Declaración Conjunta en favor de la Educación. 17 de septiembre de 1997 .

La historia se repite dos veces: una como tragedia y la otra como sainete.


0.1 La Constitución, en particular los artículos 27 y 10, constituye el marco de encuentro de los sectores políticos y sociales en relación con la educación. Las entidades que suscribimos este documento reconocemos el valor de los principios en él garantizados y los progresos que España ha realizado en los últimos veinte años para modernizar sus sistema educativo. También somos conscientes de las insuficiencias que todavía subsisten.

A estas carencias se une el riesgo, siempre actual, de sucumbir a la vieja tentación de tejer y destejer según se produzcan los legítimos cambios de gobierno. En estos momentos, en que está en marcha una profunda reforma educativa impulsada especialmente a partir de la aprobación de la LOGSE, las entidades firmantes de este documento creemos que es necesario lograr un clima de concordia y estabilidad que garantice la consecución de los grandes objetivos que deben orientar la educación española de cara al próximo milenio.

En consecuencia, respaldamos las líneas básicas de la reforma sin que esto signifique una rígida aprobación de todas sus propuestas, admitiendo las modificaciones que la propia experiencia vaya poniendo de relieve, tal y como, por otra parte, esta misma ley proclama en un preámbulo.

0.2 La educación española, en sus aspectos básicos, no puede quedar sometida a los vaivenes de la coyuntura política y económica. Creemos por tanto que la educación debe ser considerada en estos momentos una cuestión de la máxima prioridad. Desde esta perspectiva, la educación ha de ser objeto de una política de Estado que garantice los medios, las estrategias y los recursos necesarios para hacer frente al más grande los retos planteados: el logro de una educación de calidad compatible con los principios de equidad social y libertad.

0.3 Las entidades firmantes de este documento asumimos una actitud activa en defensa de los objetivos propuestos y pedimos a todas las fuerzas parlamentarias, al Ministerio de Educación y a todas las Administraciones Educativas competentes una respuesta precisa y completa. Una respuesta que debe iniciarse con un acuerdo parlamentario que asegure una financiación suficiente para la implantación de la reforma educativa y que debe hacer posible el cumplimiento progresivo de los puntos contenidos en este documento. La firma conjunta de esta declaración no supone compartir los mismos puntos de vista en los problemas educativos como consta en los escritos que presentan las organizaciones en relación con la firma de la presente Declaración, que constituyen la memoria de la misma que se facilitará a los firmantes. No obstante hemos preferido destacar, por bien de la educación, aquellos objetivos básicos que, en un planteamiento equilibrado, nos unen en su defensa: la aplicación de la igualdad de oportunidades en el acceso a los bienes de la educación; la extensión de la educación básica, obligatoria y gratuita hasta los dieciséis años; la integración del alumnado en la educación básica; la mejora de la educación secundaria; la transformación de la formación profesional; el desarrollo profesional de los/las docentes, el reconocimiento de la importancia de su trabajo y el compromiso en promover su valoración social; la consideración del centro escolar como eje fundamental del sistema educativo; el carácter básico de la educación como servicio público y de interés social, que integra tanto la enseñanza pública como la enseñanza concertada, con su actual equilibrio en el respeto a los principios constitucionales; el apoyo a la participación de los distintos sectores que constituyen la comunidad educativa; finalmente, la programación general y la ordenación territorial de la educación dentro de la unidad básica del sistema educativo. Para responder a todas las exigencias que se derivan de este acuerdo es necesario que el Gobierno y la Comunidades Autónomas garanticen la financiación que se precisa.

