Como el tiempo no elimina las injusticias ni quita razón a los argumentos reproducimos este artículo, una respuesta del pasado a las mentiras del presente.La educación infantil se está convirtiendo en un problema cada día más grave para cientos de familias en Vicálvaro.
La educación de 0 a 3 años tiene carácter educativo desde 1990, hace 18 años. Sin embargo, en todo este tiempo las administraciones estatal, autonómica y municipal no han sido capaces de crear una estructura de centros públicos que satisfaga, ni de lejos, la demanda de este servicio básico. Ni siquiera hay una normativa de mínimos de carácter general para todo el Estado. Ese vacío es el que aprovechan comunidades autónomas, como la de Madrid, para imponer normativas que favorecen descaradamente a la iniciativa privada.
Publicado en Rebelión el 28.04.2008
Acaba de publicarse un estudio* sobre la situación de la educación infantil en España, con datos oficiales ofrecidos por las CCAA, que pone los pelos de punta. En el curso 2005-06 había 1,14 millones de niños de 0 a 3 años. De ellos tuvieron plaza en algún centro público o privado 339.564.
En ese mismo curso la demanda "posible", es decir, familias en las que trabajan los dos miembros de la pareja, y familias monoparentales, era de casi 700.000. Es decir, que la mitad de las familias en las que todos sus miembros trabajan no pueden llevar a sus hijos a ningún tipo de centro educativo, ni público ni privado, por falta de plazas. ¿Cómo pretenden que se pueda dar ni de lejos una mínima "conciliación laboral-familiar"? Sin la ayuda de los abuelos esta situación sería insostenible.
Están jugando una función social que no es capaz de asumir la administración. Pero como eso no es algo al alcance de todo el mundo como, por ejemplo, los inmigrantes, se crean las condiciones favorables para que se extiendan sin control los chiringuitos ilegales (guarderías en empresas, ludotecas haciendo de guarderías, guarderías sin licencia municipal ni educativa, pisos guardería...). Sólo en Madrid son 500 los locales "de recogida de bebés" ilegales, según calculan lo expertos. En Madrid, según el estudio citado, faltan 40.806 plazas infantiles para cubrir la demanda "posible".
A esa demanda "posible" habría que añadir, además, aquellas familias que aunque no trabajen los dos miembros sí desean llevar a sus hijos a una escuela infantil. También hay que añadir que el número de niños en esa edad en 2008 es muy superior a la de 2005- 06, habiéndose sobrepasado el millón cuatrociencos mil, creciendo mucho más deprisa que lo hace el número de plazas públicas disponibles. En definitiva, que la demanda «real» es aún mayor que esa que han llamado «posible».
Ante esta situación la CAM (y el Ayuntamiento de Madrid), en vez de hacer un plan ambicioso de creación de nuevas escuelas infantiles para satisfacer esta necesidad social, legislan y actúan reduciendo los requisitos de calidad que se exige a los centros infantiles para poder legalizar más fácilmente los chiringuitos-negocio y que proliferen por doquier. Con una décima parte de lo que se ha gastado en enterrar la M-30, que no ha resuelto el problema del tráfico en Madrid, se habrían podido construir 200 Escuelas infantiles públicas. Por lo menos nos hubiéramos endeudado para algo que merecía la pena de verdad.
Pero es evidente que no les interesa. Es más fácil "crear" 3.000 nuevas plazas hacinando más niños en las mismas aulas, sin invertir ni un duro. El nuevo decreto de la CAM que fija mayor ratio por aula, menos educadores de apoyo, menos espacio para los niños, menos recursos en los centros, patios prescindibles, menor titulación de los trabajadores..., no sólo significará un grave retroceso en la calidad de la educación infantil sino que tiende a igualar a la baja a públicas y privadas, las de más calidad con las de menos.
Es un atentado contra los derechos de los niños; lo es también contra los derechos de los trabajadores; y, solo favorece a quienes quieren hacer negocio con las necesidades de las familias con el menor coste posible.
Ante el decreto de la CAM el grupo de IU de Vicálvaro hizo una proposición al Pleno para que se retirara. El PP, una vez más, ni siquiera admitió a debate la proposición. El veto y la censura, justificados con excusas burocráticas y la consabida falta de competencias reiterada hasta la saciedad, van unidos a la imposición legislativa. A pesar de ello, presentamos una moción de urgencia para pedir que el aumento de la ratio no se aplique en las dos escuelas infantiles públicas del distrito.
Con argumentos tan preclaros como que "la normativa ya está en vigor y las leyes están para cumplirse" o que el aumento de plazas se dará "sin deterioro de la calidad", el PP rechazó la moción que sólo fue apoyada por los grupos de IU y PSOE.
*Calidad de los servicios para la primera infancia y estimación de la demanda. Universidad de Vic.
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