C9. Enseñanza y educación.
La educación pública ha de ser una prioridad política porque contribuye, de manera especial, a una mayor cohesión social y a la formación de personas más libres, más críticas y con mayor igualdad de oportunidades. Defendemos un sistema público de enseñanza gratuito a lo largo de toda la vida, una educación universal, plural, comprometida con una enseñanza científica y crítica, respetuosa con las diferencias a la vez que integradora de las mismas, laica, participativa, coeducadora, inclusiva y compensadora de las desigualdades sociales, ligada a su entorno y gestionada democráticamente y con un enfoque que contemple la coeducación.
― Una educación pública de calidad para la igualdad, mediante la elaboración de una Legislación Autonómica de Educación con la suficiente dotación económica para implementarse que ponga en marcha programas y planes para mejorar la convivencia, la participación y la conciliación laboral y familiar.
― Una red de centros públicos suficiente y de calidad para todos y todas, que permite la supresión paulatina de los centros concertados, incorporándolos a la red pública.
― Ampliación de la red pública de escuelas infantiles hasta cubrir, en un plan cuatrienal, toda la demanda de escolarización de 0 a 6 años, especialmente el ciclo de 0 a 3 años por la importante función social que desempeña y para hacer realidad su carácter educativo universal y gratuito.
― Plan integrado de formación profesional, participado por los centros que impartan ciclos formativos, elaborado junto a la administración municipal y los representantes de los agentes sociales, incrementando de manera significativa la oferta pública de formación profesional específica y para el empleo
― Descentralización. Creación de Distritos Educativos que permitan una mayor participación y un conocimiento de las necesidades de la zona
― Autonomía de los centros y participación democrática. Reforzamiento del papel de los Consejos escolares autonómicos, de Distrito educativo y municipales con competencias de gobierno, de control social y se les reconocerá el derecho de propuesta. Se garantizará la participación de todos los sectores de la comunidad educativa en las Comisiones de escolarización permanentes, que estarán coordinadas por los Ayuntamientos. Potenciación de la participación democrática en los centros educativos mediante medidas de apoyo y fomento al asociacionismo del alumnado y de las AMPA.
― Profesorado y otros profesionales de la educación. Recuperación de Centros de Formación del Profesorado. Revisión a fondo de la formación del profesorado. Incremento y estabilización de las plantillas de docentes y otros profesionales, mediante el incremento de la oferta pública de empleo y haciendo más racional la contratación de interinos
― Una financiación pública suficiente y solidaria Alcanzar en la próxima legislatura un gasto educativo por alumno/a acorde con la asignación de al menos el 7% del PIB de la Comunidad de Madrid. Incrementar sustancialmente los distintos tipos de becas: matrícula, material escolar, desplazamiento, igualdad de oportunidades (estancia). Transferir a los municipios los fondos finalistas que les permitan desarrollar mayores competencias en educación.
― Entornos educativos. IU defiende también un incremento de las competencias municipales en el ámbito educativo como requisito necesario para mejorar y adecuar a cada realidad concreta la oferta pública de los diferentes tipos de enseñanzas. Creación de una Red autonómica de Ciudades Educadoras. Potenciar la educación en valores. Fomentar la innovación e investigación educativa mediante la colaboración de los centros docentes y el conjunto de la comunidad educativa con las Facultades de Ciencias de la Educación para poner en marcha proyectos innovadores y de mejora de la calidad educativa. Colaboración con los Ayuntamiento para la detección y prevención del absentismo escolar.
| Para ello se deben poner en marcha las siguientes medidas: | |
1.
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Incrementar el Presupuesto de Educación hasta el 7% del PIB de la Comunidad, para que el derecho a una educación gratuita y de calidad quede garantizado para todo el alumnado, independientemente de su condición personal, social o económica, dotando a la Escuela Pública de todos los recursos, humanos y materiales, necesarios para hacer efectivo este derecho.
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2.
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Crear una Comisión para el Estudio y Diagnóstico de la Red de Centros de Enseñanza no universitaria de la Comunidad de Madrid que elabore un informe general de escolarización y distribución de los recursos educativos, que tenga en cuenta a todos los centros sostenidos con fondos públicos y en la que participen todos los sectores de la comunidad educativa. Dicha comisión, deberá basar su trabajo en criterios territoriales, pedagógicos, sociales y de sostenibilidad de la red de centros públicos de la Comunidad de Madrid. En tanto en cuanto esta comisión no concluya su trabajo, ningún centro educativo público será cerrado, ni se concederán nuevos conciertos a centros privados.
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3.
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Incluir en los próximos presupuestos la construcción de los centros educativos públicos necesarios para atender las necesidades de escolarización, especialmente en aquellos municipios y barrios en los que su población escolar aumenta.
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4.
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Proceder a la extinción de todos aquellos conciertos con centros educativos de todos los niveles de enseñanza que estrictamente no cumplan con la Ley de Régimen de Conciertos o que no respondan a necesidades reales de escolarización, especialmente de los que segregan por razón de sexo en sus centros o aulas. El dinero público no puede ser utilizado para discriminar o segregar.
