Cada vez que la Administración educativa pone en marcha cualquier programa de dotación de nuevos recursos en los centros escolares públicos empiezan a oírse inmediatamente solicitudes y demandas de idénticas dotaciones para el sector educativo privado. Da igual el tipo de dotación, equipamiento o recurso del que se trate. Desde complementos salariales del profesorado hasta equipamientos informáticos, pasando por líneas de transporte, comedores, aulas matinales, etcétera, todo es susceptible de ser reclamado a la Administración como un derecho. Y así lo hacen los representantes del sector de la enseñanza privada con el argumento de que todos los alumnos tienen el mismo derecho a una educación de calidad. También a representantes sindicales hemos visto exigir a la Administración mejoras económicas para los docentes privados, olvidándose quién es la empresa de esos trabajadores y quién su patronal.
Fuente: Colectivo Afilalápiz
Cuando hablamos de enseñanza pública y enseñanza privada no sólo estamos hablando de propietarios y titularidad de los centros (libertad de creación de centros donde a uno le parece bien), estamos hablando, sobre todo, de objetivos diferenciados en lo ideológico. Para sus titulares, los centros escolares privados, en su gran mayoría, tienen como seña de identidad y como objeto de la enseñanza un ideario de confesionalidad católica en contraposición al carácter aconfesional y laico que se le
supone a los centros escolares públicos.
POR OTRA parte, la red escolar pública debe garantizar una enseñanza de calidad para todos, independientemente del sexo, etnia, color o situación personal, social o económica, teniendo la integración y la inclusión como valores. La red privada llega a los que quiere llegar (en muchos casos de centros concertados, obviando incluso compromisos adquiridos en los conciertos), busca al alumnado que le interesa, le ofrece lo que considera oportuno y selecciona al profesorado que le conviene para ello. Es decir, los centros privados son iniciativas privadas conformadas por ideologías, valores e intereses privados. Legítimos, sí, pero privados. Poco que ver con los que se le supone a los centros públicos.
Desde el alumnado y las familias, también hablamos de diferentes cosas. No siempre la elección de centro obedece a razones estrictamente educativas y de calidad de la enseñanza. Muchas familias, más allá de lo religioso o lo educativo, eligen centros privados por razones puramente de carácter social. El profesor de Sociología de la Universidad Complutense, Enrique Gil Calvo, lo expresaba de este modo: "Si las familias españolas sacan a sus hijos de la enseñanza pública no es para evitarles el contagio racial o religioso de gitanos, negros o moros, sino para seleccionarles las amistades y relacionarles con compañeros de mejor extracción social. Es decir, envían a sus hijos a la escuela concertada por puro arribismo social, a ver si así se hacen
amigos más selectos y distinguidos, potencialmente predestinados a formar parte de las élites sociales (-). Lo cual demuestra que a las familias españolas no les interesa tanto el capital humano que adquieren en las aulas (enseñanza de calidad), comparativamente superior en los institutos estatales, sino el capital social que se adquiere en el patio del colegio privado (relaciones de compañerismo, amistad e influencia), cuyo valor de mercado depende del origen familiar y la extracción
social".
Si la libertad de crear centros educativos permite a unos hacerlo bajo idearios e intereses privados y la libertad de las familias llega hasta poder elegir un centro escolar para sus hijos por razones personales y, en muchos casos, escasamente justificables desde el punto de vista educativo del alumno, allá ellos, pero que no osen reclamar un solo céntimo de los dineros públicos.
Ni la Administración de todos se atreva a dárselo; sería tanto como financiar actitudes que están a un paso de la segregación, la discriminación y la exclusión social.
Publicado en El Periódico Extremadura 19/11/2008
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