Sobre la loe y la libertad de elección de centro

Pueden sacar a todos los fieles y familias engañados que quieran a la calle, pero hubo unas elecciones que ganó el PSOE, y claramente en su programa estaba la retirada de la "loce" una ley mala en su redacción y perversa en sus fines.
Pese a esto el gobierno (entendemos que para favorecer el acuerdo)rebajó sustancialmente los planteamientos iniciales aceptando gran parte de las propuestas planteadas por la LOCE, algo que cualquiera que lea la ley aprobada podrá comprobar.
Pero esta cesión no ha servido de nada porque la enseñanza católica no está dispuesta a perder la gran influencia que le da el control de casi la mitad de la enseñanza en lugares como Madrid, una situación heredada de los privilegios educativos adquiridos en el franquismo. Influencia que,evidentemente, no se muestra en sus parroquias ni en la declaración de la renta.
Por eso el tema central por el que protestan y llaman al gobierno lindezas como "estatista" es el de la libertad de elección, una libertad no reconocida en la Constitución que mezclan en un revoltijo interesado con la del derecho a la educación, con la de crear centros y con la de que los padres puedan elegir la formación moral de sus hijos.
En todos estos años un gran número de familias ha podido comprobar que dicha libertad de elección no era real porque la enseñanza no es un bien de mercado como los coches donde técnicamente cada uno puede elegir la marca que quiera. Puedes pedir un centro y que no te lo den, o que directamente no lo pidas porque calculas que no te lo van a dar y te quedes sin el preferido y sin el segundo preferido…. Este derecho a preferir un centro sobre otro sólo es, en la práctica, un derecho relativo nunca absoluto.
Además, desde que la LODE incluyó este derecho, la llegada de inmigrantes ha cambiado el panorama educativo de nuestras aulas. El derecho a la elección de centro es, ahora, realmente un derecho a la insolidaridad y al clasismo que está llevando a una doble red educativa, la de los inmigrantes y la "nuestra". Qué diria la derecha católica si se pusiera en marcha, como se hizo en EEUU en los años sesenta con los
negros, un reparto equitativo de los niños inmigrantes en los famosos autobuses amarillos. Por qué no pueden acoger los colegios del distrito de Salamanca, niños de Lavapiés.
Con el pretexto de la libertad de elección se impide que haya un reparto equitativo de la población en desventaja socioeconómica. Esto es malo para todos: para los niños inmigrantes, para la educación en su conjunto, para la escuela pública que hace frente a esta situación sin los recursos necesarios, pero sobre todo para el futuro de nuestra sociedad que cerrando los ojos se aboca a una división social que nos estallará en las calles.
Se habla falazmente de que son los padres (y no el "perverso" estado) los únicos responsables de la educación para que los centros educativos de la iglesia inmediatamente se arroguen ese derecho prescindiendo de la participación y del control de las familias, e impongan el conjunto de su ideario sin posibilidad de elección. Lo de siempre, libertad cuando me conviene.
Mentira tras mentira, propaganda tras propaganda, descalificación tras descalificación estamos perdiendo, una vez más, la oportunidad de mejorar el sistema educativo, de hacer un debate racional y no ideologizado, de aprender de la experiencia de otros sistemas educativos y aplicar las buenas medidas y cuando se demuestren ineficaces cambiarlas.
Hasta ahora sólo salíamos mal en la foto de las evaluaciones internacionales, la siguiente foto será en la sección de internacional de los periódicos.

¿Defensor de la infancia?

Nacido el 18 de abril de 1966, Canalda es licenciado en Derecho y diplomado en Asesoría Fiscal y Derecho Tributario. En 1997 entró a formar parte del gabinete del vicepresidente primero del Gobierno y ministro de la Presidencia, Mariano Rajoy, y a principios de 2001 pasó al Ministerio del Interior.
En mayo de 2003 fue nombrado delegado concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid, tras haber sido gerente del Canal de Isabel II, y desde noviembre de 2003 ocupaba una de las dos viceconsejerías de Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid.

El nombramiento del viceconsejero de sanidad de la Comunidad de Madrid como Defensor del Menor es un nuevo desprecio a las reglas del juego democrático y un ejemplo del sectarismo que el desgobierno de Esperanza Aguirre ha aplicado en la Comunidad de Madrid.

Lejos de mantener una figura institucional, neutral, aceptable por todos ha colocado a uno de los responsables del ataque al Severo Ochoa.

Miembro del Opus Dei, padre de seis hijos.