La FAPA Giner de los Rios inicia acciones legales contra el ranking de la prueba de 6º

Y otra de arena

La Federación de la Comunidad de Madrid de APAS “Francisco Giner de los Ríos” presentó a finales de año un recurso Contencioso-Administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra la publicación del ranking de centros basado en la prueba de sexto, al entender que la actuación de la Consejería de Educación ha vulnerado varios artículos de la Ley Orgánica de Educación.

Fuente: Fapa Giner de los Rios

La Federación Francisco Giner de los Ríos ha iniciado acciones judiciales contra la actuación administrativa de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid consistente en publicar los resultados de la prueba de sexto de primaria, al considerar que ésta podría haber vulnerado varios artículos de la LOE, concretamente los artículos 140 a 147 de dicho texto legal, por lo que podemos encontrarnos en una situación de vía de hecho que nos coloca ante una actuación material de la Administración que carece de la necesaria cobertura jurídica y lesiona derechos e intereses legítimos.

Así, en el artículo 140.2 se puede leer:

“...no podrá amparar que los resultados de las evaluaciones del sistema educativo, independientemente del ámbito territorial estatal o autonómico en el que se apliquen, puedan ser utilizados para valoraciones individuales de los alumnos o para establecer clasificaciones de los centros.”

En el artículo 144.3:

“En ningún caso, los resultados de estas evaluaciones podrán ser utilizados para el establecimiento de clasificaciones de los centros.”

Y en el artículo 145.1:

“Podrán las Administraciones educativas, en el marco de sus competencias, elaborar y realizar planes de evaluación de los centros educativos, que tendrán en cuenta las situaciones socioeconómicas y culturales de las familias y alumnos que acogen, el entorno del propio centro y los recursos de que dispone.”

Por último, la FAPA Francisco Giner de los Ríos lamenta que el empecinamiento de la Consejería de Educación obligue a judicializar constantemente el sistema educativo madrileño e insta a ésta y al Gobierno Regional a reconducir sus modos de proceder, si realmente quieren mejorar la calidad de la educación en nuestra Comunidad.