicio, el beneficio del productor. Esto encarecerá la prestación, a no ser que la empresa privada tome medidas reductoras del coste como pagar menos a quienes prestan el servicio, proveerlo con personal menos cualificado, limitarse a aceptar usuarios que no sean caros o producir solo prestaciones baratas. Estos comportamientos se han dado en, por ejemplo, la producción privada de sanidad o educación. Muchas veces la elección entre producción pública y privada es una elección entre provisión más barata y de menor calidad o más cara y de más calidad.
El 18 de octubre Lucía figar inauguraba, un años más, el Programa de Enriquecimiento Educativo para Alumnos con Altas Capacidades en el Instituto capitalino Juan de la Cierva.
- Estudios gratuitos, con excepciones. En general, no pagan matrículas los estudiantes de campus públicos de Chipre, República Checa, Irlanda, Malta, Noruega, Eslovaquia, Eslovenia o Suecia. En la mayoría de ellos, sí pagan los alumnos extranjeros de fuera de la UE. En otros, como Eslovenia, se pagan solo los estudios de posgrado (unos 1.500 euros). En República Checa, las universidades pueden cobrar a los que repiten. En Alemania, en algunos Estados no se paga, y en otros sí: los precios van de 100 a 500 euros por semestre.
Desde el año 2008, con la publicación de los decretos de mínimos y de currículo de la educación infantil, hemos visto como la Consejería de Educación ha ido degradando su propia Red de Escuelas
Entre los recortes de gasto público que se reflejan en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2011 hay uno que me resulta especialmente doloroso, en tanto que supone una renuncia (al menos temporal) a lo que había sido la piedra angular del discurso elaborado por los Gobiernos de Rodríguez Zapatero y, en cierta medida, de su labor de gobierno: el fomento de condiciones de mayor igualdad en general y, específicamente, de género. Me refiero a los 200 millones de euros que se dejarán de pagar como consecuencia del retraso de la entrada en vigor de la Ley 9/2009, inicialmente prevista para el 1 de enero de 2011. En esta ley se ampliaban los permisos de paternidad, con carácter voluntario, desde los actuales 13 días hasta cuatro semanas.
