Una lectura de los análisis de las medidas recientemente aprobadas por el Gobierno produce la impresión de que la causa principal del actual déficit público es un exceso de gasto, una consecuencia del uso irresponsable de la política fiscal que los mercados han parado en seco. Este diagnóstico ignora la verdadera raíz del problema. La situación actual del Gobierno y las medidas que ha tomado, perjudicando a buena parte de su electorado y contradiciendo su propio discurso, no son consecuencia de un exceso de gasto, sino de una falta de recaudación. La distinción no es baladí.Parece indiscutible que con un déficit en torno al 11% del PIB y un paro dos veces por encima de la media de la OCDE, la economía española es un perro esquelético bajo el ataque de pulgas especialmente rabiosas. Pero sería conveniente reflexionar sobre la naturaleza exacta de las pulgas, y de cómo librarse de ellas a largo plazo.
Fuente: El País 20.05.2010.
En primer lugar, comparativamente, es difícil argumentar que el problema sea el Estado. La deuda pública en España representa un 55% del PIB. Esta cifra puede parecer alta, pero se encuentra 20 puntos porcentuales por debajo de la media de la zona euro. En cuanto al déficit, su nivel actual es muy similar al de países que no han sido objeto de la desconfianza de los mercados financieros (como Reino Unido o Estados Unidos).
La vulnerabilidad de la deuda soberana española en los mercados financieros ha sido causada principalmente por la deuda combinada del sector público y el privado. Esta deuda asciende a la apabullante cifra de 1,7 billones de euros (un no menos escalofriante 170% del PIB). La debilidad económica del Estado es, por tanto, la consecuencia de su responsabilidad como garantizador público de una masiva deuda privada (surgida de una burbuja inmobiliaria también sufrida en otros países).
La primera paradoja de las medidas anticrisis anunciadas por Zapatero es, por tanto, que hacen pagar el precio de la crisis a aquellos que menos responsabilidad tienen en haberla causado. Los mercados financieros están intranquilos por el tamaño de una deuda que es sobre todo privada, pero no se ha tomado ninguna medida que afecte a los actores que se beneficiaron de esta situación. En vez de esto, la solución propuesta por el Gobierno es un plan de ajuste de una austeridad hasta ahora desconocida.
La segunda paradoja es quizás más importante. Las medidas actuales se toman para calmar a las pulgas, y por eso se concentran en partidas de gasto que generan efectos inmediatos en la reducción del déficit, pero no ayudan a resolver el problema de base, la delgadez del perro. Más bien, todo lo contrario. La ralentización de la recuperación económica asociada a la contracción presupuestaria generará todavía menores ingresos, y obligará probablemente a más recortes. Para romper este círculo vicioso es necesario plantearse reformas que refuercen la capacidad fiscal del Estado para conseguir los objetivos presupuestarios fijados por Zapatero (sin duda necesarios), pero repartiendo los costes de manera más justa (y no castigando únicamente a asalariados y pensionistas).
Los países que han sido capaces de combinar crecimiento e igualdad, por ejemplo los países escandinavos, recaudan entre 7 y 9 puntos porcentuales del PIB más que España, aunque la distribución de la carga fiscal grave, en términos relativos, más al factor trabajo y al consumo que al capital (solo así se preservan los necesarios niveles de inversión). De esta manera, según datos de la OCDE para 2005, la tasa efectiva media sobre la renta de trabajo y consumo en Suecia es del 58% mientras que la tasa efectiva media sobre las rentas del capital es del 32%. En las economías continentales las cifras son algo más equilibradas: por ejemplo, la tasa sobre las rentas de trabajo y consumo en Francia es del 49%, mientras que la tasa sobre las rentas de capital es del 30%. Por último, en EE UU, los mismos indicadores son, respectivamente, el 27% y el 29%.