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5.
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Facilitar la integración en la red pública de aquellos centros privados concertados que, cumpliendo su función social, deseen incorporarse en dicha red.
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6.
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Aumentar los presupuestos de Educación 2015 las partidas destinadas a becas y ayudas al estudio, de tal forma que ningún estudiante en nuestra Comunidad se vea abocado a no poder acceder o abandonar sus estudios por razones económicas, y para garantizar, a través de los comedores escolares, una correcta alimentación, al menos, a todos los alumnos y alumnas que estén cursando la educación obligatoria.
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7.
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Dotar de material escolar (incluidos libros de texto) necesario y suficiente a todos los centros educativos de la red pública y para toda la educación obligatoria, dando prioridad a los centros y barrios más desfavorecidos.
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8.
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Eliminar de manera definitiva en los próximos presupuestos las desgravaciones fiscales para gastos escolares contempladas en la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas 2014.
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9.
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Eliminar las becas “Cheque guardería” de 100 € mensuales a las familias que optan por llevar a sus hijos a una guardería privada, e invertir, al menos, los 34 millones destinados a este concepto en rebajar las abusivas cuotas impuestas por el Gobierno en 2012 en las escuelas infantiles públicas, especialmente en los tramos de renta más bajos, recuperando la cuota 0 para las familias con menos recursos.
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10.
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Diseñar un Plan de Implantación de los nuevos títulos de FP y de renovación de la oferta formativa de FP participado con todos los sectores afectados, que incluya un listado detallado por cada uno de los ciclos formativos a implantar, y de las necesarias inversiones en formación del profesorado, en equipos, materiales, instalaciones, etc.
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11.
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Derogar la tasa establecida para la FP de Grado Superior en los centros de titularidad pública establecidas en la LRHCM 2012, y la creación urgente del suficiente número de plazas tanto en la FP de Grado Superior como de Grado Medio para cubrir la gran demanda existente.
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12.
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Establecer a la mayor brevedad los aspectos básicos del currículo de las Enseñanzas de Idiomas de Régimen Especial para los niveles C del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, que permitan agilizar el calendario de implantación de la LOMCE, con el fin de que el alumnado de las EOI de la Comunidad de Madrid puedan adquirir el máximo nivel de competencia lingüística.
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13.
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Derogar la tasa establecida en la LRHCM 2012 para las matrículas en las EOI, recuperando las vigentes con anterioridad a dicha Ley.
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14.
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Proceder a la convocatoria de oposiciones a los cuerpos de Maestros, Profesores de Secundaria, FP, Enseñanzas Artísticas y EOI, en número suficiente para cubrir las necesidades educativas en todas las especialidades y niveles educativos, a través de un sistema de acceso justo y transparente, en el que los principios de igualdad, mérito y capacidad no se vean perturbados como viene siendo denunciado en las últimas convocatorias.
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15.
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Paralizar de inmediato la contratación irregular de personas de habla inglesa para ejercer de docentes por el incumplimiento flagrante de la normativa vigente: Estatuto Básico del Empleado Público y Decreto de Acceso a la Función Pública.
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16.
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Realizar una evaluación rigurosa del Programa Bilingüe implantado en la Comunidad de Madrid desde hace 10 años.
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17.
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Derogar el “tarifazo” universitario establecido en el Decreto 60/2013, recuperando las tasas vigentes hasta entonces, aumentando la dotación de becas con el fin de garantizar que la capacidad adquisitiva de familias no se convierta en impedimento para acceder a la educación superior, y crear un Fondo de Rescate con fondos provenientes de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para sufragar, con criterios de renta, las tasas de los alumnos en riesgo de impago por motivos económicos.
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18.
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Proceder al pago de la deuda que la Comunidad de Madrid tiene contraída con las universidades públicas madrileñas e incrementar las partidas presupuestarias destinadas a ellas, con el fin de que puedan garantizar condiciones dignas y estables en las plantillas de las universidades y centros de investigación, con el objetivo añadido de que estos equipos sirvan de soporte a la innovación de las empresas radicadas en la Comunidad de Madrid y la inserción laboral en el tejido industrial y social del personal investigador.
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19.
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Incrementar el número y cuantía de las becas de investigación, en número suficiente para garantizar condiciones dignas para los investigadores en formación, cuya precariedad aumenta con los recortes en becas y ayudas.
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20.
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Promover y facilitar el derecho a la participación de todos los sectores educativos en la vida democrática de los centros, escuchando y respetando sus aportaciones expresadas a través de los cauces establecidos y dejar de represaliar y expedientar a personas y colectivos por el simple hecho de defender la escuela pública.
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21.
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Aplazar la implantación de la LOMCE en la Comunidad de Madrid, como se está haciendo en otras CCAA, hasta tanto no se garanticen los recursos suficientes y necesarios para su aplicación o sea derogada en el Congreso de los Diputados.
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