La Federación de Asociaciones de Directivos de centros educativos públicos, FEDADi, reunida en Almería los días 24, 25 y 26 de noviembre en su XXIV congreso ha elaborado un documento sobre la profesionalización de la función directiva, siguiendo la línea señalada por los diferentes informes publicados por organismos internacionales, y ha considerado oportuno efectuar la siguiente reflexión.La Constitución española, en su Título preliminar, asigna a los poderes públicos la responsabilidad de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas y remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud.
Más adelante, en su capítulo segundo, Derechos y libertades, incluye el derecho a la educación de todos los españoles y, además de declarar obligatoria y gratuita la enseñanza básica, encomienda a los poderes públicos que garanticen dicho derecho, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes.
Fuente: FEDADI Sigue leyendo en el desplegable.
Queda claro, por tanto, que la Constitución española considera la educación como un elemento básico para alcanzar unas condiciones mínimas de calidad de vida de los españoles, tanto en el plano individual como colectivo.
Sin embargo, en los últimos tiempos, el cumplimiento por parte de los poderes públicos de este mandato se ha vuelto más complicado, por la importante reducción de los recursos económicos disponibles. Los consiguientes ajustes obligan a tomar decisiones en muchos casos dolorosas y controvertidas. Es preciso, pues, efectuar con la debida antelación un análisis riguroso de la prioridad que hay que conceder a los distintos capítulos del gasto, entre los que se encuentra la educación.
Uno de los elementos fundamentales para el progreso de las sociedades es la educación. Es por ello que no debe ser considerada como un gasto que perjudica la recuperación económica, sino como una inversión de alta rentabilidad para la sociedad española en general y para cada uno de sus ciudadanos en particular.
La educación pública es el pilar sobre el que se asienta el derecho a la educación. No es posible garantizarlo ni, por consiguiente, la igualdad de oportunidades, si no existe una red de centros de titularidad pública lo suficientemente amplia para la escolarización del alumnado.
Ahora bien, la sola existencia de los puestos escolares no garantiza la calidad de la educación. Para alcanzar los niveles de calidad que la ciudadanía demanda, es preciso que dichos centros educativos estén dotados de los recursos humanos y económicos necesarios, y que los poderes públicos, con el asesoramiento de los expertos en el tema y de las Direcciones de los centros, acuerden las líneas básicas de la organización de todas las actividades educativas que en ellos se desarrollan.
A partir de estas premisas, queda claro que no podemos compartir las actuaciones y declaraciones de algunos responsables de la educación en determinadas CCAA, que de forma precipitada, sin consultar con los expertos y sin medir las consecuencias de las medidas adoptadas, han puesto en cuestión la Enseñanza pública, abriendo heridas profundas en sus respectivas comunidades escolares y poniendo en duda la competencia y la dedicación de los profesionales de la educación, enfrentándoles con el resto de la sociedad como si fueran ellos responsables de la crisis económica.
Hoy más que nunca es necesario aunar los esfuerzos de todos los sectores implicados para alcanzar un pacto educativo. FEDADi reitera su ofrecimiento para colaborar en la búsqueda de soluciones que contribuyan a garantizar la igualdad y el derecho a la educación mediante el desarrollo de una enseñanza pública de calidad.
Almería, 26 de noviembre de 2011
No hay comentarios:
Publicar un comentario