0.4 Creemos que es necesario en la hora actual un nuevo impulso a la educación que permita hacer frente a los grandes retos nacionales y europeos que tenemos planteados. Este nuevo impulso debe ser fruto de un amplio acuerdo que cree un clima de seguridad en el conjunto de la sociedad y en todos los miembros que forman parte de la comunidad educativa y que genere una mayor confianza en las posibilidades de la reforma para mejorar el sistema educativo. Sobre estas premisas, la propuesta que realizamos establece los aspectos básicos sobre los que es posible hoy el amplio compromiso que la educación exige. Este compromiso se desarrolla en los puntos siguientes:

1. Estructura del sistema educativo.

1.1 Se mantendrá el objetivo de extender la educación obligatoria y gratuita hasta los 16 años y la organización de la educación secundaria en dos etapas: secundaria obligatoria de cuatro años de duración y postobligatoria (bachillerato y formación profesional específica). El carácter comprensivo de la organización de esta etapa será compatible con una progresiva diversificación, asegurándose a todos los centros los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar la debida atención educativa a la diversidad de situaciones en que se encuentre el alumnado. Se evitará cualquier tipo de segregación del mismo a lo largo de todo el proceso educativo.

1.2 En la definición de la red de centros deberán participar las Comunidades Autónomas y colaborarán las organizaciones sociales y sindicales con el fin de tener en cuenta sus inquietudes y propuestas, con el objetivo de que al término de la aplicación de la reforma la etapa de educación secundaria obligatoria se imparta en institutos, centros concertados de secundaria y centros integrados.

1.3 Se impulsarán las iniciativas políticas, legislativas y organizativas necesarias para la configuración de un sistema integrado de formación profesional que amplíe la oferta existente, mejore la gestión y la coordinación de las Administraciones implicadas y permita el establecimiento de una formación profesional más adaptada a las necesidades de la sociedad, considerando a los centros educativos como eje de la formación profesional reglada. En todo caso las Administraciones Educativas prestarán una especial atención a este tipo de formación profesional.

1.4 La organización de las enseñanzas se realizará con criterios flexibles, favoreciéndose la autonomía de los centros y la atención a la diversidad del alumnado.

2. Financiación de la Enseñanza.

2.1 La enseñanza pública, que tiene responsabilidad básica de universalizar la instrucción educativa, necesita que las Administraciones Educativas le otorguen una atención especial que le permita ofrecer una enseñanza de calidad contrastada. Por ello, durante los próximos años deberá incrementarse el esfuerzo presupuestario para completar la red de institutos de educación secundaria, desarrollar la formación profesional, incorporar la plantilla necesaria del profesorado y personal de servicios, dotar a todos los institutos de secundaria de departamentos de orientación y colaborar con ellos para mejorar sus instalaciones, asegurar el transporte y el servicio de comedor necesarios, ampliar la oferta de plazas en la etapa de educación infantil e incrementar los programas de garantía social. Al mismo tiempo se iniciará un nuevo sistema de incentivos profesionales a los profesores basado en criterios objetivos de mérito y capacidad.

2.2 La potenciación de la enseñanza pública por parte de la Administraciones Educativas, responsables en última instancia de su buen funcionamiento, deberá armonizarse con el derecho de la enseñanza privada a recibir fondos públicos a través del concierto educativo, de acuerdo con las necesidades objetivas de escolarización y según la actual legislación establecida. El conjunto de centros que reciban estos fondos deberán estar sometidos a las mismas condiciones de control social. Igualmente deberá realizarse una programación de la oferta educativa, en la que participen los distintos sectores sociales, que asegure el derecho a la educación, la buena gestión de los recursos públicos y la posibilidad de escoger centro docente dentro de la oferta de puestos escolares gratuitos, en condiciones de igualdad.

2.3 Todos los centros sostenidos con fondos públicos deberán recibir los recursos necesarios para cumplir sus objetivos con criterios de calidad y deberán estar comprometidos con la escolarización del alumnado con mayores problemas sociales y culturales o con necesidades educativas especiales. Los centros que efectivamente escolaricen a estos alumnos y alumnas, evitando que haya un número elevado sólo en algunos centros, recibirán los medios complementarios que sean necesarios con el fin de garantizar una educación de calidad.

