Según informa el diario El País, los alumnos de estos dos centros (que no habían asistido al colegio el día 9 de mayo ante la negativa de las familias a que realizaran dicha prueba) fueron obligados a realizar la misma prueba al día siguiente, sin que se hubiera informado a las familias por parte de la administración de esta decisión.
Parece que la Consejería se ha propuesto que formalmente los niños hagan la prueba con independencia de que la prueba realizada ya había sido publicada por los medios de comunicación. Lo que se ha hecho es algo surrealista.
Parece que la Consejería es la que no domina las mínimas competencias de comprensión lectora. La Resolución por la que se convoca la prueba señala tanto la fecha en la que se realiza esa prueba como las medidas a tomar con aquellos centros que no superen el 5% de participación. En ella también se establece que los tutores estarán presentes en todo momento y leerán el dictado, lo que no se ha cumplido en uno de los dos casos. Lo que se ha hecho es algo ilegal.
De todos modos, el funcionamiento irregular e ilegal parece una seña de identidad de la Consejería. Porque una de las razones clave para que las familias rechacen la prueba es el objetivo político de la prueba, la publicación de un ranking. Publicación que, como ha reconocido Lucía Figar en su famoso intervención de pleitesía en Rimini, es voluntaria y conscientemente tomada por la Consejería de la que ella era y es responsable. Y esto a sabiendas de que se opone al artículo 144.3 que afirma taxativamente: En ningún caso, los resultados de estas evaluaciones podrán ser utilizados para el establecimiento de clasificaciones de los centros.
Existen otros aspectos que cuestionan no sólo el respeto de la Consejería a la legalidad, sino a la democracia y los derechos del niño. Resulta difícil defender la realización por sorpresa de la prueba a niños de 11 y 12 años en contra del deseo expreso de su familia. Resulta difícil defender que se cree una situación amenazante donde los niños desconocen en el momento de hacer la prueba las consecuencias que los resultados que obtengan pueden tener para ellos y para su colegio. Resulta difícil defender, como en el caso de Trabenco,
La Consejería ha ido mucho más allá de lo que las leyes le permiten. ¿Vale todo? ¿Lo vamos a seguir consintiendo durante más tiempo?.
¿Vamos a permitir que algo similar se repita con la prueba de 2º de primaria en la que al objetivo de control del currículo y de comparación entre centros se añade el hecho de que la muestra de cada centro para la lectura en voz alta se haga eligiendo al azar 10 alumnos?
No hay comentarios:
Publicar un comentario