El 12 de mayo de 2008, la sección de Educación de UGT-Madrid, FETE presentó un recurso contencioso administrativo por considerar que el decreto se promulgó sin haberse negociado con la representación sindical legitimada, ya que afecta a condiciones de trabajo de los Trabajadores de la Enseñanza.En la sentencia, a la que tuvo acceso EFE, el TSJM considera que las normas que contiene el decreto impugnado son "muy concretas y específicas relativas a los requisitos de los centros de primer ciclo de educación infantil sin afectar en forma alguna a las condiciones de trabajo de los empleados publicos que presten servicio en los mismos".
Virginia Fernández, secretaria de Comunicación de FETE-UGT, indicó a Efe que los servicios jurídicos del sindicato analizarán la sentencia y, "si es viable, la recurriremos ante el Tribunal Supremo".
Fuente: Europa Press
A pesar de la sentencia del TSJM, "seguimos considerando que se ven afectadas condiciones laborales de trabajadores. El decreto afecta a espacios, ratios de alumno por aula, titulaciones de profesionales, entre otras cosas, y consideramos que lo que no ha podido lograrse con manifestaciones y clamor popular habrá que intentarlo por la vía judicial".
Según Virginia Fernández, es la Administración Estatal la que "debería regular condiciones, ya que así se evitaría que las comunidades autonomas fijen mínimos tan mínimos como en el caso de la Comunidad de Madrid".
Reconoció Fernández, que "es verdad que la ordenacion juridica estatal lo permite, porque no marca mínimos, por eso trabajamos en las dos direcciones, estatal y autonómica".
Antes "las escuelas tenían una calidad y se está yendo hacia atrás" en la Comunidad de Madrid desde la entrada en vigor del decreto de mínimos, señaló la responsable de Comunicación de FETE-UGT.
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