2.4 Se extenderá la gratuidad de la enseñanza hasta los 16 años y, en consecuencia, se ampliarán los conciertos educativos hasta el final de la educación secundaria obligatoria. De esta forma deberán asegurarse los recursos suficientes para que los centros concertados dispongan de los medios pedagógicos y departamentos de orientación que permitan también ofrecer una enseñanza de calidad a su alumnado.

2.5 En la medida en que se cumplan los compromisos presupuestarios, especialmente los contemplados en los apartados anteriores, que se reclaman en este documento, habrá que proceder a la fijación de los módulos económicos en función de las características de las nuevas enseñanzas, lo que supondrá conocer con precisión los equipos docentes y directivos necesarios, el coste del puesto escolar y se desarrollarán y continuarán los sistemas de financiación con corporaciones locales, otras administraciones públicas, cooperativas de enseñanza y entidades privadas titulares de centros concertados, sin fines de lucro, para ampliar la oferta gratuita del segundo ciclo de la educación infantil. En este proceso tendrán prioridad aquellos centros que escolarizan alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales o que proceden de minorías étnicas o culturales. De esta forma se dará respuesta a las demandas de las familias que escolarizan a sus hijos/as en estos centros. Al mismo tiempo se asegurará el control social de los fondos públicos y el acceso de los alumnos y alumnas que lo soliciten sin ningún tipo de discriminación.

2.6 Estos compromisos deberán plasmarse en un plan de financiación de cinco años de duración, que sea aprobado por las fuerzas parlamentarias y que asegure, a través de las medidas legislativas que se consideren oportunas, su inclusión en los presupuestos generales del Estado. De esta forma, al final de este proceso, el gasto público en educación será del 6% del P.I.B., equiparable al de los países de la Unión Europea que otorgan una mayor prioridad a la educación.

3. Desarrollo Profesional y valoración del profesorado.

3.1 Se propone diseñar un nuevo marco de incentivos profesionales y retributivos para el profesorado que supere el actualmente establecido y asegure nuevas perspectivas profesionales. Estos nuevos incentivos deberán basarse en criterios objetivos, deberán ser negociados con los representantes sindicales del profesorado y estarán vinculados, principalmente, a la valoración de la práctica docente, a proyectos de innovación o al trabajo en equipo. La Administraciones Educativas reconocerán y facilitarán la tarea de investigación educativa a través de la práctica docente. Igualmente, promoverán la movilidad del profesorado dentro de las distintas etapas del sistema educativo en su conjunto.

3.2 Durante estos años es especialmente importante ampliar la oferta de formación al profesorado, tanto desde los centros de profesores y de recursos como desde la universidad, desde los movimientos de renovación pedagógica y desde las instituciones y agentes sociales comprometidos con la formación así como mejorar las condiciones de trabajo del profesorado para favorecer la práctica docente.

4. Funcionamiento de los Centros.

4.1 Los centros, preservando el papel que le corresponde al Claustro de Profesores en los aspectos didácticos, tendrán autonomía para establecer un proyecto educativo propio, en cuya elaboración participará la comunidad educativa y del que se informará a todos sus miembros para favorecer un mayor compromiso en su funcionamiento. De esta forma, y a través de la participación de todos los sectores educativos, se avanzará hacia una enseñanza de mayor calidad para todo el alumnado. Esta participación de la comunidad educativa se mantendrá en la elección del director o de la directora.

4.2 La evaluación de los centros sostenidos con fondos públicos deberá permitir que cada comunidad educativa conozca el funcionamiento de su centro y pueda acordar programas para mejorarlo. Las evaluaciones que se realicen deberán tener en cuenta el contexto socioeconómico de los centros, el nivel inicial del alumnado que en él se escolarizan, los procesos educativos y los resultados que se obtienen. La evaluación deberá ampliarse al funcionamiento de la Administraciones Educativas.

4.3 La importancia de la participación para el mejor funcionamiento de los centros sostenidos con fondos públicos reclama una especial potenciación de la formación y financiación del movimiento asociativo de padres y madres del alumnado, de las asociaciones de éstos y de la comunidad educativa en general. Las Administraciones Educativas propiciarán e impulsarán cuantas iniciativas aseguren una mayor participación de cualquier estamento de la comunidad educativa en los centros sostenidos con fondos públicos.

