En España se vulnera el derecho de los niños y de las niñas con discapacidad a tener una educación inclusiva de calidad y el derecho de sus padres a elegir la educación que quieren para sus hijos.
En España existe una deficiente regulación y práctica de la atención temprana a los niños.Accede al informe.
Es necesario reconocer y proteger el derecho universal y gratuito a una atención temprana de calidad para todos los niños y las niñas de 0 a 6 años.
En España no existe una adecuada política de especial apoyo a las familias en las que viven niños y niñas con discapacidad. Situación que se ha agravado a raíz de las medidas tomadas durante la actual crisis económica.
5. CONCLUSIONES. ALGUNAS MEDIDAS A ADOPTAR PARA LA PLENA INCLUSIÓN SOCIAL DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS CON DISCAPACIDAD
En el presente Estudio se ha pretendido, sin ninguna mira de exhaustividad, dar una panorámica general sobre la situación en la que se encuentran los niños y las niñas con discapacidad en nuestra sociedad, haciendo especial hincapié en cuáles son los principales problemas que afrontan y señalando ideas para sus posibles soluciones. En este apartado de conclusiones se procura dar un listado esquemático de cuáles son esos problemas y esas vías de solución.
Ante la ausencia de una definición oficial o universalmente aceptada de infancia con discapacidad, se apunta que se puede entender que lo es la formada por los niños y las niñas con discapacidad, que son, en primer lugar, y ante todo, seres humanos; que también son niños y niñas (porque son menores de dieciocho años); y que, además, son niños y niñas con discapacidad (porque tienen ciertas deficiencias que, al interactuar con diversas barreras, les producen limitaciones para realizar actividades de la vida diaria que otros niños y niñas de su edad no tienen, lo que puede impedir su plena y efectiva participación en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas).
Los niños, con y sin discapacidad, están sufriendo de forma especialmente grave las consecuencias de la crisis económica, cuando moral y jurídicamente estamos obligados, como sociedad, a que sean los menos perjudicados por la misma.
En España existe una importante carencia de estudios sobre la realidad de los niños y las niñas con discapacidad. No existen ni suficientes ni adecuados estudios sobre la infancia con discapacidad.
Es necesario que, con la participación activa de los propios niños y niñas con discapacidad en su diseño y desarrollo, se realicen estudios con datos desglosados por sexo, edad, discapacidad y cualquier otro parámetro que se considere relevante para conocer la realidad de los niños y las niñas con discapacidad en España. Así mismo, los niños y las niñas con discapacidad deberían estar presentes en todos los estudios que se realicen sobre las personas con discapacidad y sobre los niños y las niñas en general; y deberían de hacerse estudios especializados en cada grupo y en problemas concretos que afectan a los niños y las niñas con discapacidad.
Los niños y las niñas con discapacidad están afectados por una múltiple vulnerabilidad en nuestra sociedad, que les hace sufrir un mayor grado de discriminación y tener una menor igualdad de oportunidades a la hora de hacer efectivos sus derechos.
Es necesario atender a la especial vulnerabilidad de los diferentes grupos de niños y niñas con discapacidad en todas las medidas y políticas que se adopten.
La incidencia del maltrato en los niños y las niñas con discapacidad es muy superior al resto de niños y niñas, siendo todavía peor la situación de las niñas con discapacidad en relación con los niños con discapacidad (aunque, como es obvio, todos los casos son igual de reprobables).
Es necesario que, de forma inmediata, se realice un estudio general y completo sobre el maltrato a los niños y las niñas con discapacidad en España, y se tomen las medidas necesarias en todos los ámbitos para terminar con esta insoportable situación.
La esterilización forzosa puede llegar a constituir casos de tortura o tratos crueles, inhumanos y degradantes. Es necesario, pues, modificar el artículo 156 del Código Penal, en lo que respecta a la esterilización forzosa, para hacerlo compatible con lo establecido en el artículo 23.1 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
En España se vulnera el derecho de los niños y de las niñas con discapacidad a tener una educación inclusiva de calidad y el derecho de sus padres a elegir la educación que quieren para sus hijos.
Es necesario que se reconozca, de conformidad con lo que exige el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad –norma interna del ordenamiento jurídico español-, el derecho a una educación inclusiva, de calidad y gratuita, para todos los niños y todas las niñas con discapacidad en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas. Lo que supone que todos y todas han de educarse en el mismo sistema de educación general, garantizándose los apoyos y ajustes necesarios para atender adecuadamente a las diversas necesidades educativas que presenten los niños y las niñas, de modo que puedan desarrollar su personalidad, aptitudes y capacidades hasta el máximo de sus posibilidades. En esta línea, se considera necesario desmantelar los centros de educación especial y convertirlos en centros de recursos de apoyo para que los niños y las niñas con discapacidad puedan tener una educación inclusiva de calidad en los centros ordinarios.
En las sociedad española se está muy lejos de que sea efectivo el derecho que tienen reconocido los niños y las niñas con discapacidad a poder tomar parte activa en los diferentes procesos de toma de decisiones que se realicen en todos los asuntos que les afectan.
Es necesario destruir todas las barreras existentes y establecer los medios y proporcionar la asistencia necesaria para que los niños y las niñas con discapacidad puedan ejercitar en todos los ámbitos, de acuerdo con su edad y capacidad, su derecho a participar siempre en la toma de decisiones que les afecten.
En España existe una deficiente regulación y práctica de la atención temprana a los niños.
Es necesario reconocer y proteger el derecho universal y gratuito a una atención temprana de calidad para todos los niños y las niñas de 0 a 6 años.
En España no existe una adecuada política de especial apoyo a las familias en las que viven niños y niñas con discapacidad. Situación que se ha agravado a raíz de las medidas tomadas durante la actual crisis económica.
Es necesario que haya una adecuada política de especial apoyo a las familias en las que vivan niños y niñas con discapacidad, de manera que puedan alcanzar su pleno desarrollo en ellas como seres autónomos.
Se ha de procurar que los niños y las niñas con discapacidad puedan vivir en un ámbito familiar, evitándose su institucionalización. En todo caso, es necesario poner los medios para que las administraciones públicas cumplan con su obligación de garantizar que en los diferentes centros de residencia sean plenamente respetados todos los derechos de los niños y de las niñas con discapacidad.
Es necesario realizar una revisión en profundidad de la normativa española, tanto para dar el debido cumplimento a la Convención sobre los Derechos del Niño y a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, cuanto para solucionar los graves problemas que los niños y las niñas con discapacidad afrontan en nuestra sociedad.
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