Esta decisión de la Consejería de Sanidad supone un nuevo paso en la cesión creciente a la empresa privada de equipamientos públicos de la red sanitaria y educativa, emprendida por Esperanza Aguirre desde su fraudulenta llegada a la presidencia regional en 2003 con la cesión de la Concepción y la construcción de ocho hospitales privados.
El centro de especialidades Pontones, situado en la ronda de Segovia y que atiende a una población de casi 300.000 personas, pasará a estar gestionado a fin de mes de forma compartida entre la propia Consejería de Sanidad y la empresa Capio, multinacional propiedad de un fondo de capital riesgo que gestiona la Fundación Jiménez Díaz y el hospital de Valdemoro.
Los médicos de Capio, que ha contratado al menos a seis ginecólogos, otorrinos y cardiólogos, según fuentes de la empresa, aterrizarán en el centro en dos semanas, cuando terminen las obras de remodelación de la cuarta planta del edificio.
Los médicos de Capio pasarán a atender las primeras consultas de especialista de los aproximadamente 200.000 habitantes de los barrios de Universidad, Cortes, Palacio, Embajadores, Imperial, Acacias y Palos de Moguer.
Los médicos de la Consejería de Sanidad, por su parte, seguirán haciéndose cargo de los pacientes de esta zona que ya atendían hasta ahora y asumirán 80.000 nuevos ciudadanos del centro de especialidades Aguacate, situado en Carabanchel. Este ambulatorio sufre actualmente una elevada presión asistencial.
Los 200 trabajadores de Pontones celebraron ayer una asamblea en la que rechazaron unánimemente la decisión de Sanidad. "Los trabajadores de un centro público no podemos permitir ni tolerar que el Gobierno regional entregue la gestión de parte del equipamiento a una empresa privada, cuyo fin es el lucro y no el cuidado de la salud de la población", explicó José Povedano, delegado de UGT.
Éste alertó de que "con la presencia de sus médicos, la empresa podrá derivar y facturar a Sanidad miles de pruebas diagnósticas que hasta ahora se hacían en Pontones con medios públicos hacia sus instalaciones de la Fundación Jiménez Díaz". Povedano también denunció que "cientos de análisis de sangre que hasta ahora se hacían diariamente con recursos públicos serán enviados a los laboratorios de Capio".
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