El documento consensuado y abierto a estará disponible a finales de mayo, y se difundirá entre los colectivos y organizaciones que participan en este proyecto y en una página Web abierta a la ciudadanía en general. Se abrirá un proceso de análisis, discusión y toma de decisiones, que impliquen al máximo de personas, organizaciones y colectivos, con voluntad de transformación y mejora del actual estado de la educación. + info
Puedes ver en el desplegable las principales apuestas destacadas en el encuentro.
► La creación de una red única de centros de titularidad y gestión pública que progresivamente, y de manera voluntaria y negociada, integre a los centros privados-concertados.
► La universalidad del derecho a la educación mediante una oferta suficiente de escolarización pública y gratuita de 0 a 18 años que garantice el éxito escolar de todo el alumnado. Con una apuesta por la etapa 0-6 y la Formación Profesional.
► La reafirmación de los principios orientadores del sistema educativo: igualdad, diversidad, inclusión, participación, laicidad, coeducación, sostenibilidad, autonomía, cooperación y otros valores democráticos.
► La defensa de un sistema regido por el principio de inclusión en la organización del centro educativo y en el currículo, donde cada alumno y alumna tenga el apoyo necesario y en el momento en que lo necesite.
► La Laicidad del sistema educativo, lo cual supone sacar la religión en sus formas confesionales, del currículo y del ámbito escolar. También excluir la introducción de “sesgos ideológicos” particulares y de “adoctrinamiento” de cualquier otra naturaleza.
► Un currículo inclusivo que reconozca la diversidad individual, cultural y sexual, la igualdad entre los sexos y la crisis ecológica.
► Disponer de un profesorado comprometido y reconocido que actúen como verdaderos educadores/as y no sólo como enseñantes, formados en contenidos que sobrepasan los conocimientos específicos de las asignaturas y potenciando la cultura de la investigación e innovación educativa.
► Reformar la formación del profesorado en coherencia con el modelo educativo propuesto y en el contexto de experiencias prácticas donde cobre sentido y funcionalidad la formación para integrar los conocimientos de la materia, con el conocimiento vinculado a la enseñanza y los conocimientos prácticos.
► La formación permanente como derecho y obligación del profesorado en constante actualización.
► Garantizar la estabilidad de las plantillas docentes, su autonomía y la igualdad de condiciones laborales para poder construir con la comunidad educativa proyectos en equipo que favorezcan el desarrollo de centros participativos, democráticos y abiertos al entorno.
► Una dirección representativa, colegiada, voluntaria y renovable, con una limitación en el tiempo en el desempeño del cargo.
► Hacer una nueva ley de participación educativa que garantice la implicación real de la comunidad, abierta a las organizaciones sociales de los barrios, a colectivos educativos y sociales y asociaciones de padres y madres y estudiantes, así como a la colaboración entre políticas sociales y educativas que favorezcan la equidad y la cohesión social.
► Reclamar una política presupuestaria para educación que nos devuelva de inmediato, al menos, a la situación previa a la crisis y que se haga explícito el compromiso para estabilizar un aumento progresivo del gasto en educación hasta el 7% del PIB. Crear un fondo de compensación educativa para paliar desigualdades entre territorios.
► Utilizar la evaluación como instrumento necesario para mejorar los procesos educativos.
► Prescindir de la aplicación de pruebas externas que promuevan la homogeneización del aprendizaje y la confección de ‘rankings’, la jerarquización de los centros educativos y la segregación del alumnado.
► Dar voz a todos los agentes de la comunidad educativa en un proceso de evaluación democrática, entendiendo a ésta como no burocrática, informada, participada e implicada, en general, por toda la comunidad educativa.
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