La Federación Francisco Giner de los Ríos considera que, en estos últimos años, estamos siendo testigos del deterioro de la integración educativa en nuestra Comunidad y de sus consecuencias: la paulatina expulsión de la educación pública ordinaria de los niños y niñas con necesidades educativas especiales.
Esta realidad se ha visto agravada este curso con notificaciones verbales a las familias, por personal de las Direcciones de Área, en donde se les avisa que en la revisión de primavera de los dictámenes de escolarización “seguramente” éstos sean modificados para que los niños con necesidades especiales, que actualmente están escolarizados en colegios ordinarios, sean llevados a Colegios de Educación Especial.
Estamos hablando de niños que hasta ahora están perfectamente integrados en sus aulas, recibiendo apoyos que, cierto es, muchas veces son insuficientes. Pero estos niños tienen compañeros y amigos “ordinarios”, comparten aprendizajes, ocio, cumpleaños, hermanos en el centro. Y ahora se les pretende echar de sus coles.
La FAPA considera que estos cambios de escolarización no están motivados por las situaciones de enseñanza-aprendizaje de los niños, ni siquiera de modificaciones en las circunstancias personales, sino que son fruto del desmantelamiento sistemático, por una visión ideológica inaceptable, al que están siendo sometidos los centros públicos y en particular la compensación educativa en la Comunidad de Madrid.
Sabemos que la integración en Madrid aún está “en pañales” y que hay muchas mejoras que implementar, pero somos conscientes de la necesidad de construir un modelo de educación inclusivo dando con ello los pasos adecuados para respetar el derecho a la educación de todos los niños y niñas. Y estamos siendo testigos, una vez más, del deterioro consciente por parte del Gobierno de la Comunidad del sistema educativo público madrileño.
La retirada y falta de recursos, sobre todo humanos, debido a los recortes en la educación, se traducen en la atención a los niños con necesidades especiales en:
• Cierre de aulas de apoyo intensivo, de enlace, de refuerzo,...No hay que olvidar el último ataque a la educación inclusiva a principios de curso, cuando no se renovaron los contratos a los especialistas de apoyo que llevaban años trabajando con los niños (integradores sociales, fisioterapeutas y diplomados en enfermería) incumpliendo las bases de las Bolsas de Trabajo y que ha sido declarado nulo por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, pero que no se han reincorporado aun.
• Disminución del número de docentes y especialistas.
• Subida de ratios incompatibles con una atención mínima de calidad en el aula, más aún cuando puede haber 2 niños y niñas con NEE por clase.
• Imposibilidad material por parte de los docentes de buscar y adaptar materiales a los diferentes estilos de aprendizaje, viéndose obligados a circunscribirse a las programaciones generales que no dan respuesta al alumnado con diversidad, ni realizando las adaptaciones curriculares pertinentes.
• Desmantelamiento de equipos de orientación y apoyo.
• Orientadores “itinerantes” que apenas pasan 2 horas semanales en centros preferentes con más de 23 niños con NEE, más el resto de alumnado que puede presentar dificultades en el aprendizaje y debe ser evaluado.
• Listas de espera de niños y niñas con necesidades especiales para ser evaluados por el equipo de orientación.
La educación inclusiva es un derecho y los niños y niñas con necesidades especiales están siendo víctimas del desmantelamiento progresivo que el Gobierno de la Comunidad de Madrid está haciendo con la educación pública. Ellos y sus familias están siendo expulsados del sistema, siendo ésta una discriminación en toda regla.
No queremos que los niños estén segregados en centros especiales, separándolos de sus amigos, de sus hermanos, de su entorno. Queremos una educación en igualdad de condiciones con los debidos apoyos y la atención de todas las necesidades.
Por ello exigimos que se tomen medidas urgentes sobre este asunto, ya que son muy graves los perjuicios sufridos por este alumnado, así como inaceptable la indefensión a la que están sometidas estas familias. Se estará vulnerado el derecho fundamental a la educación, ya que están siendo apartados y excluidos del sistema general de educación, por lo tanto empujados una mayor exclusión social.
26 de febrero de 2014
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