La prueba “Conocimientos y destrezas indispensables”, conocida como Prueba de 6º, lleva 4 años de aplicación y consiste en una prueba a todo el alumnado de 6º de Educación Primaria de la Comunidad de Madrid, que contiene dos subpruebas, una de lengua (dictado, comprensión lectora y conocimientos generales) y otra de matemáticas.…
Por tanto, este tipo de prueba no aporta información sobre las necesidades del sistema educativo ni sobre sus propuestas de mejora, sino únicamente permite realizar un ranking de centros.
Ante todo esto exigimos que se paralice la aplicación de este tipo de prueba.
Entendemos que algunos de los principios que deben sustentar una prueba de estas características son:
1. La evaluación tiene que pretender mejorar la calidad de la enseñanza.
2. La evaluación debe permitir identificar necesidades de cara a compensarlas con los recursos necesarios.
3. Debe evaluar la adquisición de todas las competencias básicas (es decir, el conocimiento funcional y práctico que un alumno debe dominar al finalizar la etapa de primaria).
4. La evaluación debe ser un recurso de aprendizaje y no un instrumento de selección, por lo que tiene que haber coherencia entre las intenciones educativas y lo que se pretende evaluar.
5. Debe tener en cuenta el contexto de la escuela, por lo que los resultados no pueden obviar diferentes variables que los condicionan: nivel sociocultural de las familias y su entorno, % de alumnado inmigrante y alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, tipo de plantilla, dinámica de los centros, participación, gasto educativo por alumno...
6. La prueba debe permitir establecer distintos niveles de aprendizaje que remitan a “perfiles” de competencia. Un problema no puede ser anecdótico sino que tiene que ser representativo de una competencia o habilidad.
7. Los criterios de evaluación tienen que ser compartidos, y por tanto, negociados con todos los implicados.
8. Tanto su elaboración como su interpretación deben estar sustentados en un fundamento teórico sólido.
La prueba de 6º no cumple ninguno de estos criterios:
- La prueba carece de validez de contenido: las preguntas no son representativas de las competencias que tiene que adquirir un alumno.
- También carece de fiabilidad: no está diseñada de modo que tenga en cuenta la diversidad del alumnado (no se contemplan los problemas de idioma, ni los conceptos culturales que imposibilitan la comprensión, no se adapta a las necesidades de los ACNEEs, etc)
- Las tareas de la prueba de 6º no remiten a distintos perfiles de competencias. Por ejemplo, la comprensión lectora supone el desarrollo de varias subcompetencias: recuperar información, interpretar textos, sintetizar, reflexionar y evaluar. Sin embargo, en la Prueba de 6º sólo se contempla la recuperación de información.
- La prueba no tiene en cuenta ningún factor contextual socio-cultural ni económico. Este desprecio por el contexto la sitúa, por un lado, fuera de los sistemas de evaluación más conocidos y ofrece, por otro lado, una información desajustada de la realidad educativa.
- Envía un mensaje contundente sobre la prevalencia de unos contenidos sobre otros, de unas áreas sobre otras, orientándose solamente hacia los resultados y no teniendo en cuenta los procesos (por ejemplo en los problemas de matemáticas lo que se valora es el resultado y no el proceso que el alumno ha seguido para llegar al mismo).
- No garantiza la coherencia entre las intenciones educativas recogidas en el curriculum y los aprendizajes evaluados.
- La Comunidad de Madrid ha realizado esta evaluación al margen de los informes internacionales más conocidos, como PISA, a diferencia de otras comunidades autónomas.
Asimismo la Comunidad de Madrid ha obviado las reiteradas opiniones de profesionales de la orientación, Movimientos de Renovación Pedagógica, Organizaciones Sindicales, Universidad, Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado, etc. de que este prueba de evaluación no cumple con los criterios mínimos de prueba diagnóstica, ni tiene en cuenta el “carácter formativo y orientador para los centros e informativo para las familias y para el conjunto de la comunidad educativa”, como se establecen en los artículos 21 y 144 de la LOE. Por el contrario crea situaciones de discriminación al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo para los que no se realiza ningún tipo de adaptación de la misma.
Por tanto, este tipo de prueba no aporta información sobre las necesidades del sistema educativo ni sobre sus propuestas de mejora, sino únicamente permite realizar un ranking de centros.
Ante todo esto exigimos que se paralice la aplicación de este tipo de prueba.
Madrid, abril del 2009
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