Además de la valoración a bote pronto tirando de sus propias palabras (ver blog), no está de más echar un vistazo desde el aterrizaje de Aguirre en la Comunidad de Madrid, tan extraño como su despegue, así como a lo más reseñable de su política educativa.
Parecería que la derecha extrema del PP, con sede en Madrid, hubiera elegido la Comunidad de Madrid como laboratorio en el que experimentar las ideas más extremistas sobre educación y sanidad. Para ello era necesario desplazar a Gallardón (alguien percibido como nadando entre dos aguas que si bien nunca creyó en la educación o la sanidad pública, tampoco intentó destruirlas). Para ello se degradó a Gallardón a la alcaldía de Madrid (una responsabilidad de menor calado) y se colocó en su lugar a Aguirre.
Aguirre contó desde el principio con el apoyo de la brunete mediática, con su influencia (y la de su marido) en el partido y con la financiación extra de empresarios que como Diaz Ferrán y Arturo Fernández tanto la deberían. Como los planes no salieron según estaba previsto en mayo de 2003 alguien consideró conveniente hacer una presión extraordinaria para abducir la voluntad de las y los madrileños.
Los planes diseñados por la derecha montaraz, y aplicados con desvergüenza por Aguirre, comenzaron por la sanidad y la campaña de desprestigio contra el doctor Montes. Muy pronto llegó el primero de los síntomas de cómo se estaba dispuesto a utilizar todos los recursos legales y no legales para desmontar la maligna LOGSE, El primer síntoma fue el desmantelamiento de los CAP (puestos en el punto de mira por la actual directora general Mercedes Ruiz Paz), siguiendo por la prueba de sexto y acabando por el currículo CDI y, embrionariamente, los colegios "bilingües". (Eran los tiempos del muy pío Peral)
En aquella primera legislatura todavía había una cierta desorientación, los sindicatos firmaron un pacto por la calidad y dieron un margen de confianza que Aguirre ofreció sabiendo que nunca lo aplicaría. Mientras tanto Aguirre decidió dar de comer a las constructoras y convertía la extensión del metro (o la construcción de hospitales) en una estrategia de propaganda política a unos costes descomunales (que ahora estamos pagando).
En la segunda legislatura, ya con Figar como consejera, se embarcó en el desmantelamiento del primer ciclo de la educación infantil, en el intento de desmantelamiento de los EOEP (y, con ello, de la atención a la diversidad como elemento clave de un sistema educativo equitativo) a la vez que se apostaba por la fragmentación de la escuela pública con la publicación (ilegal y nunca denunciada judicialmente) de los resultados de la prueba CDI. Pero, sobre todo, con la generalización del experimento de los llamados colegios bilingües, una de las medidas más perjudiciales para la calidad del sistema educativo, tanto en sus repercusiones sobre los alumnos como sobre el sistema en su conjunto. La guinda de ese modelo compartimentado que intenta agrupar alumnos por renta (o como ella diría como dios manda) fue lo que dieron en llamar bachillerato de excelencia. Sin olvidar el boicoteo a la educación para la ciudadanía y el concierto de colegios segregadores por los que apostó el fiel Restán.
Pero quizá una de sus intervenciones más dañinas para la educación (española y madrileña) fue el boicoteo del Pacto Educativo propuesto por Gabilondo. Ahí consiguió imponer su posición extremista frente a la disposición favorable del grupo parlamentario popular y de partidos populares de autonomías como Castilla León o Murcia. El núcleo de derecha extrema soñaba con una mayoría absoluta y con retrotraer la educación española a los años 50. Por lo que sabemos consiguieron lo primero (aunque para ello antes tuvieran que desactivar el voto de izquierda), y van a por lo segundo, (como diría Aznar) sin complejos.
Uno de sus últimos regalitos fue, ya en plena crisis, el trasvase de rentas de las clases medias y bajas a las altas con los sucesivos recortes de las ayudas a los libros de texto o a las becas de comedor, y con la extensión de la desgravación fiscal a la educación privada, cuya patronal ha sido quien verdaderamente parecía dictar la política educativa madrileña.
Un balance desastroso no siempre comprendido en su conjunto, en sus razones y en sus consecuencias por los progresistas (o la izquierda, o como se quiera decir), tanto dentro de la asamblea regional como fuera de ella. Pero un análisis que es imprescindible hacer.
Es necesario saber cómo está diseñada la bomba de relojería que ha dejado en la educación madrileña si queremos desactivarla. Es necesario entrelazar ante la sociedad (y el profesorado) madrileña el debate sobre escuela pública y calidad de la educación en su conjunto, de modo que involucre también a quienes llevan a sus hijos a la concertada y a los públicos selectos, y es imprescindible aprender de los fallos de la LOGSE (LOE) y de sus respectivas aplicaciones, para lejos de defender el pasado, recuperar el futuro.
Cuanto más tardemos en desactivar esta bomba más graves e irreparables serán los daños.
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