Garantizar la aplicación de los derechos de los niños en tiempos de crisis

Propuestas de Unicef para esta legislatura

La infancia es el sector más sensible de la sociedad, el más desprotegido en la medida en que sus derechos son defendidos por otros; otros que muchas veces tenemos intereses diferentes y contrapuestos.

Según Unicef España la infancia está siendo el sector social más golpeado por la crísis. Detrás de las cifras están los niños concretos que p.ej. ante la reducción de becas de comedor están dejando de asistir a clase por la tarde ante el elevado coste de tiempo y dinero de hacer cuatro viajes al día.

Siendo importante la denuncia, lo es más señalar posibles soluciones. Es lo que hace con su propuesta de 6 medidas básicas para garantizar la aplicación de los derechos de los niños en tiempos de crisis.

1. Proteger las inversiones en los ámbitos que plantean desafíos fundamentales a la infancia,
2. Poner a los niños y sus familias en el núcleo de las decisiones política
3. Elaborar un Plan Nacional contra la Pobreza Infantil.
4. Promover la calidad, la coordinación, la eficacia y la coherencia de la intervención de las distintas administraciones públicas.
5. Recuperar la iniciativa de un Pacto de Estado por la Educación que garantice la calidad, la equidad y la estabilidad del sistema educativo.
6. Mantener el espíritu de los compromisos asumidos en el Pacto de Estado contra la Pobreza respecto a la Ayuda Oficial al Desarrollo.

Accede al Informe sobre la infancia en España 2012-2013 o lee el desarrollo de las medidas en el desplegable.

Desde UNICEF España proponemos estas medidas básicas para garantizar la aplicación de los derechos de los niños en tiempos de crisis.

1. Proteger las inversiones en los ámbitos que plantean desafíos fundamentales a la infancia, como la lucha contra la pobreza, la salud, la educación y protección. Ámbitos que son imprescindibles para el ejercicio de derechos y el bienestar de los niños, para evitar la discriminación, para promover la igualdad de oportunidades, y para un crecimiento equitativo y sostenible.

2. Poner a los niños y sus familias en el núcleo de las decisiones políticas que se adopten, tanto específicas para la infancia como de carácter general. Para ello se propone:

>> Incorporar con carácter vinculante un informe de impacto sobre la Infancia en toda la legislación y las disposiciones normativas, a semejanza del Informe de Impacto de Género, que establece la Ley de Igualdad. Un informe que tenga en cuenta los principios del interés superior y de no discriminación del niño reconocidos en la Convención sobre los Derechos del Niño y la legislación española.

>> Poner en marcha mecanismos formales para evaluar los impactos de la crisis económica y de las políticas de austeridad en los niños y sus familias. Mecanismos que vigilen tanto los efectos en la pobreza y la deprivación como en el acceso a los servicios esenciales.

>> Promover la participación regular y organizada de los niños y su derecho a ser escuchados respecto a las decisiones (también las políticas) que les afectan, teniendo adecuadamente en cuenta sus opiniones.

3. Elaborar un Plan Nacional contra la Pobreza Infantil.

Tal y como se comprometieron los principales partidos políticos en los programas elec- torales para las elecciones generales de 2012. Este plan, en relación con la estrategia 2020 de la UE y con la futura Recomendación sobre Pobreza Infantil de la Unión, permitiría una acción coordinada, transversal, complementaria y eficaz de las administraciones públicas para marcarse un objetivo específico en la reducción de la cifra de 2.200.000 niños y niñas que viven en España por debajo del umbral de la pobreza.

Sea dentro de un plan específico o bien como objetivos en otros planes integrales de ámbito social, se deberían contemplar al menos las siguientes medidas:

>> Una revisión del modelo social de apoyo a las familias y a los niños dando un nuevo enfoque a los sistemas generales de servicios, prestaciones, trasferencias públicas, impuestos y desgravaciones fiscales a las familias, de manera que proporcionen una protección mayor a los niños y tengan un mayor impacto en la reducción real de la pobreza infantil.

>> El establecimiento de un paquete mínimo de beneficios para los niños común en todas las administraciones públicas, que garantice la coherencia, la coordinación y la eficacia del sistema de ayudas a los niños y sus familias.

>> El avance hacia la universalización de una educación de 0 a 3 años de calidad, gratuita para las familias con menos recursos y asequible para el resto.

>> Iniciativas para favorecer especialmente el empleo de las personas con hijos e hijas menores a su cargo. Mediante políticas activas de empleo y de conciliación de la vida laboral y personal, con especial atención a las familias con ambos progenitores desempleados.

>> El énfasis en la protección social de los colectivos de infancia más vulnerables: niños inmigrantes, gitanos, niños en instituciones, niños con discapacidad, y niños en familias numerosas y monoparentales con bajos niveles de renta y empleo.

>> Acciones orientadas a promover la parentalidad positiva y el buen trato a los niños en el ámbito familiar.

4. Promover la calidad, la coordinación, la eficacia y la coherencia de la intervención de las distintas administraciones públicas en relación con los niños en todos los ámbitos, pero especialmente en el sanitario, educativo, de servicios sociales y en el de protección de menores en situación de riesgo. Esta coordinación se puede mejorar mediante:

>> El avance en un proceso de armonización legislativa y de procedimientos administrativos entre el nivel nacional y las distintas autonomías acorde a los principios y el contenido de Convención sobre los Derechos del Niño.

>> El refuerzo de los mecanismos de recopilación y análisis de datos relativos a los menores de 18 años en todas las áreas que abarca la Convención, y especialmente respecto a los colectivos más vulnerables.

>> El refuerzo de organismos como el Observatorio de Infancia y la potenciación del Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia, tanto en sus recursos como en su capacidad de consensuar y establecer cauces de coordinación y cooperación entre sus responsables.

5. Recuperar la iniciativa de un Pacto de Estado por la Educación que garantice la calidad, la equidad y la estabilidad del sistema educativo.

6. Mantener el espíritu de los compromisos asumidos en el Pacto de Estado contra la Pobreza respecto a la Ayuda Oficial al Desarrollo, retomando lo antes posible la senda hacia el 0,7% del PIB destinado a este fin.