Entre recomendaciones de subidas del IVA, de abaratamientos del despido y de acabar con las pensiones parciales, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) también dedica un espacio importante a la educación en su último informe sobre la situación económica de España.En este caso, advierte contra los recortes en enseñanza (también en sanidad) y vuelve a insistir en que se reduzca drásticamente el porcentaje de repetidores (una medida en la que España sí es campeona y que el organismo considera cara e ineficaz).
Además, reclama al Gobierno apoyos económicos a las familias de entornos desfavorecidos para que sus hijos no dejen los estudios y reclama un sistema integrado de FP dual que reúna los contratos de formación y las enseñanzas de los institutos, justo lo contrario de lo que acaba de hacer el Gobierno.
“El gasto público en salud y educación como porcentaje del PIB es modesto en comparación con otros países”, dice el texto del informe, y añade: “Reducir las desigualdades requiere mejorar el acceso a la educación”. “Los recortes en la educación pública (también los de sanidad) difícilmente pueden hacer una contribución mayor para cumplir los objetivos de reducción del déficit, ya que es importante proteger el acceso”, explica por correo electrónico el economista de la OCDE Andrés Fuentes. “Las ayudas financieras públicas a los estudiantes para acceder a la educación superior son escasas. Estas deficiencias se hacen más importantes en la medida que suben las tasas que tienen que pagar los estudiantes”. España destina un 0,1% del PIB a becas, la mitad de la media de la OCDE, y las matrículas en la Universidad pública han aumentado hasta un 50% en algunas comunidades en un solo año. (sigue en el desplegable)
Fuente: El País
Así, la OCDE recomienda que compense la caída de la inversión educativa con el aumento de los ingresos por la vía de los impuestos y da algún consejo concreto sobre el uso que se le podría dar. “Una parte de los ingresos generados por los impuestos se podría utilizar para pagar más prestaciones a familias de bajos ingresos, que estarían condicionados a que sus hijos siguieran estudiando después de los 16 años, edad a la que termina la educación obligatoria. La medida podría ayudar a combatir el abandono educativo temprano y la pobreza, pues ambas cosas están muy relacionadas, sobre todo en España, que está altamente correlacionado con la presencia de niños en los hogares, especialmente en España, donde las prestaciones por hijos son bajas”, dice el informe económico de la OCDE.
Estas medidas que recomienda el organismo son similares a las que llevan años en marcha en Brasil. En aquel país, estas ayudas económicas a las familias están condicionadas a que los niños vayan a la escuela (en este caso, en las etapas obligatorias) y a que sigan una serie de recomendaciones sanitarias como la vacunación, añade Fuentes.
Todo ello trataría de combatir uno de los lastres que la OCDE ha señalado una y otra vez para la economía española: la elevada tasa de abandono escolar temprano: el 26,5% de los jóvenes de 18 a 24 años han dejado los estudios después de la educación obligatoria. La cifra, aunque haya bajado muy rápidamente durante los años de crisis económica, aún representa casi el doble de la media europea.
Así, el resto de recomendaciones educativas de la OCDE para España también están muy encaminadas a conseguir que más jóvenes sigan estudiando y que los que los dejaron prematuramente se reenganchen. “El Gobierno prevé la mejora de la FP educativa [la que se ofrece en los institutos] y de los contratos para la formación. Estos dos elementos deben estar combinados dentro de un esquema único, [...] con una formación ofrecida a través de contratos en alternancia entre el trabajo y el instituto”, dice el informe económico de España.
Sin embargo, en la normativa aprobada recientemente por el Gobierno, ambas posibilidades vuelven a ofrecerse una a espaldas de la otra, diseñadas desde el Ministerio de Trabajo y el de Educación, sin relación real entre sí, se quejan los expertos. La FP dual educativa (que será solo una parte de la que ofrezcan los institutos) podrá estar remunerada para los alumnos (o no) a través de una beca. En la otra parte, los contratos de formación sí estarán remunerados —al menos con el salario mínimo interprofesional, 641,4 euros mensuales—, y cotizarán con derecho a paro, pero no darán acceso a un título oficial de FP. Preguntado sobre esta dicotomía, Fuentes responde: “Efectivamente, pensamos que las reformas de la formación profesional deben continuar”.
Además, recuerda otras recomendaciones persistentes de la OCDE a España: “Para pasar de un curso a otro en la ESO, hay que aprobar todas las asignaturas menos dos [excepcionalmente, los profesores pueden dejarles pasar con tres]. Nos parece que estas normas contribuyen a la muy elevada tasa de repetición de curso, que a su vez contribuye al abandono escolar. La repetición de curso excesiva impide que alumnos que sí serían capaces de beneficiarse de una educación secundaria superior accedan a ella. Es bien sabido que la repetición de curso no mejora resultados y genera sobrecostes presupuestarios. Su coste social, a través del abandono escolar, es elevado. Por lo tanto, sugerimos limitar las materias que los alumnos tienen que aprobar para avanzar u obtener el título a las referidas a las competencias centrales”, escribe Fuentes. En España más del 40% de los alumnos ha repetido alguna vez a los 15 años, una de las cifras más elevadas de Europa.
El proyecto de reforma que impulsa el Ministerio de Educación mantiene los criterios para avanzar de curso en la ESO: se pasa con dos y excepcionalmente con tres, aunque a partir de ahora esta última posibilidad se cierra si se han suspendido a la vez Lengua y Matemáticas. Lo que sí se introduce es una prueba de reválida al final de la ESO que habrá que aprobar para poder acceder al bachillerato o la FP. “Las pruebas finales en 4º de Secundaria, creadas con el objetivo de disminuir el abandono escolar y aumentar el número de titulados, provocarán el efecto contrario: disminuir el número de titulados y aumentar los índices de fracaso y de exclusión del sistema educativo al generar diferentes titulaciones”, se quejaban en un reciente comunicado los directores de instituto reunidos en la asociación Fedadi.
Por su parte, Fuentes destaca que muchos de los jóvenes que suspenden y no consiguen el título en realidad estarían en condiciones de seguir estudiando: “Los resultados PISA de los españoles, aunque no buenos en promedio, demuestran que la proporción de jóvenes de 15 años que no consiguen obtener competencias básicas en lectura, ciencia y matemáticas es relativamente baja en comparación internacional. Esto indica que más alumnos deberían acceder a la educación secundaria superior, sobre todo a la profesional”. Si en torno al 26% de la población no consigue el título de ESO, los que suspenden, según los estándares PISA, son el 20%.
Recomendaciones
Cuidado con las cuentas. La OCDE advierte contra las consecuencias en educación (también en sanidad) de los recortes.
Incentivos. Recomienda dar apoyos económicos a las familias desfavorecidas condicionados a que sus hijos sigan estudiando después de la enseñanza obligatoria.
FP con contrato. “La FP educativa y de los contratos para la formación [...] deben estar combinados dentro de un esquema único”.
Avanzar de curso. “Limitar las materias que los alumnos tienen que aprobar para avanzar u obtener el título a las referidas a las competencias centrales”.
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