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La realidad es que en la actualidad existe una demanda insatisfecha de plazas en centros públicos que imparten el primer ciclo de educación infantil, los centros privados son escasos en algunas zonas y suponen un acceso limitado para las familias menos acomodadas, los servicios están distribuidos deuna manera muy desigual en el territorio y, para colofón, existe un gran desconocimiento sobre las preferencias y la magnitud de demanda real y latente de servicios por parte de las familias.
El análisis de la oferta actual de plazas se ha llevado a cabo en el ámbito territorial más pequeño para el que se dispone de datos: Comunidades Autónomas y provincias. En función de los niveles de cobertura se plantean tres propuestas de ampliación de la oferta.
Los argumentos a favor de la necesidad de ampliar la oferta son el debilitamiento de las redes familiares que tradicionalmente han asumido la responsabilidad de los más pequeños, el aumento progresivo de la participación de la mujer en el mercado de trabajo,la demanda creciente de ampliar el sistema educativo público y el rejuvenecimiento de la población asociado a la migración.
Por encima de estos factores, se argumenta que el acceso igualitario a los servicios promueve los derechos individuales frente a la dependencia familiar o el uso de las redes informales de cuidados entre las familias de menores rentas, así como facilita la conciliación entre el trabajo remunerado y la crianza de los hijos. La conciliación forma parte de las políticas de igualdad de género, que cobran una especial relevancia en el contexto actual caracterizado por altas tasas de actividad entre mujeres más jóvenes, una maternidad tardía y un nivel de fecundidad que se sitúa entre los más bajos de los países occidentales.
La escolarización a una edad temprana también estimula las habilidades cognitivas de los niños y favorece el rendimiento escolar posterior. De esta forma, representa un mecanismo de igualdad de oportunidades, porque previene la pobreza a través de su esfuerzo por compensar determinadas carencias educativas. A las autoridades competentes les corresponde garantizar, conforme marca la LOGSE e indistintamente de la renta o circunstancias familiares de los padres, el principio de igualdad de oportunidades educativas de “los ciudadanos más pequeños”.
El desarrollo de los servicios de atención a la primera infancia, por tanto, exige, de entrada, un desarrollo del mapa escolar de la oferta actual –pública y privada– de plazas de educación infantil debidamente desglosado por edades y por municipios. De igual manera, es necesario el mapa escolar de la demanda real y latente de servicios a la primera infancia. Sugerimos que la Encuesta de Población Activa podría apoyar esta evaluación de la oferta y de la demanda.
La transparencia de la gestión pública conlleva que el ciudadano conozca el compromiso de las diversas administraciones y su contribución real en inversiones de gestión y mantenimiento de los centros de educación infantil.
Los desequilibrios territoriales en escolarización infantil debieran resolverse mediante los ayuntamientos como gobiernos más cercanos al ciudadano.
Los criterios de acceso a plazas públicas han de ser ampliados para promover la real conciliación familiar y laboral.
El beneficio para el desarrollo del niño y, dada la escasez de servicios para la infancia, obliga a promover los servicios de carácter público que tienen un impacto mucho más distributivo sobre las familias y hace que todos los menores tengan el derecho de escolarización con garantías mínimas de calidad.
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