¿Y España? El Gobierno grava el trabajo y el consumo al 37%, por encima de Estados Unidos y al mismo nivel que Reino Unido, y el capital al 17%(!), el valor más bajo de toda la OCDE. Si a esto sumamos unos niveles de fraude fiscal que las distintas estimaciones sitúan, como mínimo, entre el 4% y el 8% del PIB, resulta fácil comprender por qué el Estado tiene que recurrir al déficit para financiar la respuesta a la crisis. Lo que resulta menos comprensible es que después de seis años de Gobierno de izquierdas sigamos con una estructura fiscal tan excepcional en comparación a los países de nuestro entorno.
Dadas estas características, el sistema fiscal español incurre en una forma perversa de redistribución: la que se produce desde aquellos que tributan a través de retenciones ex ante en sus ingresos (asalariados, pensionistas, funcionarios) a aquellos que tributan ex post vía ingresos declarados (autónomos, profesionales, empresarios) y a las empresas. Esta transferencia opera a través de los ingresos que el Gobierno no recibe gracias a la bajísima tasa sobre las rentas de capital, de los que deja de recibir como consecuencia del fraude, y de los que agravan la carga fiscal sobre las rentas de trabajo y sobre el consumo. Las medidas anticrisis anunciadas por el Gobierno no hacen sino empeorar esta situación con un paquete de ayuda al sector financiero pagado por contribuyentes y pensionistas, y una reducción del salario real de estos últimos.
Preocupados por las pulgas, el Gobierno parece olvidar que las necesarias reformas del mercado de trabajo y del modelo productivo tienen importantes costes. Como saben bien en las economías coordinadas del norte de Europa, no se pueden activar los mercados de trabajo sin invertir en programas de empleo y sin financiar con cargo al Estado los periodos de reciclaje de los trabajadores de sectores en declive. No se puede cambiar el modelo de contratación sin generar incentivos. Y no se puede llevar a cabo una transición hacia la economía del conocimiento permitiendo que las universidades continúen sin los recursos necesarios, sin crear un costoso entramado institucional que facilite una nueva relación entre la producción y la investigación.
Ninguna de estas reformas es viable en un Estado sin capacidad fiscal ni la legitimidad política que emerge de un sistema recaudatorio justo. Por esta sencilla razón, es hora de corregir la miopía que impide a los Gobiernos introducir las reformas necesarias para que el país rompa el círculo vicioso en el que se encuentra. Es evidente que la ruptura de este círculo no pasa por reducir el tamaño del Estado en relación a la economía, sino a través de una reforma del sistema fiscal.
Es obvio que una reforma de esta magnitud no se puede afrontar de golpe. Pero es precisamente una crisis económica lo que ofrece a los políticos la oportunidad de realizar reformas sustanciales (hasta hace unas semanas, rebajar en sueldo de los funcionarios en un 5% hubiera sido impensable). En palabras de Rahm Emanuel (jefe de Gabinete del presidente Obama), no se debe desperdiciar nunca una crisis seria.
Para empezar, es el momento de considerar una tasa sobre las rentas de capital más alta y, por lo tanto, más acorde con el modelo europeo. Incrementar los impuestos sobre los beneficios de la banca daría legitimidad política a este Gobierno y mandaría un mensaje claro a la coalición que lo sostiene acerca de los objetivos redistributivos de Zapatero. Una subida de los impuestos a rentas altas haría lo mismo. En este respecto, el Gobierno español simplemente seguiría la senda de medidas similares anunciadas por Gobiernos que difícilmente podríamos calificar de izquierdistas (Sarkozy en Francia y Cameron en Reino Unido). Por último, es indispensable combatir de una manera seria el fraude fiscal.
Estas medidas podrían ayudar al Gobierno a recuperar el pulso político y a reconstruir su coalición electoral. De otro modo, asistiremos a una última paradoja: el partido cuya política facilitó la creación de la burbuja inmobiliaria, que premia a sus líderes acusados de corrupción, retomará el poder para imponer medidas todavía más absurdas y más injustas que las anunciadas estos días. Todos deberíamos recordar aquel proverbio chino que dice que lo primero que hay que hacer para salir del pozo es dejar de cavar.
Pablo Beramendi y David Rueda son profesores de Ciencia Política en la Universidad de Oxford.
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