¿LOMCE? Ley Orgánica para Menospreciar a la Ciudadanía y la Educación

Avance de la editorial de la revista Aula de Innovación Educativa de febrero de 2013

El proyecto de ley que nos ha ofrecido el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte suena a la anterior Ley del Gobierno de Aznar (la LOCE), que fue tan contestada por todo el sector educativo. O sea, volver a los mínimos, a la recentralización, a la letra con sangre entra y a la cultura del esfuerzo, medida por evaluaciones uniformes, por supuesto. Y esto lo dicen sin ningún tipo de pudor. Harán aquello que no pudieron hacer antes.

Y con la excusa de mejorar la actual situación educativa aparecen multitud de facetas ideológicas. Descaradamente ideológicas. ¿Es una futura ley para todos o únicamente para los grupos de interés que les prestan apoyo?


Vemos itinerarios tempranos en la ESO, que ha sido siempre la propuesta del Partido Popular para eliminar la comprensividad que instauró la LOGSE. Lo que se llama segregación temprana, sin agotar las estrategias de atención a la diversidad (¡ah, claro!, ¡no hay dinero!). Y vuelve a aparecer la obsesión política por la lectura, las matemáticas y las ciencias. El resto es paja, y más las lenguas propias de las comunidades que las tienen. Sin tener en cuenta que la lengua une y que las materias artísticas y culturales son necesarias para la educación de un país, para su cultura. Como tampoco puede olvidarse la necesidad de equilibrio de la educación del cuerpo y la mente.

Y con un modelo de evaluación y currículo de acuerdo con estas premisas centralizadoras aparece lo que ya se esperaba: las pruebas. El proyecto prevé implantar exámenes comunes para todo el alumnado del Estado al final de cada etapa no universitaria, que deberán ser superados para obtener los títulos de graduado en ESO y bachillerato. Hasta ahora, este tipo de pruebas correspondía a las comunidades autónomas.

La nueva ley atribuye también al Gobierno español la definición de los contenidos troncales del currículo. Pruebas para todo, y vuelve a aparecer la recentralización. Se nos presenta un modelo de enseñanza que no está basado en la educación del alumnado --como lo estaba hasta ahora--, sino en su evaluación. Es posible que la educación derive en crear un proceso para preparar a fin de superar pruebas, para estudiar lo que se preguntará. Ya no importa la búsqueda del placer de aprender y de descubrir el conocimiento, sino ganar una carrera de obstáculos. Es una segregación encubierta en la que la clasificación de aquellos colegios que superen más pruebas subirá en el ranquin de la clientela y en la que se rechazará al alumnado que tiene problemas para conseguirlo.

¡Pobres niños y adolescentes de esta época! Y más si son pobres o casi, porque ya sabemos que perjudicará a las clases más desfavorecidas de un entorno social económicamente bajo.

La ley tiene un marcado modelo ideológico, con una determinada forma de ver la realidad social y la educación. Y la visión que refleja el Gobierno del PP no es algo reciente, sino que ya la ponía de manifiesto hace años a través de su oposición a la ley de 1990. Siempre ha querido cambiar esta ley y todas sus derivaciones. Hoy está reforzado, está totalmente cerrado a otras visiones de la realidad.

En el proyecto aparece una visión conservadora de un contexto cierto e igual para todo el mundo, pero con oportunidades únicamente para las clases apoderadas, y un currículo único o cerrado que, lógicamente, lleva a una propuesta uniformadora y clasista (¿podemos decir antipedagógica?): pruebas, repetición, autoridad, olvido de las artes, segregación, desconfianza en el profesorado, conocimiento que sirve únicamente para la ocupabilidad, etc.

Volvemos al pasado. Y nos llevan a la resistencia. No nos queda más remedio que oponernos, como mínimo.