El cuarto pilar del bienestar. Vicenç Navarro*.

El derecho de acceso a los servicios de ayuda a las familias

En las elecciones legislativas a las Cortes españolas del año 2000, el candidato a la presidencia del Gobierno español, Josep Borrell, me pidió que dirigiera la dimensión social del programa electoral de su campaña. Al reunirnos para hablar de las propuestas que debieran incluirse en su programa, Borrell me pidió mi opinión sobre los mayores déficits existentes en el Estado del bienestar español, a lo cual respondí que uno de los mayores era el escasísimo desarrollo de los servicios de ayuda a las familias, tales como escuelas de infancia para niños de 0 a 3 años y servicios domiciliarios para personas con discapacidades y dependencias. En España se pone retóricamente a las familias en un pedestal para luego olvidarse de ellas. España es uno de los países europeos que provee menos políticas públicas de apoyo a sus familias.

Fuente: Público 15.10.2009

En la mesa donde estábamos había una silla rota, con solo tres patas. Le indiqué a Borrell que nuestro Estado del bienestar era como aquella silla: es decir, tenía tres patas. Teníamos el derecho de acceso a los servicios sanitarios, el derecho a la educación y casi el derecho a las pensiones (con el establecimiento de las pensiones no contributivas). Pero nos faltaba la cuarta pata: el derecho de acceso a los servicios de ayuda a las familias. De ahí que, utilizando el símil de la silla a la cual le faltaba la cuarta pata, utilicé la expresión de que nos faltaba “el cuarto pilar del bienestar” que garantizara tal derecho. Así fue, pues, como surgió el término, que ha hecho amplia fortuna. Borrell, uno de los políticos con mayor sensibilidad social en España, aceptó mi sugerencia e incorporó la propuesta en su programa, que Joaquín Almunia, que le sustituyó, hizo también suya. Y cuál fue mi sorpresa al comprobar que, en un caso de mimetismo oportunista, apareció también en el programa del PP, utilizando incluso el mismo término de cuarto pilar del bienestar.

Aunque se utiliza ampliamente el término, se ha reducido su significado, incluyendo sólo los servicios de dependencia, habiéndose eliminado de tal derecho el acceso a las escuelas de infancia, lo cual es un gran error. La evidencia científica existente señala que la educación de los infantes a esta edad es de una enorme importancia para su posterior desarrollo intelectual y emotivo. En España no parece haber conciencia de este hecho puesto que incluso se llama a tales centros guarderías, como si su función fuera la de guardar o aparcar a los niños mientras los padres trabajan. Y mientras
que esta función de guardar a los niños es muy importante, facilitando la integración de la mujer en el mercado de trabajo, la función de tales centros debiera ser educativa además de guardería. Y en España estamos muy retrasados. Como promedio, sólo el 10% de los infantes en España tiene acceso a las escuelas de infancia públicas. En Suecia es el 58%. El establecimiento del derecho de acceso a tales servicios es de una enorme importancia y urgencia. En España, cuando decimos familia, queremos decir mujer. Y el escaso desarrollo de los servicios de ayuda a la familia se debe al escaso poder de la mujer en España.

Me dio una gran alegría que, por fin, las Cortes españolas aprobaran la Ley de Dependencia. Y que bajo la hábil dirección del ministro de Trabajo de entonces, Jesús Caldera, se estableciera a lo largo del territorio español. Ha sido una muy buena ley, pero, como consecuencia de las políticas liberales del equipo económico del Gobierno socialista, ha estado subfinanciada. Ha existido una enorme insensibilidad de los sucesivos gobiernos españoles (tanto conservadores como socialistas) hacia la importancia de la inversión social para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y también para mejorar la eficiencia económica.

En España, la inversión pública se ha entendido primordialmente como inversión en infraestructuras físicas (transporte y comunicación, por ejemplo) y educativas, pero raramente se ha tenido una concepción más amplia, incluyendo, por ejemplo, inversión en el cuarto pilar del Estado (escuelas de infancia y servicios domiciliarios), y ello a pesar de que invertir en tales servicios facilitaría la integración de la mujer al mercado de trabajo, la intervención social más importante para mejorar la economía del país. Si España tuviera el mismo porcentaje de mujeres en el mercado de trabajo que tiene Suecia (donde existe tal derecho), tendríamos tres millones más de creadores de riqueza y pagadores de impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social, realidad que la mayoría de diseñadores de las políticas económicas ni siquiera entienden. Contribuye más a la riqueza del país invertir en tales servicios que reducir el tiempo de viaje de Madrid a Barcelona (con el AVE).

Otra consecuencia del escaso desarrollo del cuarto pilar del bienestar (no sólo servicios de dependencia sino también escuelas de infancia) es que España tiene la fecundidad más baja del mundo, en contra de los deseos de las familias, que nos dicen, a través de las encuestas, que, de poder escoger, les gustaría tener dos niños por familia. Hoy tienen, como promedio 1,3, uno de los más bajos de la UE. La mujer joven española retrasa formar una familia y cuando tiene niños tiene menos de los que desea debido a las condiciones del mercado de trabajo y a la ausencia de aquellos servicios que le permitirían compaginar sus responsabilidades familiares con su proyecto profesional laboral. La mujer española lo tiene muy difícil en nuestra sociedad; cuida de los infantes, de los jóvenes (que viven en casa hasta que tienen, como edad promedio, 32 años), de los esposos o compañeros y de los ancianos; además, el 52% trabaja en el mercado laboral. Y todo ello con muy escasa ayuda del Estado (y del hombre cuyo apoyo a las tareas familiares es de los más bajos de la UE). No es de extrañar, por lo tanto, que la mujer española tenga tres veces más enfermedades debidas al estrés que el hombre. Estas son las consecuencias del machismo en España.

* Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y director del Observatorio Social de España