El Gobierno de Esperanza Aguirre ha optado por saltarse la ley a cambio de mantener bajo llave las cuentas supuestamente presentadas en los seis últimos ejercicios por Fundescam, la fundación del PP madrileño que en 2003 pagó gastos de la campaña electoral del tamayazo y recibió más de 800.000 euros en donaciones de importantes empresarios nucleados por el actual presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán. El PSOE ha pedido a Anticorrupción y a Hacienda que investiguen las cuentas de la fundación, presidida por la propia Aguirre.Pese a que tanto la ley estatal sobre la materia como la autonómica garantizan el libre acceso a los documentos depositados en cualquier Registro de Fundaciones, los responsables de ese fichero ya han comunicado a este periódico que aplicarán "un nuevo criterio" en virtud del cual se denegará por escrito y en fecha desconocida la entrega de copia de los balances y memorias de actividades de Fundescam a partir de 2003.
Fuente: Público 17.06.09
El Registro depende de la Consejería de Presidencia e Interior, cuyo titular, Francisco Granados, es secretario general del PP madrileño y vicepresidente de Fundescam.
De momento, será por tanto imposible conocer si Fundescam contabilizó las donaciones de los empresarios que luego obtuvieron más de 300 millones en contratos de la Comunidad de Madrid. Tampoco podrá verificarse cuál fue su programa oficial de actividades ni en concepto de qué anotó las deudas con Special Events SL, buque insignia de la trama de corrupción que ha dado origen al caso Gürtel. Como acreditan documentos de la contabilidad interna de Fundescam difundidos por este diario, Special Events le endosó entre 2003 y 2004 gastos electorales y partidarios del PP por importe superior a 300.000 euros y camuflados como actos de la fundación.
Laberinto de contradicciones
Antes de que, el 19 de mayo, Público lanzara las primeras revelaciones sobre el cúmulo de irregularidades que rodea a Fundescam, el Registro había suministrado a este periódico y sin objeciones copia de las cuentas presentadas desde 2000 a 2002 tras precisar que ni las de 2003 ni las posteriores habían llegado nunca a depositarse en ese organismo. Una vez estalló el escándalo, el PP se aferró a que las cuentas "están claras"; proclamó –indignado y pese a los hechos contrastados por Público– que todos los balances se habían depositado; y remachó que Fundescam se ha atenido siempre a la más estricta legalidad.
A partir de las primeras informaciones sobre el caso Fundescam, el Registro de Fundaciones se adentró en un rocambolesco laberinto de contradicciones. Primero,y por dos veces consecutivas, adujo ante este periódico que no había documentos contables posteriores a 2002.
Sin embargo, y después de que los socialistas hubieran anunciado una batería de acciones jurídicas para esclarecer el caso, la encargada del Registro terminó emitiendo un certificado de "subsanación de errores" que sostenía lo contrario a lo que su propio departamento había mantenido hasta entonces: las cuentas de 2003 y las de los siguientes ejercicios, salvo el de 2008, sí obraban en poder del Registro.
En conversación con este periódico, la funcionaria atribuyó el “error” a sus subordinados: alguien –dijo con aplomo– había guardado las cuentas de 2003 en la carpeta de 2005. ¿Y por qué entonces no se produjo la entrega de los documentos incorporados a la carpeta de 2005 pese a que el periódico había solicitado cualquier balance depositado a partir de 2003? Porque, dándolos por inexistentes, no los buscaron, argumentó. Lo anterior ocurrió el 29 de mayo, tres días después de que Público pidiera un certificado acreditativo de que las cuentas de Fundescam jamás habían cruzado la puerta de entrada del Registro.
"En manos de la superioridad"
Ese mismo día 29, el diario pidió de nuevo los balances y memorias de actividades de Fundescam y la fecha exacta de entrada en el Registro. Fue a partir de esa última reclamación –la cuarta en un mes– cuando la Consejería de Presidencia descubrió el "nuevo criterio" para denegar las cuentas. El lunes 8 de junio, y en dos conversaciones con este diario –la primera telefónica; la segunda, en persona–, el subdirector general de Política Interior, Antonio Piñol, anunció que la entrega de las cuentas se vetaría por escrito en aplicación del artículo 29 del Reglamento de Fundaciones, que en realidad regula el “acceso directo” a los documentos, es decir, la entrada al archivo, reservada a historiadores y científicos. A la pregunta de por qué no se había aplicado ese artículo para negar al periódico las cuentas de 2000, 2001 y 2002, las entregadas antes de que estallara el escándalo, Piñol calló.
Ayer, Público renovó el rito diario de llamar al Registro para averiguar si el certificado denegatorio estaba ya listo. La respuesta fue negativa. Según el Registro, la solicitud de información está en manos "de la superioridad".
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