EL EDITORIAL DE LA SEMANA. Escuela 3780, 13 de marzo de 2008
La Educación Infantil en su tramo 0-3 años está teniendo un tratamiento dispar en las distintas comunidades y esto supone un grave riesgo para el sistema educativo español, porque los desequilibrios que se están observando son producto de un choque de modelos que en algunos casos se sitúan más allá de la legalidad educativa vigente marcada por la Ley Orgánica de Educación (LOE).
Dos ejemplos emblemáticos muestran lo que está pasando en España con este tramo tan importante para la educación de nuestros niños y niñas: las comunidades de Madrid y de las Islas Baleares.
El gobierno de la Comunidad de Madrid del Partido Popular (PP) ha aprobado un Decreto para la Educación Infantil, que supone un paso hacia la desregulación total del tramo 0-3 años. El Decreto reduce los requisitos mínimos en cuanto a espacios físicos e infraestructura; y baja el grado de especialización necesario para poder trabajar en una etapa tan importante.
Es un Decreto coherente con la implantación del "cheque infantil" y la progresiva privatización de este sector en la Comunidad de Madrid. Un Decreto que ahonda en la ya pobre oferta pública educativa existente, que abre más espacios al mercado y en el que los más desfavorecidos están cada vez más desprotegidos. Además, como han denunciado asociaciones de padres y madres, "el cheque infantil a duras penas sirve para pagar un tercio del coste de las plazas privadas". Un negocio muy lucrativo, con un fuerte trasfondo ideológico, soportado en una estrategia política muy clara, que ataca directamente los principios básicos de la Ley Orgánica de Educación (LOE): incumple la ley vigente.
En palabras muy acertadas del secretario general de la Federación Regional de Enseñanza de CCOO de Madrid "El gobierno regional está cambiando el modelo de escuelas infantiles públicas, con un fuerte carácter educativo, por guarderías de garaje (privadas) de carácter meramente asistencial".
El nuevo Decreto se complementa, con otro que regula los currículos de la Educación Infantil; introduce la religión en toda la etapa; y refuerza los contenidos conceptuales frente a la adquisición de habilidades, hábitos y destrezas que preparen al niño, de forma natural y lógica, hacia las etapas superiores.
Con estos decretos el gobierno regional de la Comunidad de Madrid contraviene todas y cada una de las recomendaciones que para esta etapa prescriben tanto informes internacionales como estudios nacionales. Esto es sencillamente una vuelta de tuerca más contra las políticas educativas del Gobierno de España: oposición desde la confrontación permanente.
El caso contrario es el del gobierno de las Islas Baleares que, entendiendo la Educación Infantil, en su tramo 0-3 años, como una etapa educativa -pública- y necesaria para la correcta formación de los niños y niñas ha preparado un Decreto que regula, por primera vez y de forma concienzuda en las Islas, este tramo educativo. La idea del gobierno balear es crear una única red con una serie de requisitos mínimos que especialmente afectan a las instalaciones y a la formación del personal.
Esta actitud del gobierno autonómico lejos de ser una "intromisión ilegítima", como argumenta la patronal de este sector, es un ejercicio de responsabilidad política del gobierno balear para garantizar al ciudadano una educación de calidad y con todas las garantías posibles, en un tramo como es el del 0-3 años que en las Islas Baleares ha experimentado un crecimiento considerable.
Desde ESCUELA siempre se ha defendido una Educación Infantil pública y gratuita. Con un profesorado especializado y unos perfiles profesionales de apoyo a la labor docente muy definidos. Con un currículo acorde a esta etapa educativa que tiene unas características propias, que la distinguen perfecta y claramente de la Educación Primaria y con unos requisitos en cuanto a instalaciones que hagan posible el desarrollo de las buenas prácticas requeridas para esta etapa tan importante en la formación de las personas.
Pero la apuesta del periódico ESCUELA sigue siendo un objetivo a conseguir en España, incluso algunas comunidades, como el caso de Madrid, se alejan cada vez más del horizonte deseado. El choque de modelo es un problema para la buena gestión del sistema educativo nacional. Ahí se va a jugar el ser o no ser de un sistema de calidad homogénea o similar en todas las comunidades autónomas. Ahí vamos a ver la altura política de nuestras comunidades autónomas. Ahí el Ministerio de Educación y Ciencia del Gobierno de España va a tener que emplearse a fondo aplicando con firmeza la Ley Orgánica de Educación (LOE) que rige los destinos educativos de todas las comunidades autónomas del país.
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