El sistema educativo chileno fomenta la desigualdad, según la Unesco

Si donde pone Chile lees Madrid, el análisis es perfecto

El sistema educativo chileno fomenta la desigualdad y la exclusión, según un informe recientemente difundido por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en Santiago de Chile. El estudio, de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de la Unesco, analiza el sistema educativo chileno y lo compara con el argentino, el uruguayo y el del uno de los países paradigmáticos de la calidad educativa: Finlandia.

Entre los retos más significativos para Chile, el informe destaca la "debilidad" de la legislación del país austral para hacer frente a la desigualdad. "El sistema que caracteriza la educación chilena está orientado por procesos de privatización, que tienden a causar segmentación, exclusión, discriminación y desencadenar mecanismos selectivos", destaca el informe, encabezado por el exrelator de Naciones Unidas sobre el derecho a la educación Vernor Muñoz. "No hay duda de que las pruebas de admisión establecen criterios y efectos de diferenciación que en la práctica conducen a la selectividad y probablemente a la estigmatización", añade el estudio, y precisa que la legislación chilena prohíbe la discriminación en el trato a los estudiantes.

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Según la Unesco, el sistema de becas y subvenciones del sistema educativo de Chile "protege y beneficia a la iniciativa privada", lo que excluye la interpretación del concepto de educación entendida como bien público. Lo contrario ocurre en las legislaciones de Argentina y Uruguay, agrega, al considerar que resultan "muy explícitas" a la hora de restringir cualquier posibilidad de mercantilización de la educación, o de la finlandesa, que otorga garantías de oportunidades.

En Chile, la ley deposita en los padres y las comunidades un "alto nivel de responsabilidad" para asegurar la educación, impedir la discriminación u ofrecer una educación de calidad en desmedro del papel del Estado, "que debiera ser el garante de este derecho", según el informe. Un texto que recuerda que Chile firmó tratados internacionales, en particular el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que le obliga a tomar medidas "inmediatas y no postergables" para lograr gradualmente la gratuidad en la educación secundaria y universitaria.