El alto tribunal rechaza el recurso del Gobierno de Madrid a la sentencia que le obliga a restituir la zona al estado en el que estaba antes de las obras.
La sentencia, además de declarar la obra ilegal y de obligar a deshacer lo hecho, condena al Gobierno de Madrid a pagar las costas del proceso, 100.000 euros.
También considera ilegales las expropiaciones de terreno que se llevaron a cabo para convertir en autovía la carretera y, lo más importante, la sentencia es firme y no cabe recurso alguno.
Ecologistas en Acción pide ahora la ejecución de la sentencia, de 16 páginas y dictada por la Sección Tercera, al tiempo que ha anunciado que estudia demandar por prevaricación a los consejeros de Transporte implicados: Francisco Granados, María Dolores de Cospedal (que autorizo el desdoblamiento cuando pertenecía al Gobierno regional) y Elvira Rodríguez, así como a la presidenta, Esperanza Aguirre.
A juicio de Ecologistas, los cuatro "tomaron una decisión ilegal a sabiendas" y "son ellos los que tienen que pagar".
Fuente: El País resto del post
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