LEA: están mal de la cabeza

Nueva vuelta de tuerca de la Consejería.

El ataque a la profesionalidad y a la autonomía profesional de los docentes continúa con la conversión en prueba censal de lo que se inició el curso pasado como prueba muestral, la prueba LEA (Lengua, escritura y aritmética), de forma similar a las pruebas de 6º de primaria y de 3º de la ESO.

Por una lado está el objetivo (ilegal) de realizar un ranking entre centros, que pretende introducir la competitividad como factor clave en el sistema educativo madrileño sin mostrar la enorme influencia de los contextos socioeconómicos.

Por otro el también ilegal objetivo de condicionar el trabajo del profesorado hasta limites intolerables de intromisión en la labor educativa y en la autonomía de profesores y centros. Una intromisión que contraviene claramente la LOE (y seguro que cualquier ley educativa internacional posterior a 1970):

Artículo 91. Funciones del profesorado.1. Las funciones del profesorado son, entre otras, las siguientes:
a) La programación y la enseñanza de las áreas, materias y módulos que tengan encomendados.
b) La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de los procesos de enseñanza.
c) La tutoría de los alumnos, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo en su proceso educativo, en colaboración con las familias.

Lejos de confiar en el profesorado se introduce una desautorización generalizada de su competencia docente. Se ha dado el caso en que centros que no obtuvieron buenos resultados el curso pasado han sido tomados por la inspección educativa vaciando de contenido el artículo 120 de la LOE y rayando el acoso laboral.

Esta es una parte. La otra se refiere a los niños y el empeño de la Comunidad de Madrid de hacer exámenes con una clara nostalgia de las revalidas franquistas. La muestra evidente de esta nostalgia es que se plantea en términos de aprobados y suspensos (en vez de ayudar a medir el nivel de competencia y las áreas de mejora de los niños en conjunto y en el caso de cada niño como p.ej., hace PISA). Su anhelo es que tengan efectos académicos (lo que de momento se limita a las casposas menciones honoríficas). Al tiempo se boicotean las condiciones necesarias para el apoyo a las dificultades de aprendizaje de los niños de forma directa (apoyos, becas) e indirecta (cursos a cargo de profesionales con pocas experiencia, ratios brutales o el mal llamado bilingüismo). Y se ningunea de raíz la atención a la diversidad en su conjunto sin tener en cuenta el desarrollo y maduración individual de los niños. Suspender niños, cuando otros países están apostando por ellos, proporcionando ratios decentes y docentes mejor pagados.

La negativa de las familias a la utilización perversa de sus hijos ha llevado, de nuevo, a la negativa de un número de ellas a que los niños sufran estas pruebas. Con más razón todavía en el caso de los niños de 2º de primaria, unos niños que no se merecen la deriva enloquecida de una consejería sectaria, unos niños que afrontan esta prueba con un estrés y una preocupación por las consecuencias de los resultados que entra dentro del maltrato institucional. Mención aparte requiere la segunda parte de la prueba donde 10 niños de cada centro (menudo criterio estadístico) serán aislados en un aula a la espera del examen del inspector. ¿Quién puede defender esta situación para niños de 7 y 8 años?.

Allá donde esta negativa se hace de una manera organizada como es el caso del CEIP Trabenco de Leganés, la administración educativa actúa de forma autoritaria obligando a hacer la prueba a los niños en días sucesivos, pese a la oposición por escrito de las familias y pese al absurdo de hacer la prueba días después.