La Fundación Educación y Ciudadanía (promovida por el Sindicato UGT) aborda en este monográfico la situación del Primer Ciclo de la Etapa de Educación Infantil en el conjunto de España. Para ello analiza el desarrollo legislativo estatal de los últimos años y compara las diferentes regulaciones llevadas a cabo desde las CCAA. Los datos proporcionados por la Universidad De Vic y las propuestas finales, que recogemos en el desplegable, serán de interés para tod@s. Entre las propuestas destacamos:
"Proponemos que sea el Ministerio de Educación el encargado de liderar el proceso de coordinación entre Administraciones autonómicas, con el fin de establecer unos mínimos comunes de calidad en la regulación de los requisitos mínimos del ciclo 0-3 años."
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PROPUESTAS
1. Dado el carácter educativo de toda la etapa de Educación Infantil, reclamamos que la planificación y gestión del ciclo 0-3 años sea competencia de las Consejerías de Educación.
2. La LOE afirma, en su artículo 15, que "las Administraciones públicas promoverán un incremento progresivo de la oferta de plazas públicas en el primer ciclo". Reclamamos este incremento de plazas públicas con el objetivo de extender una red de Escuelas Infantiles públicas para niños de cero a tres años y/o de cero a seis años. Se entiende que el MEC aportaría a las CCAA, mediante el correspondiente convenio, ayudas económicas para la implantación de la educación en este tramo de edad.
3. En el caso de que las CCAA suscriban convenios con las corporaciones locales, con otras Administraciones o con entidades privadas sin ánimo de lucro, a fin de extender la educación infantil 0/3 y contribuir a su financiación, es preciso que se armonicen los requisitos de funcionamiento de estos centros (criterios de admisión, cuotas, ratios, órganos de gobierno, horarios, etc.), así como que se establezcan plantillas similares a las de la red pública y se asegure la misma retribución del personal.
4. Las Administraciones educativas tienen la competencia de establecer los requisitos mínimos de los centros de primer ciclo. Proponemos que sea el Ministerio de Educación el encargado de liderar el proceso de coordinación entre Administraciones autonómicas, con el fin de establecer unos mínimos comunes de calidad en la regulación de los requisitos mínimos del ciclo 0-3 años.
5. Todos los centros, sean públicos o privados, han de estar autorizados por la Consejería de Educación correspondiente y supervisados por la Inspección Técnica de Educación.
6. Los profesionales que atienden el Primer Ciclo han de ser maestros especialistas en Educación Infantil y Técnicos Superiores en Educación Infantil (o titulación equivalente). Por cada tres unidades o fracción deberá haber, al menos, un maestro especialista en Educación Infantil. La elaboración de la propropuesta pedagógica, su seguimiento y coordinación correrá a cargo de este profesional.
7. Aquellas personas que no tengan las titulaciones anteriores y que estén prestando sus servicios en centros que atienden al primer ciclo y lo lleven haciendo, al menos, durante 3 cursos de los últimos 10 años, podrán continuar impartiendo ese ciclo siempre que inicien el proceso formativo conducente a la obtención de alguna de las titulaciones exigidas. Las Administraciones educativas han de garantizar la formación necesaria, para que estos profesionales tengan la titulación requerida. Finalizado el plazo de cinco años, sólo podrán impartir ese ciclo las personas con la titulación requerida.
8. Los centros que tengan dos o más unidades, deberán contar con personal cualificado en número igual al de unidades, más uno por cada dos unidades.
9. Es necesario garantizar unas condiciones laborales dignas a los trabajadores de este sector y a través de la negociación colectiva homologarlas entre los diferentes centros, independientemente de su titularidad.
10. Las Escuelas Infantiles de 0-3 años deben responder a las necesidades educativas de estos menores. La conciliación de la vida laboral y familiar no debe basarse sólo en la ampliación del horario de apertura de estos centros, sino que la ampliación de la red de Escuelas Infantiles se debe complementar con políticas sociales, tales como reducción de la jornada laboral, horarios flexibles y excedencias parentales que se han de pactar en el Diálogo Social con los agentes sociales.
11. Con el propósito de garantizar la unidad de la etapa y de evitar desajustes entre ambos ciclos, se han de desarrollar mecanismos de coordinación entre estos y entre esta etapa y la Educación Primaria. Además, todas las Escuelas Infantiles han de estar adscritas a un Centro de Educación Infantil y Primaria, en la misma medida que lo están éstos, a un Centro de Secundaria, para garantizar la continuidad de los Proyectos Educativos y la necesaria coordinación pedagógica de los profesionales.
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