La Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA) pide al Gobierno que utilice las facultades que la Constitución le asigna e intervenga para impedir la privatización de la educación pública que impulsa el Gobierno de la Comunidad de Madrid, y que produce graves desigualdades sociales en esta comunidad autónoma.CEAPA demanda al Gobierno que inicie los procedimientos que el artículo 155 de la Constitución establece, primero con un requerimiento a Esperanza Aguirre y, en el caso de no ser atendido el mismo, posteriormente presente en el Senado las medidas necesarias para obligarle al cumplimiento forzoso de sus obligaciones.
Fuente: CEAPA
Así lo manifestó Pedro Rascón, presidente de esta confederación, en un acto sobre la política educativa en la Comunidad de Madrid, celebrado ayer en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, y organizado por la Federación de APAS "Francisco Giner de los Ríos" de Madrid y CEAPA. El acto, al que acudieron más de 200 padres, profesores y alumnos, fue conducido por el periodista Moncho Alpuente, y contó con las intervenciones de los secretarios generales de las uniones sindicales de Madrid de CCOO y UGT, de representantes de organizaciones de estudiantes, del presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, de los Movimientos de Renovación Pedagógica y de las Universidades.
Rascón también aludió al artículo 153 de la Carta Magna, que indica que "el control de la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas" se ejercerá, entre otros organismos, por el Gobierno.
El presidente de CEAPA expresó su temor a que esta política educativa se extienda al resto del Estado, y manifestó que aunque otras comunidades autónomas también están desarrollando políticas regresivas, la Comunidad de Madrid está a la "vanguardia de los ataques a la escuela pública". Rascón dijo que la confederación de APAS se mantendrá vigilante y, en el caso de que otra comunidad autónoma vulnere la Constitución, reiterará esta solicitud al Gobierno.
Rascón señaló como ejemplo de estas políticas la cesión masiva de suelo público para la construcción de centros educativos privados, la falta de escuelas públicas en los barrios de nueva creación, la concertación de centros educativos privados sin control alguno por parte de su administración, la venta de centros públicos ya construidos a empresas privadas, la proliferación (amparada por las reformas legales en esta comunidad) de escuelas infantiles sin las condiciones mínimas materiales y de espacio y sin la cualificación necesaria de su profesorado, y el acoso a la participación de los padres y madres de la escuela pública, entre otros.
En su intervención en el acto, José Luis Pazos, presidente de la FAPA "Giner de los Ríos" de Madrid, enumeró y argumentó los artículos de la Constitución que vulnera este gobierno autonómico con su política educativa.
Madrid, 21 de enero de 2009
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