Eso sí: que no sea para defender un estado estacionario que no lo merecía.
Si se tratase apenas de una batalla por la carga del trabajo del profesorado estarían dados todos los motivos para permanecer al margen. Tras años de una estrategia corporativa sindical que he resumido en la consigna de obtener más por menos, llega la derecha y decide que hay que hacer más con menos, lo cual podría hasta llegar a producir cierto reequilibrio justo y eficaz a corto plazo y abrir la perspectiva de un nuevo pacto entre profesorado y sociedad bajo la única máxima que siempre debió presidirlo: más por más, mejores condiciones laborales y salariales a cambio de más y mejor trabajo (el que muchos ya hacen) para una educación con más calidad y equidad.
Pero, en vez de eso, lo que el Gobierno está haciendo es imponer su programa más ideológico aprovechando la conmoción de la crisis económica. Ante todo se trata de renunciar a cualquier política de igualdad y equidad y, de paso, satisfacer a lo más rancio de sus aliados y su base electoral.
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Suprimir el apoyo a la escolarización de 0 a 3 años cuando sabemos cada vez mejor que son los decisivos para el desarrollo intelectual golpeará precisamente a quienes nacen en un contexto familiar más desaventajado y solo a ellos.
Acortar la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) adelantando un año para todos la bifurcación entre bachillerato y formación profesional, al tiempo que se suprimen o se dejan caer los programas y recursos compensatorios en el tronco común, es hacer que esa opción se acerque más a ser un calco de las desigualdades de origen y que resulte más irreversible. Disparan así contra su bestia negra, la comprehensividad -la suma de las reformas estructurales de 1970 y 1990- que, digan lo que digan, caracteriza a los sistemas más efectivos y a las sociedades más cohesionadas de nuestro entorno, y lo acompañan con el delirio del bachillerato de (seudo)excelencia y una idea quimérica de formación dual. Combinar la subida de tasas con la reducción de becas y la ausencia de préstamos blandos significa cerrar el paso a la educación superior a amplios sectores que no pueden -y menos ahora- asumir sus costes directos e indirectos.
En suma, una agresiva política de derechas adobada, además, con insultos a la decencia y la inteligencia como la reforma de la Educación para la Ciudadanía. Por eso había que hacerse oír el 22-M y mucho me temo que habrá que volver a hacerlo una y otra vez a lo largo de esta legislatura. Eso sí: que no sea para defender un estado estacionario que no lo merecía.
Mariano Fernández Enguita es catedrático de Sociología en la Universidad Complutense.
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