5. Política de Educación Compensatoria.

5.1 Los poderes públicos deberán ampliar sus programas de educación compensatoria. El Ministerio de Educación incorporará e incrementará progresivamente un capítulo presupuestario específico destinado a colaborar con las comunidades autónomas que tengan que escolarizar a un mayor número de alumnado que se halle en situaciones sociales o culturales desfavorecidas. Asimismo se incrementarán las becas y ayudas al estudio para la enseñanza no obligatoria.

5.2 Las condiciones específicas en las que estudian los/as alumnos/as que viven en la zona rural exigen un mayor esfuerzo a las Administraciones Educativas para asegurar que estos/as alumnos/as acceden a la enseñanza en condiciones de igualdad.

6. Las Transferencias Educativas y la Cooperación entre todas las Administraciones Públicas.

6.1 El compromiso de completar este año las transferencias en materia educativa plantea una nueva dificultad, aunque sólo sea en sus primeros momentos, a los problemas de aplicación de la reforma. Es necesaria una estrecha coordinación entre todas las Administraciones Educativas que conduzca a que la ciudadanía valore positivamente este proceso. Se impulsará la participación de todos los agentes sociales en este proceso, especialmente a través de los consejos escolares autonómicos.

6.2 El acuerdo que desde este documento se propone debería servir para realizar estas transferencias con un compromiso parlamentario de financiación y para asegurar, a todas las comunidades autónomas, los recursos necesarios para completar la reforma emprendida. De esta forma será posible garantizar la cooperación entre todas las Administraciones Educativas en un marco educativo básico común, estable y con criterios de calidad homogéneos, dentro de un clima de colaboración, solidaridad y confianza en el futuro de la educación.

6.3 En consecuencia, las entidades firmantes de esta declaración nos dirigimos a todas las fuerzas parlamentarias, al Ministerio de Educación y a todas las Administraciones Educativas competentes, para que apoyen decididamente estos objetivos, que consideramos necesarios para la educación en nuestro país y se ofrecen a mantener con todas las autoridades educativas un diálogo constructivo.

6.4 Finalmente, la Fundación Encuentro hace público su agradecimiento a las entidades que han participado en la elaboración de esta Declaración por la atención que han prestado a su convocatoria y por el clima de diálogo que ellas mismas han conseguido. La misma Fundación se atreve a rogar a todas las fuerzas sociales de la comunidad educativa que mantengan la concordia lograda y que, a través de futuras reuniones, acerquen aún más sus puntos de vista y refuercen la integración de la comunidad educativa. Es la mejor contribución que pueden hacer a la noble y trascendental tarea educadora.

Y para que conste, firman la presente Declaración los representantes de las entidades que figuran a continuación.

Confederación Española de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (CEAPA)
Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA)
Federación Española de Religiosos de la Enseñanza (FERE)
Federación de Enseñanza de CCOO
ANPE-Sindicato Independiente
FETE-UGT
Confederación de Centros de Educación y Gestión (EG)
Secretariado de la Escuela Cristiana de Cataluña (SECC)
Asociación Profesional "Serveis Educatius de Catalunya"
Confederación Cristiana de Asociaciones de Padres de Alumnos de Catalunya
Asociación de Profesores de las Escuelas Cristianas de Cataluña
CSI-CSFI
FSIE
Confederación de Movimientos de Renovación Pedagógica (MPR)
USO
Unión Española de Cooperativas de Enseñanza
Confederación Autónoma Nacional de Asociaciones de Estudiantes (CANAE)



Adhesiones Personales y otras entidades:
D. Raúl Vázquez
D.Manuel de PUELLES
D. Álvaro Marchesi
D. José Mª Martín Patino
Asociación de Centros por la Escuela Pública (ACEP)
Centro de Actividades Pedagógicas de la Fundación Tomillo (CAPTO)


Fecha de la firma: 17 de septiembre de 1997