Estas últimas semanas y meses hemos sido conocedores de las disposiciones y objeciones que se dan en algunas comunidades autónomas referidas a la Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos. En algunos casos, se alienta el falso derecho de las familias a la objeción a la asignatura con el pretexto de que la Educación para la Ciudadanía corresponde al ámbito privado de la familia.
Y, en otros, se da un trato vejatorio a la profesionalidad de los docentes, imponiéndoles la traducción a una idioma extranjero -por parte de un segundo profesor presente en la clase cuya única función es la de traductor-, ignorando de forma inaceptable la planificación metodológica y pedagógica de la materia que corresponde a cada equipo docente, en uso responsable de la autonomía curricular que le corresponde.
Fuente: Edukoteka
Los Movimientos de Renovación Pedagógica, con respecto a la Educación para la Ciudadanía, siempre nos hemos manifestado a favor de un planteamiento de centro que vaya más allá de la consideración de ésta como una simple asignatura; en concreto, apostamos porque todo el centro (y sus espacios, todas sus horas y actividades, lectivas o no) sea un espacio común de vivencia de los valores cívicos.
Pero la gravedad de los hechos citados, que atentan a la misma legitimidad de la asignatura nos lleva a manifestar:
* Nuestra más firme repulsa al carácter autoritario y ridículo de las medidas propuestas por la Conselleria d'educació de la Comunitat Valenciana.
* Nuestra solidaridad con los compañeros y compañeras docentes que, negándose a participar en este montaje bochornoso, defienden su/nuestra dignidad profesional.
* Nuestro apoyo a las movilizaciones y medidas que adopte la comunidad educativa valenciana que se opone a este atropello.
* Nuestro rechazo a la actitud del gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid -impropia de quien tiene un mandato legal- de alentar las objeciones a la asignatura.
Pedimos a los poderes públicos que actúen con los medios legales para frenar esta ilegal objeción a la asignatura que están llevando a cabo algunas familias. Y a los responsables públicos que alientan y amparan esta acción -por activa o por pasiva- que defiendan la legalidad estricta e inequívocamente.
No se puede cuestionar el derecho a educar para la ciudadanía; es un derecho de los ciudadanos y un deber de nuestra sociedad democrática. Y en ningún caso podemos admitir que ésta sea, en el fondo, una excusa para la confrontación ideológica o política que persigue unos fines que nada tienen que ver con la educación.
Confederación Estatal
de Movimientos de Renovación Pedagógica
cmrp@pangea.org
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